Una gran multitud se congregó cuando la junta del Distrito Escolar Unificado de Murrieta Valley votó en agosto pasado para exigir que los padres sean informados si su hijo muestra alguna indicación en la escuela de ser transgénero.
Crédito: Mallika Seshadri / EdSource
Una ley estatal pionera que prohíbe a los consejos escolares de California aprobar resoluciones que requieran que los maestros y el personal escolar notifiquen a los padres si creen que un niño es transgénero no es probable que ponga fin a este tema polarizante.
La Ley de Apoyo a Futuros Académicos y Educadores para la Juventud de Hoy, o SAFETY Act, fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el lunes. Prohibirá a los distritos escolares exigir al personal que divulgue a los padres información relacionada con la orientación sexual o identidad de género de un estudiante, y protegerá al personal escolar de represalias si se niegan a notificar a los padres sobre la preferencia de género de un niño. La legislación, que entrará en vigor el 1 de enero, también proporciona recursos adicionales y apoyo para los estudiantes LGBTQ+ en escuelas secundarias y preparatorias.
“California es el primer estado en aprobar una ley que prohíbe explícitamente a los distritos escolares promulgar políticas de divulgación forzada en la nación”, dijo Mike Blount, portavoz del autor del proyecto de ley, el asambleísta Chris Ward, demócrata de San Diego.
La legislación se aprobó en respuesta a los más de una docena de consejos escolares de California que propusieron o aprobaron políticas de notificación a los padres en poco más de un año. Las políticas requieren que el personal escolar informe a los padres si un niño pide usar un nombre o pronombre diferente al asignado al nacer, o si participan en actividades y usan instalaciones diseñadas para el sexo opuesto. Al menos siete distritos escolares de California aprobaron las polémicas políticas, a menudo después de un acalorado debate público.
Para el martes por la noche, la organización sin fines de lucro conservadora Liberty Justice Center dijo que había presentado una demanda impugnando la nueva ley en nombre del Distrito Unificado de Chino Valley, que aprobó una política de notificación a los padres el año pasado.
“Los funcionarios escolares no tienen derecho a mantener secretos a los padres, pero los padres sí tienen el derecho constitucional de saber qué están haciendo sus hijos menores en la escuela”, dijo Emily Rae, abogada principal del Liberty Justice Center en un comunicado de prensa. “Los padres son los tutores legales de sus hijos, no el gobernador Newsom, el fiscal general (Rob) Bonta, o el superintendente (Tony) Thurmond. Seguiremos defendiendo los derechos de los padres y el bienestar de los niños desafiando leyes invasivas como la AB 1955 en los tribunales, sin costo para los contribuyentes”.
Otros opositores, incluido el asambleísta Bill Essayli, republicano de Riverside, indicaron que el tema se resolverá en los tribunales. Está “comprometido a desafiar el proyecto de ley en los tribunales, y está seguro de que está del lado correcto constitucionalmente”, dijo Shawn Lewis, jefe de personal de Essayli. Essayli planea trabajar con una coalición de defensores para impugnar el proyecto de ley, dijo Lewis.
Los derechos de los padres son el tema principal para el Partido Republicano, pero actualmente se centra en el tema de la notificación a los padres, dijo Essayli en una entrevista de agosto con EdSource. “Este es un tema en el que queremos postularnos en 2024”, dijo.
La legislación recién aprobada también provocó una avalancha de comunicados de prensa y comentarios en redes sociales de opositores y partidarios. Incluso el CEO de Tesla, Elon Musk, opinó al respecto, llamando a la nueva ley la “gota que colmó el vaso” en su decisión de trasladar la sede de X, anteriormente conocida como Twitter, a Texas.
“Le dejé claro al gobernador Newsom hace aproximadamente un año que leyes de este tipo obligarían a familias y empresas a abandonar California para proteger a sus hijos”, escribió Musk en X.
Los defensores de las políticas de notificación a los padres han dicho que los padres tienen derecho a saber lo que está sucediendo con sus hijos en la escuela y que los menores no tienen derecho a la privacidad. Los opositores dicen que estas políticas podrían poner en peligro a estudiantes ya vulnerables que deberían poder decidir cuándo quieren revelar a sus padres.
El Distrito Unificado de Chino Valley en el condado de San Bernardino, el Unificado de Murrieta Valley y el Unificado de Temecula Valley en el condado de Riverside, el Unificado de Orange en el condado de Orange, el Distrito Escolar Secundario Union de Anderson en el condado de Shasta, y los Unificados de Rocklin y Dry Creek Joint Elementary en el condado de Placer están entre los distritos que han aprobado políticas de notificación a los padres.
Las políticas de notificación a los padres de California tienen su origen en el Proyecto de Ley 1314 de la Asamblea, propuesto por Essayli, que fue rechazado para una audiencia en el Capitolio estatal el año pasado. Después de eso, Essayli, grupos de derechos de los padres y abogados redactaron un modelo de política para los consejos escolares.
El lunes, Essayli emitió un comunicado sobre la nueva ley: “Hoy, el gobernador Gavin Newsom desafió el derecho constitucional y otorgado por Dios a los padres de criar a sus hijos al firmar la AB 1955 que codifica la autoridad del gobierno para mantener secretos a los padres”, dijo. “La AB 1955 pone en peligro a los niños al excluir a los padres de asuntos importantes que afectan la salud y el bienestar de sus hijos en la escuela. La firma de la AB 1955 por parte del gobernador Newsom es tanto inmoral como inconstitucional, y lo impugnaremos en los tribunales para evitar que el gobierno mantenga secretos a los padres”.
Ocho estados han aprobado leyes que requieren que los distritos escolares informen a los padres si sus hijos piden usar nombres o pronombres asociados con otro género, según el Movimiento Advancement Project.
Las políticas de notificación a los padres de la escuela han afectado la salud mental de los estudiantes LGBTQ+ y pueden llevar al acoso escolar, hostigamiento y discriminación, según un comunicado de prensa de la oficina de Ward.
“Los ataques políticamente motivados a los derechos, seguridad y dignidad de los jóvenes transgénero, no binarios y otros jóvenes LGBTQ+ están en aumento en todo el país, incluida California”, dijo Ward, quien presentó la legislación junto con el Caucus LGBTQ+ Legislativo de California.
“Si bien algunos distritos escolares han adoptado políticas para revelar forzadamente a los estudiantes, la Ley SAFETY garantiza que las discusiones sobre la identidad de género sigan siendo un asunto privado dentro de la familia”, dijo. “Como padre, insto a todos los padres a hablar con sus hijos, escucharlos y amarlos incondicionalmente por lo que son”.
La Asociación de Maestros de California y sus miembros han sido grandes opositores de las políticas de notificación a los padres, diciendo que generan una brecha entre educadores y estudiantes, y ponen en peligro a estudiantes ya vulnerables. Los maestros que trabajan en distritos con políticas de notificación a los padres han temido que podrían perder sus empleos si no cumplen con el requisito del distrito o terminar en los tribunales si desobedecen las leyes y políticas federales y estatales.
“Esta legislación histórica fortalecerá las protecciones existentes contra la revelación forzada y permitirá a los educadores seguir creando un entorno de aprendizaje seguro donde todos los estudiantes se sientan aceptados, nutridos y alentados a perseguir sus sueños”, dijo el presidente de la Asociación de Maestros de California, David Goldberg.
“Como educadores, tenemos la responsabilidad de proporcionar una educación de alta calidad a cada estudiante. Ningún educador debería experimentar represalias o ver en peligro su sustento por seguir la ley y proporcionar entornos de aprendizaje seguros y de apoyo para nuestros estudiantes”.
Las políticas generan demandas
El fiscal general Rob Bonta ha dicho que las políticas de notificación a los padres violan la ley estatal de California y los derechos civiles de los estudiantes y su derecho a la privacidad. Emitió advertencias a los distritos y presentó una demanda contra el Unificado de Chino Valley en el condado de San Bernardino el año pasado.
También se presentó una demanda contra el Unificado de Temecula Valley por una coalición de estudiantes, maestros y padres que se oponen a la política de notificación a los padres del distrito, junto con una política que prohíbe la “teoría crítica de la raza”.
Los tribunales de California han tenido opiniones diferentes. En San Diego, el juez federal de distrito Roger Benítez dictaminó el año pasado que el Distrito Escolar de la Unión de Escondido violó los derechos de los padres al seguir la política estatal de California y permitir que los estudiantes decidan si quieren decirles a sus padres que se identifican como transgénero.
En Sacramento ese mismo año, el juez federal de distrito John Mendez desestimó una demanda contra el Unificado de Chico. La demanda afirmaba que las políticas del distrito permitían que el personal escolar “hiciera la transición social” de los estudiantes y prohibía al personal informar a los padres sobre el cambio. Mendez dijo que los estudiantes tienen derecho a contarles a sus padres sobre su género y sexualidad a su manera.
La nueva ley también requerirá que los distritos proporcionen grupos de apoyo o afinidad y espacios seguros para estudiantes LGBTQ+; políticas y procedimientos contra el acoso escolar y el hostigamiento; servicios de asesoramiento; capacitación anti prejuicios u otra capacitación para apoyar a estudiantes LGBTQ+ y sus familias; políticas y procedimientos de prevención del suicidio; y acceso a organizaciones comunitarias para apoyar a estudiantes LGBTQ+ así como a proveedores locales de salud física y mental con experiencia en el tratamiento y apoyo a familias de jóvenes LGBTQ+.
La presidenta del Caucus LGBTQ+ Legislativo de California, Susan Eggman, dijo que la legislación reafirma la posición de California como líder y refugio seguro para los jóvenes LGBTQ+.
“También estoy profundamente agradecida por todos los padres, maestros, jóvenes, líderes LGBTQ+ y tantos otros grupos que se unieron para apoyar este proyecto de ley”, dijo Eggman. “Su apoyo reafirmó lo que este caucus ya sabía: Las escuelas seguras y de apoyo para todos nuestros niños deberían ser nuestra principal prioridad. Y al final del día, eso es lo que hace este proyecto de ley, asegura que nuestros campus de K-12 sigan siendo lugares seguros y afirmativos para nuestros jóvenes, sin importar cómo se identifiquen”.