BOGOTÁ, Colombia (AP) — El gobierno de Colombia anunció este martes que pondrá fin a un cese al fuego con la facción más grande de las FARC-EMC, un grupo rebelde que se negó a firmar un acuerdo de paz en 2016 pero que había participado en conversaciones de paz con la administración del presidente Gustavo Petro hasta marzo.
En una rueda de prensa, el ministro de Defensa Iván Velásquez dijo que las FARC-EMC se han dividido en dos facciones. Explicó que el cese al fuego con la facción más pequeña del grupo se extenderá por tres meses mientras continúan las conversaciones de paz con el gobierno.
Las FARC-EMC fue fundada por combatientes que se negaron a unirse a un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que llevó al desarme de más de 13,000 rebeldes e su integración a la vida civil.
El ejército de Colombia estima que el grupo disidente tiene más de 4,400 combatientes que operan en el suroeste de Colombia, en el piedemonte amazónico y en la región de Catatumbo a lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela.
Las dos facciones del grupo están lideradas por los comandantes Iván Mordisco y Marcos Calaca. La facción de Mordisco ha estado involucrada en enfrentamientos con el ejército de Colombia desde marzo, cuando el gobierno suspendió un cese al fuego regional después de que combatientes leales a Mordisco atacaran a una comunidad indígena.
El gobierno de Colombia dijo que ahora lanzará ofensivas militares contra los combatientes de Mordisco en otras partes del país también.
La facción liderada por Marcos Calarca continúa con las conversaciones con el gobierno, y se beneficiará de un cese al fuego de tres meses que finaliza el 15 de octubre. El ejército de Colombia dijo que esta facción incluye aproximadamente el 40% de los combatientes de las EMC.
Velásquez dijo que la facción de Calarca debe cesar los ataques contra líderes comunitarios y contra ex combatientes de las FARC para que se mantenga el cese al fuego.
La administración de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ha iniciado conversaciones de paz con la mayoría de los grupos rebeldes restantes del país bajo una política conocida como paz total.
Pero si bien algunos delitos han disminuido, como los asesinatos de líderes de derechos humanos, otros indicadores de seguridad han empeorado a medida que estos grupos luchan por rutas de tráfico de drogas, minas ilegales y territorio.
Según un informe publicado el lunes por la Fundación Paz y Reconciliación, un grupo de expertos que monitorea la violencia en Colombia, los secuestros aumentaron casi un 50% el año pasado, mientras que el número de bloqueos de carreteras ilegales y enfrentamientos armados también aumentó significativamente en el primer semestre de este año.
El grupo dijo que los combatientes de las FARC EMC estaban presentes en 157 municipios de Colombia hace un año, pero ahora operan en 209 de los 1,100 municipios de la nación.