Dos nuevos informes sobre la Ley G.I. Post-9/11 muestran que los veteranos que utilizan sus beneficios para inscribirse en instituciones privadas sin fines de lucro y en universidades públicas insignia tienden a tener tasas más altas de finalización de la universidad y salarios que aquellos que se inscriben en instituciones con fines de lucro.
Publicados el miércoles, los informes, uno es un resumen del efecto del tipo de institución, así como un análisis de los resultados de los veteranos que no utilizaron su Ley G.I. y el otro una examinación más enfocada en las universidades públicas insignia, se basaron en estudios realizados por un equipo de investigadores del Buró del Censo de EE. UU., el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., los Institutos Americanos de Investigación.
“Durante décadas, la Ley G.I. ha sido una de las mayores inversiones federales en educación superior”, dijo Kelly McManus, vicepresidenta de educación superior en Arnold Ventures, que proporcionó financiamiento para la investigación. “Por primera vez, finalmente estamos obteniendo una visión medible de cómo diferentes tipos de instituciones están sirviendo a los veteranos. Estamos ansiosos por ver a los responsables de políticas utilizando estos datos para mejorar el programa existente y abogar por aún más intercambio de datos y transparencia”.
La diferencia en la finalización de grados por tipo de institución fue marcada; solo el 41 por ciento de los veteranos estudiantes en instituciones con fines de lucro completaron un grado dentro de seis años, en comparación con el 58 por ciento y el 61 por ciento en instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, respectivamente.
Los veteranos que se graduaron de instituciones sin fines de lucro también ganaron un promedio de $38,600 al año, casi $6,000 más que sus pares de instituciones con fines de lucro, que ganaron un promedio de $32,800.
Los informes son los últimos de una serie sobre los resultados de la Ley G.I. El informe inaugural, que examinó ampliamente el número y las características de los veteranos que utilizaron los beneficios, fue publicado en febrero.
Los tres estudios se realizaron utilizando el intercambio de datos entre agencias, una práctica que ha recibido un creciente apoyo en los últimos años. Alexandria Walton Radford, directora senior en AIR y coautora de los informes, dijo que demuestran el tipo de información que se puede obtener de la colaboración entre agencias y luego aplicarla prácticamente.
“Esta información no solo ayuda a los responsables de políticas y líderes a comprender mejor el uso y los resultados de los beneficios de la Ley G.I. Post-9/11, sino que también proporciona datos e información útiles sobre políticas y prácticas más amplias de educación superior”, dijo.