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La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto por cargos de crímenes de guerra contra el secretario del consejo de seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, y Valery Gerasimov, el comandante principal de la fuerza de invasión de Rusia en Ucrania.
Los jueces de instrucción en La Haya encontraron motivos razonables para creer que Shoigu, exministro de Defensa de Rusia, y Gerasimov “tienen responsabilidad penal individual” por una campaña de ataques con misiles contra plantas eléctricas y subestaciones ucranianas desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, dijo la corte el martes.
Esta es la tercera vez que la CPI emite órdenes de arresto desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en 2022. El presidente Vladimir Putin fue el primero en ser acusado el año pasado por cargos relacionados con el presunto secuestro de niños ucranianos, junto con Maria Lvova-Belova, defensora de los derechos de los niños de Rusia.
Viktor Sokolov, ex comandante de la flota del Mar Negro de Rusia, y Sergei Kobylash, comandante de la aviación de largo alcance de Rusia, fueron acusados en marzo por cargos similares relacionados con la campaña contra la infraestructura energética ucraniana.
El presidente Volodymyr Zelenskyy dio la bienvenida a las órdenes de arresto para Shoigu y Gerasimov, diciendo que los ucranianos esperaban verlos “tras las rejas” por lo que llamó “crímenes atroces contra civiles”.
“Estos ataques bárbaros con misiles y drones siguen matando personas e infligiendo daños en toda Ucrania”, dijo Zelenskyy. “Cada criminal involucrado en la planificación y ejecución de estos ataques debe saber que la justicia se hará presente”.
El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, dijo que las órdenes de arresto marcaron un “paso significativo hacia la plena responsabilidad del agresor”.
El Kremlin, que ha desestimado los cargos anteriores de la CPI, no comentó de inmediato sobre la acusación.
La campaña mortal de bombardeo aéreo de Rusia utilizando misiles de crucero y drones Shahed suministrados por Irán en el invierno de 2022-23 se centró en la red de distribución eléctrica del país. Los ataques sumieron a la capital ucraniana de Kyiv y otras ciudades en la oscuridad durante períodos que duraron muchos días en algunos distritos en medio de temperaturas heladas. Los ataques también dejaron fuera de servicio algunas líneas de calefacción y agua.
Los jueces de la CPI encontraron que “hay motivos razonables para creer que los presuntos ataques fueron dirigidos contra objetos civiles”, lo que constituiría un crimen de guerra.
Los daños fueron extensos pero parte de ellos se repararon relativamente fácilmente, según funcionarios y expertos ucranianos y occidentales que hablaron con el Financial Times.
Pero los últimos bombardeos aéreos de Rusia que comenzaron en marzo se están centrando en plantas de energía térmica e hidroeléctrica, que según esos funcionarios y expertos serían mucho más difíciles y costosos de arreglar, reconstruir o reemplazar.
Zelenskyy dijo a principios de este mes que Rusia había destruido la mitad de la capacidad de generación de electricidad de su país desde el invierno.
“Como resultado de los ataques de misiles y drones rusos, se han destruido 9 gigavatios de capacidad. El pico de consumo de electricidad el invierno pasado fue de 18 gigavatios. Así que la mitad ahora no existe”, dijo.
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El país enfrenta escasez tan severa de energía que se han impuesto cortes de emergencia rotativos y los funcionarios gubernamentales están advirtiendo a los ucranianos que se preparen para un invierno largo y oscuro con tal vez menos de seis horas de electricidad al día.
Putin nombró a Shoigu como secretario del consejo de seguridad en una reorganización inesperada en mayo, bajo la cual Andrei Belousov, un tecnócrata estatista sin experiencia militar, se convirtió en ministro de Defensa.
Varios de los principales aliados de Shoigu han sido arrestados o destituidos del ministerio en los últimos dos meses, lo que indica que el Kremlin estaba descontento con su liderazgo.
Las nuevas responsabilidades de Shoigu incluyen supervisar el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar, una agencia encargada de las transferencias de hardware militar entre Rusia y sus clientes en el comercio de armas.
Putin ha limitado sus viajes internacionales a países que no son parte del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI, desde su acusación.
El año pasado, se saltó una cumbre del grupo de naciones Brics en Johannesburgo “de común acuerdo” para evitar una situación en la que Sudáfrica, miembro de la CPI, habría estado legalmente obligada a arrestarlo.
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