El sobreviviente más gravemente herido de la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland ahora posee el nombre del tirador Nikolas Cruz, y Cruz no puede dar entrevistas sin su permiso, según un acuerdo alcanzado en una demanda.
Bajo su reciente acuerdo con Anthony Borges, Cruz también debe entregar cualquier dinero que pueda recibir como beneficiario de la póliza de seguro de vida de un familiar, participar en cualquier estudio científico sobre tiradores masivos y donar su cuerpo a la ciencia después de su muerte.
El acuerdo significa que Cruz, de 25 años, no puede beneficiarse ni cooperar con películas, programas de televisión, libros u otras producciones mediáticas sin el permiso de Borges. Cruz está cumpliendo condenas de cadena perpetua consecutivas en una prisión no revelada por cada uno de los 17 asesinatos y 17 intentos de asesinato que cometió dentro de un edificio de tres pisos el 14 de febrero de 2018.
“Solo queríamos cerrarlo para no tener que volver a escuchar sobre él”, dijo el abogado de Borges, Alex Arreaza, el jueves.
Borges, ahora con 21 años, recibió cinco disparos en la espalda y las piernas y colapsó en el pasillo del tercer piso. El video muestra que Cruz apuntó su rifle a Borges mientras yacía en el suelo, pero a diferencia de la mayoría de las otras víctimas, no le disparó una segunda vez. Arreaza dijo que le preguntó a Cruz por qué no disparó nuevamente a Borges, pero él no recordaba.
Antes del tiroteo, Borges era un prometedor jugador de fútbol, ha sido sometido a más de una docena de cirugías y todavía vive con dolor. Recibió donaciones, un acuerdo de $1.25 millones del distrito escolar del condado de Broward y un acuerdo no revelado del FBI por sus fallos en la prevención del tiroteo. Arreaza dijo que es difícil decir si Borges ha recibido suficiente dinero para cubrir sus futuros gastos médicos.
Varias otras familias también demandaron a Cruz, y se había programado un mini juicio para el próximo mes para evaluar los daños en su contra. Ese juicio ha sido cancelado, dijo Arreaza. David Brill, el abogado que representa a las otras familias, no devolvió una llamada telefónica y dos correos electrónicos solicitando comentarios.
Florida ya tiene leyes que prohíben a los reclusos conservar cualquier ganancia relacionada con sus crímenes, incluidos los escritos o las obras de arte que puedan producir en prisión. Además, la jueza Elizabeth Scherer, al sentenciar a Cruz, ordenó que cualquier dinero depositado en su cuenta de la tienda de la prisión sea confiscado para pagar restitución a las víctimas y sus familias, así como todos los costos judiciales e investigativos. En total, eso serían millones de dólares.
Arreaza dijo que temía que sin el acuerdo, Cruz pudiera encontrar una forma de eludir la ley y la orden de la jueza o asignar cualquier dinero que pudiera recibir a un familiar u otra persona.
Borges, las familias de aquellos a quienes Cruz asesinó y otros sobrevivientes también están demandando al ex subdirector del sheriff del condado de Broward, Scot Peterson, la oficina del alguacil y dos ex guardias de seguridad escolar, alegando que no protegieron a los estudiantes y al personal. No se ha fijado una fecha de juicio. Peterson fue absuelto de cargos criminales el año pasado.