ROMA (AP) — El último capítulo de una saga aparentemente interminable sobre la gestión de las lucrativas concesiones de playas de Italia ha puesto en llamas las playas italianas este verano.
Desde hace casi dos décadas, la Comisión Europea ha estado enfrascada en una batalla legal con Italia por sus prácticas de concesión de playas, acusando a la nación peninsular de falta de transparencia y de violar las normas de competencia.
Los gobiernos italianos, tanto de izquierda como de derecha, han resistido firmemente las directivas de la UE que requieren licitaciones competitivas, renovando persistentemente las concesiones de playas existentes sin procedimientos abiertos.
Tras la última extensión aprobada por el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni hasta fin de año, Roma se ha quedado sin opciones y se verá obligada a cumplir con las normas de la UE a partir de principios de 2025.
“Estamos en una fase de total incertidumbre y queremos que se preserven nuestros derechos,” dijo Susanna Barbadoro, quien representa la tercera generación de propietarios de una concesión de playa en Ostia, un popular destino costero cerca de Roma.
Las concesiones de playa han pasado de una generación de una familia a la siguiente durante décadas, creando lo que los críticos consideran una especie de monopolio y un símbolo de la resistencia de Italia a las reformas económicas.
Los costos para los bañistas varían a lo largo de las costas italianas: pueden ir desde 25 euros para alquilar dos tumbonas y una sombrilla por el día en los establecimientos más básicos, hasta varios cientos de euros en resorts de lujo como Capri o el Salento de Puglia.
Los operadores de playa se quejan de haber hecho grandes inversiones para hacer sus establecimientos cómodos para sus clientes habituales y ahora piden compensación.
Barbadoro fue una de cientos de operadores de playa que el 9 de agosto se declararon en huelga, cerrando simbólicamente sus sombrillas durante dos horas en la mañana temprano para hacer oír su voz ante el gobierno.
“Pedimos que los operadores que han estado en este negocio durante años mantengan un derecho de prelación (en las licitaciones) o reciban algún tipo de compensación si no obtienen la concesión,” dijo.
Sin embargo, los economistas dicen que los propietarios de concesiones de playa han explotado durante mucho tiempo su posición privilegiada, devolviendo al estado italiano solo una pequeña parte de sus ganancias a lo largo de los años.
Según el Tribunal de Cuentas italiano, de 2016 a 2020 la administración pública italiana recibió alrededor de 97 millones de euros cada año de las 12,166 concesiones de playa del país. Esto significa que, con un ingreso promedio estimado en 260,000 euros, esos negocios han estado pagando solo alrededor de 7,600 euros al año por sus concesiones.
“La competencia sería beneficiosa para todos, especialmente en esta área donde no estamos hablando de propiedades privadas, sino de dominio público que estos negocios están obteniendo casi de forma gratuita,” dijo el economista Pietro Paganini.
Paganini también dijo que los gobiernos italianos de todas las orientaciones políticas han protegido durante años a los propietarios de concesiones de playa, ya que representan un valioso grupo de votos.
El año pasado, el gobierno de Meloni presentó un informe de mapeo a Bruselas en un intento final de justificar su incumplimiento con la llamada directiva Bolkestein, aprobada en 2006 para garantizar más competencia en varios sectores.
Según los datos proporcionados, solo el 33% de la línea costera italiana está bajo concesión, lo que sugiere que no hay una “escasez de recursos de playa” y, por lo tanto, no hay necesidad de las licitaciones competitivas requeridas por las normas de la UE.
Sin embargo, los representantes de la UE han señalado que el mapeo tiene en cuenta 11,000 kilómetros (6,835 millas) de costa, incluyendo costas rocosas y áreas no aptas para el baño que nunca serían elegibles para la concesión.
Los miembros de “Mare Libero” —una asociación que desde 2019 ha organizado protestas para reclamar espacio libre en las playas italianas— esperan que la introducción de nuevas normas en el proceso de licitación también ayude a garantizar a los bañistas suficiente acceso gratuito.
“Queremos que el estado italiano restablezca una cantidad justa de playas libres, que debe ser al menos del 50%, mientras que el 50% restante está bajo concesión,” dijo Roberto del Bove, coordinador de Mare Libero para la región central de Lazio.