Lo que comenzó como informes detallando el fracaso de la Universidad Estatal de California para abordar las quejas de Title IX ha llevado a una nueva ley estatal que requiere que el sistema tome medidas. El gobernador Gavin Newsom firmó el lunes los dos primeros proyectos de ley de un paquete legislativo que aborda el acoso sexual y la violencia en los campus universitarios.
De los proyectos de ley que Newsom firmó, el primero, el Proyecto de Ley 1790 de la Asamblea, requiere que Cal State implemente las recomendaciones de un informe de julio de 2023 del Auditor del Estado de California. La auditoría encontró que el sistema no había “abordado adecuada ni consistentemente algunas denuncias de acoso sexual”. Las universidades están obligadas a resolver las denuncias de acoso sexual bajo el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en las escuelas.
El segundo, AB 2608, exige que los campus actualicen su capacitación anual sobre violencia y acoso sexual para incluir una discusión sobre “cómo reconocer si alguien está en riesgo de agresión sexual facilitada por alcohol y drogas” a partir de septiembre de 2026. El proyecto de ley se aplica a Cal State (CSU), los Colegios Comunitarios de California, la Universidad de California (UC) e instituciones de educación superior que reciben fondos estatales. Tanto CSU como UC manifestaron su apoyo junto con la Asociación de Profesores de los Colegios Comunitarios de California.
Hay otros 11 proyectos de ley relacionados con el Título IX en proceso legislativo. El liderazgo de Cal State está apoyando tres y no ha tomado posición sobre el resto, según un portavoz.
“La CSU ya está trabajando para cumplir con todos los requisitos de la auditoría”, escribió la portavoz de Cal State, Amy Bentley-Smith, en un correo electrónico. “AB 1790 agrega un requisito de informar al legislativo sobre nuestro progreso. En términos de una carga de trabajo adicional, este proyecto de ley requerirá que la CSU comparta el informe que ya hemos acordado preparar para el Auditor del Estado con el Comité de Educación”.
El asambleísta Mike Fong, demócrata de Alhambra, fue coautor de ambos proyectos de ley firmados esta semana.
La serie de proyectos de ley relacionados con el Título IX se lanzó tras un informe del Comité de Educación Superior de la Asamblea de California que encontró que estudiantes y profesores en cada uno de los tres segmentos de educación superior pública de California no confían en la forma en que los campus responden a los casos de acoso sexual y discriminación.
Fue la última de una serie de investigaciones sobre cómo el sistema maneja tales conductas indebidas. Una auditoría estatal de 2023 encontró que el sistema de CSU rutinariamente no abordaba las denuncias de agresión sexual, incluidos casos en los que las universidades cerraban los casos de manera inadecuada. Además, un informe de 232 páginas de la firma de abogados Cozen O’Connor encontró que el sistema no respondía adecuadamente a las denuncias porque estaba subdotado y carecía de suficientes recursos. También encontró que CSU no tenía una forma de manejar las conductas indebidas que eran “perturbadoras para el entorno de aprendizaje, vivienda y trabajo” pero que no llegaban al nivel de discriminación o acoso.
Un portavoz de Fong escribió en un correo electrónico a EdSource que cada proyecto de ley fue “modificado en consulta con las partes interesadas para abordar las implicaciones financieras de los proyectos de ley” y que el costo de la mayoría de los proyectos de ley en el paquete debería ser “menor y asumible”.
La asambleísta Laura Friedman, demócrata de Burbank, fue autora de AB 810, otro proyecto de ley en el paquete, que requeriría que los solicitantes de empleo, como parte del proceso de contratación, divulgaran decisiones que determinaran que cometieron acoso sexual.
“Esperamos que el gobernador firme el proyecto de ley. Ha sido muy proactivo cuando se trata de firmar proyectos de ley para abordar el asalto y acoso sexual”, escribió un portavoz de Friedman. “Todavía no hemos hablado con su oficina respecto al 810, pero creemos que este proyecto de ley se alinea con su apoyo anterior en esta área”.
Además de AB 2608, los tres proyectos de ley relacionados con el Título IX que han recibido el apoyo de Cal State son:
AB 2047, que solicita la creación de una Oficina de Derechos Civiles a nivel del sistema para supervisar las oficinas de Título IX en los campus. Según Bentley-Smith, el sistema de Cal State ya ha implementado una oficina de este tipo y ha comprometido “un gran impacto fiscal y de personal” para respaldar la oficina antes de la ley.
AB 2407, que requiere auditorías trienales sobre cómo Cal State y la UC manejan las denuncias de acoso sexual. Bentley-Smith dijo que el sistema no prevé la necesidad de agregar personal o nuevos procesos para implementar el proyecto de ley.
AB 2492, que crearía posiciones confidenciales para ayudar a estudiantes, personal y profesores a navegar por el proceso de denuncia de acoso sexual. Bentley-Smith dijo que algunas de las posiciones ya existen y que será necesario un entrenamiento adicional.
Un comunicado de prensa reciente de CSU dijo que el sistema está reestructurando sus servicios de derechos civiles y buscando “aumentar la dotación de personal a nivel del sistema y de la universidad, establecer estándares y programas de capacitación uniformes y desarrollar sistemas de recopilación y seguimiento de datos más sólidos”.