Una serie de nuevas regulaciones federales entraron en vigor el lunes, y funcionarios del Departamento de Educación dicen que las nuevas normas forman parte del “sistema más efectivo jamás creado para supervisar instituciones depredadoras y de baja calidad de educación postsecundaria”.
Varias de esas regulaciones y otros cambios que entraron en vigor el 1 de julio enfrentan desafíos legales, y algunos han sido bloqueados. Si permanecen en su lugar puede depender de cómo los tribunales federales interpreten la decisión de la Corte Suprema del viernes que limita el poder regulatorio de las agencias federales, y del resultado de las elecciones presidenciales en noviembre.
El amplio conjunto de regulaciones aumenta la supervisión de los programas postsecundarios, identifica a las universidades en riesgo de cierre y establece nuevos requisitos para que las universidades accedan a la ayuda financiera federal. El Departamento de Educación también está limitando cuándo una universidad puede retener el expediente académico de un estudiante y requiere que las instituciones proporcionen servicios profesionales adecuados y más información sobre las ofertas de ayuda financiera a los estudiantes, incluidos detalles sobre el costo real de la educación que se está proporcionando. Varios nuevos beneficios para los prestatarios de préstamos estudiantiles inscritos en un nuevo plan de pago basado en los ingresos también entraron en vigor el lunes.
En otros ámbitos del gobierno federal, la regla de la administración Biden que amplía la elegibilidad para horas extras a trabajadores de bajos salarios entró en vigencia esta semana. La regla podría significar un aumento salarial para miles de empleados en los campus universitarios, aunque un juez federal ha bloqueado el cambio para los trabajadores estatales en Texas.
En conjunto, esta ronda de nuevas reglas y regulaciones implica cambios significativos en la responsabilidad institucional, protecciones al consumidor para los estudiantes y el pago de los empleados. A continuación se detalla algunos de los cambios clave y los desafíos legales que podrían obstaculizarlos.
Ampliación de la Elegibilidad para Horas Extras
Los empleados que trabajan en una capacidad ejecutiva, administrativa o profesional y ganan menos de $43,888 ahora son elegibles para el pago de horas extras. Anteriormente, los empleados que ganaban más de $35,568 al año estaban exentos de horas extras. El umbral de horas extras aumentará nuevamente, a $58,656, a partir del 1 de enero de 2025.
Se espera que este primer aumento extienda los beneficios de horas extras a aproximadamente un millón de trabajadores en todos los sectores de la economía, según dijo la Casa Blanca en un comunicado el lunes. Una vez que se implemente el segundo aumento, otros tres millones serán elegibles para horas extras. El umbral salarial aumentará cada tres años a partir de 2027.
En los campus universitarios, cerca de 11,000 empleados en 646 instituciones se verán afectados por el aumento del 1 de julio, según un análisis de la Asociación de Recursos Humanos de Universidades y Colegios (CUPA-HR). El aumento del 1 de enero afectará a muchos más, cerca de 59,000 empleados en 882 instituciones.
Para cumplir con la regla, las universidades pueden reclasificar a los empleados asalariados por hora y pagarles horas extras o pagarles más a los empleados para que estén exentos de horas extras.
Los trabajadores que probablemente verán un aumento salarial o recibirán pago por horas extras son los oficiales de admisiones, consejeros y asesores, profesionales de asuntos estudiantiles y personal administrativo. Los entrenadores, miembros de la facultad y trabajadores no docentes enfocados principalmente en la enseñanza no se ven afectados debido a una exención de enseñanza en la ley laboral federal.
Las universidades han advertido que aumentar el umbral de horas extras podría significar aumentos de matrícula o despidos, junto con otras interrupciones. CUPA-HR, que se opuso al cambio de horas extras, dice que los nuevos umbrales salariales tendrán un impacto especialmente negativo en las líneas de fondo de instituciones con menos recursos. El aumento del 1 de enero, además, causará un “impacto negativo generalizado en las instituciones de educación superior”, dice CUPA.
El estado de Texas, junto con una coalición de grupos liderados por la Cámara de Comercio de Plano, han demandado al Departamento de Trabajo por la regla, argumentando en parte que establecer los nuevos umbrales salariales excedía la autoridad de la agencia. El viernes, un juez federal de distrito suspendió la regla para los empleados estatales en Texas.
Fortalecimiento de la Supervisión de los Programas de Educación Profesional
Las universidades con fines de lucro y los programas no universitarios en cualquier sector ahora tendrán que demostrar que sus graduados ganan lo suficiente como para pagar sus pagos anuales de deuda, y que ganan más que un adulto en su estado que no fue a la universidad.
Quienes no aprueben ninguno de esos exámenes en dos años consecutivos podrían perder el acceso a la ayuda financiera federal bajo la nueva y más estricta regla de empleo lucrativo de la administración Biden, una medida que los defensores dicen que proporciona protecciones críticas para los estudiantes. El departamento planea comenzar a informar datos sobre la deuda y los ingresos de los estudiantes y penalizar los programas que no aprueben en julio de 2026.
Esta es la tercera vez en los últimos 14 años que el gobierno federal ha intentado responsabilizar a ciertos programas con fines de lucro y no universitarios por los resultados de sus estudiantes. La versión de 2011 fue anulada por los tribunales y la de 2014 fue confirmada, aunque la administración Trump la rescindió más tarde.
Todas las universidades tienen hasta el 1 de octubre para informar nueva información a nivel de programa, incluido el costo total de asistencia y la cantidad de préstamos educativos privados desembolsados a los estudiantes, según las regulaciones de un nuevo marco de transparencia del valor financiero que es parte de la regla de empleo lucrativo. Inicialmente, los datos debían presentarse antes del 31 de julio, pero el departamento extendió la fecha límite unos meses debido a retrasos y problemas con la nueva Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes.
Los programas de posgrado y certificado están sujetos a nuevos requisitos en virtud de las disposiciones de transparencia del valor financiero. A partir de 2026, los estudiantes que se inscriban en un programa de posgrado que deje a los graduados con deudas que no pueden pagar tendrán que firmar un aviso de divulgación. Los funcionarios del Departamento de Educación han dicho que alrededor de 400 programas de posgrado que inscriben aproximadamente 120,000 estudiantes estarían sujetos al requisito de divulgación.
La Asociación Americana de Escuelas de Cosmetología demandó al Departamento de Educación por empleo lucrativo en diciembre, argumentando que la regla pondría en peligro la “propia existencia” de sus escuelas. Esa demanda está en curso.
En una demanda separada, la Ogle School, una escuela de belleza con sede en Texas, solicitó una orden judicial preliminar para bloquear toda la regla de entrar en vigor. Un juez de distrito de Texas denegó esa solicitud el mes pasado.
Prohibición de Retener Expedientes Académicos
Otra nueva regla apunta a una práctica controvertida en universidades y colegios: retener el expediente académico de un estudiante cuando deben dinero a la institución. Sin un expediente académico, los estudiantes que se transfieren a otra institución no pueden probar que han obtenido créditos universitarios y deben comenzar de nuevo. Poner fin a la práctica a nivel nacional podría ayudar a unos seis millones de estudiantes a acceder a sus créditos universitarios.
Las regulaciones federales ya no permiten a las universidades que reciben ayuda financiera federal retener expedientes académicos para cursos pagados con dinero federal. Algunos expertos han dicho que eso podría equivaler a una prohibición nacional de la práctica. Eso se debe a que será difícil para las instituciones determinar qué créditos fueron pagados con dinero federal y luego proporcionar expedientes académicos solo para esos cursos.
Una encuesta reciente de la Asociación Americana de Registradores y Oficiales de Admisiones Universitarias encontró que la mayoría de los encuestados planeaban eliminar la retención de expedientes académicos.
La prohibición de retener expedientes académicos es uno de varios nuevos requisitos agregados a los acuerdos de participación en el programa que las universidades deben firmar con el gobierno para acceder a la ayuda financiera federal.
Nuevos Beneficios para Prestatarios
Las últimas piezas del nuevo programa de pago basado en los ingresos de la administración Biden, conocido como Ahorro en una Educación Valiosa (SAVE), ahora están en vigor después de que un tribunal de apelaciones bloqueara una medida de un tribunal inferior el lunes.
SAVE es la culminación de los esfuerzos del presidente Biden para perdonar préstamos estudiantiles y corregir los programas anteriores de alivio de deuda que no funcionaron como se pretendía. Los expertos dicen que SAVE podría transformar la forma en que los estudiantes pagan la universidad y ser más amplio que cualquiera de los otros cambios en las políticas de préstamos estudiantiles.
La ida y vuelta legal había creado incertidumbre para los prestatarios y llevó al Departamento de Educación a pausar efectivamente los pagos de préstamos para tres millones de personas.
La decisión del tribunal de apelaciones restauró varios beneficios para los prestatarios que estaban programados para comenzar el lunes antes de que un juez de distrito los prohibiera la semana pasada. (En una demanda separada, un juez federal en Missouri bloqueó a la administración Biden de perdonar más préstamos a través del nuevo programa de pago. Esa medida cautelar aún está en vigor.)
Los prestatarios de pregrado en el programa ahora verán reducidos a la mitad sus pagos mensuales de préstamos estudiantiles, y el departamento puede inscribir automáticamente a los prestatarios en incumplimiento en SAVE, entre otros cambios. Algunas disposiciones de SAVE han estado en vigor desde el verano pasado.
El plan de pago basado en los ingresos, más generoso que sus predecesores, establece pagos mensuales tan bajos como $0 para personas de bajos ingresos y ofrece condonación después de 10 años de pago para aquellos que pidieron prestado inicialmente $12,000 o menos, entre otros términos. Casi ocho millones de prestatarios se han inscrito en SAVE, aproximadamente la mitad de los cuales ahora no tienen pagos mensuales.