Juez mexicano ordena al Congreso no discutir polémica reforma judicial.

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – Un juez mexicano ordenó a la Cámara de Diputados no discutir la polémica reforma judicial programada para ser tratada por los legisladores la primera semana de septiembre, según un documento legal revisado por Reuters el sábado.

La reforma judicial, impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha generado tensiones con Estados Unidos y ha asustado a los inversores extranjeros.

La orden de bloquear temporalmente a los legisladores de debatir y votar sobre la reforma fue emitida por la Jueza de Distrito Martha Eugenia Magaña López en el estado mexicano de Morelos, en respuesta a preocupaciones sobre los derechos laborales de los trabajadores judiciales.

La reforma implicaría que alrededor de 7,000 jueces, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, reduciría los requisitos de experiencia y edad y disminuiría el tamaño del tribunal superior de la nación.

Los partidarios dicen que mejorará la democracia y ayudará a corregir un sistema que ya no sirve al público, pero los críticos dicen que cortará las carreras de los jueces, sesgará el poder hacia el poder ejecutivo y abrirá la judicatura a la influencia criminal.

La orden del juez emitida el sábado prohibiría a los legisladores en la Cámara de Diputados discutir la reforma hasta el 4 de septiembre, cuando el juez decidirá si emitir una suspensión permanente.

Sin embargo, el Congreso ha ignorado órdenes similares de jueces en el pasado, lo que genera dudas sobre si los legisladores acatarán la orden del juez o tomarán la reforma de todos modos.

El partido gobernante Morena y sus aliados tienen una súper mayoría de dos tercios en la cámara baja y les falta un escaño en el Senado.

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Por otro lado, un juez de distrito en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, también falló el sábado a favor de los jueces que habían impugnado la reforma judicial. Su orden detendría que la reforma sea enviada a las legislaturas estatales para su aprobación, si fuera aprobada por el Congreso.

El sábado por la tarde, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que los legisladores no acatarían los fallos, calificándolos de “interferencia indebida y grosera”.

“Solo respondemos a nuestros electores, la gente, que fueron quienes nos eligieron en las urnas,” agregó.

López Obrador argumenta que el sistema de justicia actual “responde a los intereses del crimen organizado,” y que es necesaria una reforma para erradicar esa corrupción.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, ha apoyado la reforma, diciendo que ayudará a combatir los altos niveles de impunidad por delitos violentos en el país.

Los sindicatos que representan a los trabajadores judiciales dicen que los cambios propuestos pisotearían los derechos laborales y que la elección popular de jueces corre el riesgo de permitir que intereses especiales -incluidos grupos criminales- se apoderen del poder judicial.

La propuesta también ha generado preocupación entre los inversores, quienes afirman que debilitaría uno de los controles sobre el poder ejecutivo y dañaría el clima de negocios en la segunda economía más grande de América Latina.

La propuesta también ha generado tensiones entre México y Estados Unidos y Canadá.

López Obrador dijo a principios de semana que había pausado las relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos en el país debido a sus críticas a la reforma, que según él, faltaron el respeto a la soberanía de México. Hizo hincapié en que la pausa era solo con las embajadas, y no con los países en sí.

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