Las reformas judiciales del nuevo gobierno de centro-izquierda en Polonia siguen encontrando resistencia obstinada de los conservadores del país que fueron votados fuera del cargo. El presidente Andrzej Duda, el último representante del anterior partido gobernante Ley y Justicia (PiS) con poderes, ha enviado los cambios del nuevo gobierno al Consejo Nacional de la Judicatura al Tribunal Constitucional para su revisión. El movimiento fue anunciado por la jefa de cancillería de Duda, Malgorzata Paprocka, en Varsovia el viernes. Ella había llamado a las nuevas regulaciones “abiertamente inconstitucionales” en julio. La ley no puede entrar en vigor sin la firma de Duda. El Consejo Nacional de la Judicatura en Polonia nominaba jueces para puestos vacantes y protegía la independencia de los tribunales. En 2018, el gobierno de PiS decidió que 15 de los 25 miembros del consejo debían ser designados por el parlamento, anteriormente, los jueces determinaban la mayoría de los miembros. Esto llevó a Polonia a un conflicto con la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también criticó el hecho de que el Consejo Nacional de la Judicatura ya no fuera independiente. La UE ha retirado sus procedimientos contra Polonia porque el nuevo gobierno del primer ministro Donald Tusk ha prometido restablecer la independencia del poder judicial. Sin embargo, el camino para lograrlo es largo y arduo. En el futuro, el poder judicial volverá a ocupar 15 de las 25 posiciones en el Consejo Nacional de la Judicatura por elección libre. Según la reforma, los miembros del consejo que han sido designados desde 2017 ya no serán elegibles para la elección. Duda tiene problemas con este punto, diciendo que no hay motivo para excluir a los jueces de la elección en base a su fecha de nombramiento.
