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Por una votación de 6-3, los jueces anularon las decisiones de tribunales inferiores que favorecían a Luisiana, Missouri y otras partes en sus reclamos de que los funcionarios de la administración demócrata presionaron a las plataformas de redes sociales para sofocar de manera inconstitucional los puntos de vista conservadores.
La jueza Amy Coney Barrett escribió para el tribunal que los estados y otras partes no tenían el derecho legal, o la legitimidad, para demandar. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas disintieron.
La decisión no debería afectar a los usuarios típicos de redes sociales o a sus publicaciones.
El caso es uno de varios ante el tribunal en esta temporada que afectan a las empresas de redes sociales en el contexto de la libertad de expresión. En febrero, el tribunal escuchó argumentos sobre leyes aprobadas por republicanos en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar publicaciones debido a las opiniones que expresan. En marzo, el tribunal estableció estándares para cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear a sus seguidores en redes sociales.
Los casos sobre leyes estatales y el que se decidió el miércoles son variaciones sobre el mismo tema, a saber, quejas de que las plataformas están censurando puntos de vista conservadores.
Los estados argumentaron que el personal de comunicaciones de la Casa Blanca, el cirujano general, el FBI y la agencia de ciberseguridad de EE. UU. se encuentran entre aquellos que aplicaron una “presión implacable” para forzar cambios en el contenido en línea en las plataformas de redes sociales.
Los jueces mostraron escepticismo en general sobre esas afirmaciones durante los argumentos en marzo y varios expresaron su preocupación de que las interacciones comunes entre funcionarios gubernamentales y las plataformas podrían verse afectadas por un fallo a favor de los estados.
La administración Biden subrayó esas preocupaciones al señalar que el gobierno perdería su capacidad para comunicarse con las empresas de tecnología sobre publicaciones antisemitas y anti-musulmanas, así como sobre temas de seguridad nacional, salud pública e integridad electoral.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el tribunal llegó a la decisión correcta porque “ayuda a garantizar que la Administración Biden pueda continuar nuestro importante trabajo con las empresas de tecnología para proteger la seguridad y la integridad de los estadounidenses, después de años de ataques extremos e infundados de los republicanos a funcionarios públicos que participaron en un trabajo crítico para mantener seguro a los estadounidenses.
La procuradora general de Luisiana, Liz Murrill, calificó la decisión de “lamentable y decepcionante”. La mayoría del tribunal, dijo Murrill en un comunicado, “le da carta blanca al gobierno federal para amenazar a las plataformas tecnológicas con censurar y suprimir discursos que sin duda están protegidos por la Primera Enmienda. La mayoría desestima el peor esquema de coerción gubernamental en la historia.”
Los jueces no se pronunciaron sobre el fondo de las afirmaciones de los estados o la respuesta de la administración en su decisión del miércoles.
“Comenzamos — y terminamos — con la legitimidad”, escribió Barrett. “En esta etapa, ni los demandantes individuales ni los estatales han establecido legitimidad para buscar una orden judicial contra ningún demandado. Por lo tanto, carecemos de jurisdicción para llegar al fondo de la disputa.”
En disidencia, Alito escribió que los estados demostraron ampliamente su derecho a demandar. “Durante meses, altos funcionarios gubernamentales ejercieron una presión incesante sobre Facebook para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses. Debido a que el tribunal injustificadamente se niega a abordar esta seria amenaza a la Primera Enmienda, disiento respetuosamente”, escribió para los tres jueces en minoría.
Algunos defensores de la libertad de expresión elogiaron el resultado, pero lamentaron la poca orientación que proporcionó el tribunal.
“Las plataformas son blancos atractivos para la presión oficial, por lo que es crucial que la Corte Suprema aclare la línea entre los intentos permisibles de persuadir y los intentos coercitivos de coartar la libertad de expresión”, dijo Alex Abdo, director de litigios del Instituto Knight de la Primera Enmienda. “Esta orientación habría sido especialmente valiosa en los meses previos a las elecciones.”
La Corte Suprema había actuado anteriormente para mantener en suspenso las decisiones de los tribunales inferiores. Alito, Gorsuch y Thomas habrían permitido que las restricciones en los contactos del gobierno con las plataformas entraran en vigor.
Los defensores de la libertad de expresión instaron al tribunal a utilizar el caso para trazar una línea apropiada entre el uso aceptable del púlpito del gobierno y las amenazas coercitivas a la libertad de expresión.
Un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito con sede en Nueva Orleans había dictaminado anteriormente que la administración Biden probablemente había ejercido presión inconstitucional sobre las plataformas mediáticas. El panel de apelaciones dijo que los funcionarios no pueden intentar “coaccionar o alentar significativamente” cambios en el contenido en línea. El panel había reducido previamente una orden más amplia de un juez federal, quien quería incluir incluso a más funcionarios gubernamentales y prohibir cualquier tipo de fomento de cambios en el contenido.
La decisión fue la sexta de esta temporada en la que el tribunal anuló decisiones del 5to Circuito, uno de los tribunales de apelaciones más conservadores del país. La semana pasada, el tribunal respaldó una restricción de armas destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica, anulando un panel del 5to Circuito.
A principios de junio, el tribunal falló por unanimidad que los médicos antiabortistas carecían de legitimidad para impugnar decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de facilitar el acceso al fármaco abortivo mifepristona.
El caso es Murthy v. Missouri, 23-411.
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