Un tribunal filipino ha revertido una sentencia en contra del sitio web de noticias independiente Rappler y ha solicitado que se restaure la licencia comercial de la empresa, según informó la compañía el viernes, en una rara victoria para la prensa libre en el sudeste asiático.
El caso fue uno de una docena de denuncias penales y civiles presentadas por el gobierno del ex presidente Rodrigo Duterte contra Rappler y su cofundadora, la premio Nobel de la Paz Maria Ressa, junto con sus miembros del consejo y el personal. Los cargos incluyen evasión fiscal, violación de las normas de propiedad extranjera y difamación cibernética.
Rappler había enfurecido a Duterte con su investigación sobre su brutal guerra contra las drogas. Ressa le dijo a The Times en 2022 que consideraba los casos en su contra y contra Rappler como “acoso e intimidación”.
La última decisión involucró el caso más importante que enfrentaba Rappler, relacionado con la revocación de su licencia de funcionamiento en 2018. Esa revocación había sido ordenada por la Comisión de Valores y Bolsa, que dijo que una inversión de Omidyar Network, propiedad del fundador de eBay Pierre Omidyar, violaba las restricciones sobre la propiedad extranjera de los medios nacionales. (La Constitución prohíbe que entidades extranjeras sean propietarias de organizaciones mediáticas nacionales en Filipinas).
Rappler continuó operando a la espera del resultado final del caso, pero la orden añadió desafíos a los que se enfrentaba.
En 2020, la S.E.C. confirmó su orden anterior. Rappler argumentó entonces que la inversión de Omidyar Network no era lo mismo que ser propietario de acciones, no daba a la empresa el control de sus operaciones y no violaba la ley. Rappler se comprometió a llevar el caso ante la Corte de Apelaciones.
El Tribunal de Apelaciones de Filipinas, en una sentencia fechada el 23 de julio pero hecha pública el viernes, dijo que “los hechos muestran que Rappler Holdings, y por extensión Rappler, están actualmente totalmente propiedad y gestionados por filipinos”.
Según el texto completo de la sentencia, el tribunal agregó que la S.E.C. había “seguido a través de la ley y la jurisprudencia para llegar a su objetivo: la muerte de Rappler”.
“Estas acciones no tienen cabida en un estado democrático”, dijo.
La S.E.C. tomó medidas contra Rappler después de que Duterte señalara a la organización de noticias en su discurso sobre el Estado de la Nación de 2017. Dijo que estaba “totalmente en manos” de estadounidenses, una afirmación que Rappler negó.
Ressa estaba visiblemente emocionada cuando habló con los periodistas el viernes.
“Lo que está claro a través de todo esto es que hay gente buena en nuestro poder judicial, hay gente buena en el gobierno, y hemos confiado en eso, literalmente, hemos tenido que tener fe”, dijo.
Dijo que debido a la decisión de la S.E.C., los bancos se negaron a hacer negocios con Rappler, los clientes se alejaron de publicitar con la empresa, y tuvo que cerrar su oficina en Yakarta, la capital de Indonesia.
Los problemas legales de Ressa se han aliviado considerablemente bajo el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr.
Pero la libertad de prensa sigue siendo mixta. A diferencia de Duterte, Marcos no ataca abiertamente a los medios de comunicación tradicionales. Pero también da pocas entrevistas, y Filipinas sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas.
Ressa y los miembros del consejo de Rappler todavía esperan la resolución de otros dos casos, incluido su apelación de una condena por difamación cibernética en junio de 2020 que podría enviarla a prisión por seis años.
Sobre el estado actual de la libertad de prensa en Filipinas, Ressa dijo: “Era como si estuviéramos en el infierno. Ahora estamos en el purgatorio. Está lejos de ser perfecto”.