Un tribunal en los Emiratos Árabes Unidos ha sentenciado a 57 bangladesíes a largas penas de prisión por realizar protestas en el estado del Golfo contra el gobierno de su propio país.
Tres de los acusados no identificados fueron condenados a cadena perpetua por “incitar disturbios en varias calles de los Emiratos Árabes Unidos el viernes”, mientras que otros 53 fueron encarcelados por 10 años y uno por 11 años, informó la agencia de noticias estatal Wam.
Citó a su abogado defensor designado por el tribunal argumentando durante el juicio del domingo que las reuniones no tenían intención criminal y que la evidencia era insuficiente.
Las protestas son efectivamente ilegales en los Emiratos Árabes Unidos, donde los extranjeros constituyen casi el 90% de la población. Los bangladesíes son el tercer grupo de expatriados más grande.
En Bangladesh, más de 150 personas han sido asesinadas y 500 arrestadas durante días de violencia desencadenados por manifestaciones lideradas por estudiantes contra las cuotas de empleo gubernamentales.
Los disturbios son uno de los desafíos más serios que Sheikh Hasina ha enfrentado en 15 años consecutivos como primera ministra del país.
Según Wam, en el juicio de los 57 bangladesíes se escuchó que habían “organizado marchas a gran escala en varias calles de los Emiratos Árabes Unidos en protesta contra decisiones tomadas por el gobierno de Bangladesh”.
“Esto provocó disturbios, interrupción de la seguridad pública, obstrucción de la aplicación de la ley y peligro para la propiedad pública y privada”, dijo. “La policía advirtió a los manifestantes, ordenándoles dispersarse, a lo que no respondieron”.
El tribunal rechazó la defensa de los acusados y ordenó que fueran deportados después de cumplir sus sentencias, según Wam.
No hubo comentarios inmediatos del gobierno de Bangladesh. Pero su consulado en Dubai instó a los ciudadanos a respetar las leyes locales en una publicación en redes sociales el domingo.
A principios de este mes, un tribunal en los Emiratos Árabes Unidos condenó a cadena perpetua a 43 defensores de derechos humanos y disidentes políticos que fueron declarados culpables de “crear una organización terrorista”.
Los grupos de derechos humanos criticaron severamente el juicio masivo, diciendo que la organización había sido un “grupo de defensa independiente”.