La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución redactada por Palestina, no vinculante, exigiendo que Israel ponga fin a “su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado” en un plazo de 12 meses.
Hubo 124 votos a favor y 14 en contra, incluido Israel, junto con 43 abstenciones. Como estado observador no miembro, Palestina no pudo votar.
La resolución se basa en una opinión consultiva de julio del tribunal más alto de la ONU que dijo que Israel estaba ocupando Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en contra del derecho internacional.
El embajador palestino calificó la votación como un punto de inflexión “en nuestra lucha por la libertad y la justicia”. Pero su homólogo israelí la denunció como “terrorismo diplomático”.
Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, tienen peso simbólico y político dado que reflejan las posiciones de los 193 estados miembros de la ONU.
Esto ocurre después de casi un año de guerra en Gaza, que comenzó cuando combatientes de Hamás atacaron a Israel el 7 de octubre, matando a unas 1,200 personas y tomando a 251 como rehenes.
Más de 41,110 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamás en el territorio.
También ha habido un aumento de la violencia en Cisjordania durante el mismo período, en el que la ONU dice que han muerto más de 680 palestinos y 22 israelíes.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) – que tampoco era legalmente vinculante – dijo que un panel de 15 jueces encontró que “la presencia continua de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal” y que el país “tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal… lo más rápidamente posible”.
La corte también dijo que Israel debería “evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado” y “reparar el daño causado a todas las personas naturales o jurídicas afectadas”.
Israel ha construido alrededor de 160 asentamientos que albergan a unos 700,000 judíos en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967. La corte dijo que los asentamientos “han sido establecidos y se mantienen en violación del derecho internacional”, lo cual Israel ha disputado consistentemente.
El primer ministro de Israel dijo en ese momento que la corte había tomado una “decisión de mentiras” e insistió en que “el pueblo judío no son ocupantes en su propia tierra”.
La resolución de la Asamblea General del miércoles acogió con satisfacción la declaración de la CIJ.
Exige que Israel “ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado… y lo haga a más tardar en 12 meses” y “cumpla sin demora con todas sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional”.
El ministerio de exteriores de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania describió su aprobación como un “momento crucial e histórico para la causa palestina y el derecho internacional”.
Enfatizó que el apoyo de casi dos tercios de los estados miembros de la ONU reflejaba “un consenso global de que la ocupación debe terminar y sus crímenes deben cesar”, y que “reafirmó el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación”.
El ministerio de exteriores de Israel calificó la resolución de “una decisión distorsionada que está desconectada de la realidad, alienta el terrorismo y perjudica las posibilidades de paz”, añadiendo: “Así es como se ve la política internacional cínica”.
Dijo que la resolución “fortalece y refuerza la organización terrorista Hamás” y “envía un mensaje de que el terrorismo da resultado y produce resoluciones internacionales”. También acusó a la Autoridad Palestina de “realizar una campaña cuyo objetivo no es resolver el conflicto sino perjudicar a Israel” y prometió responder.
Estados Unidos, que votó en contra de la resolución, advirtió previamente que el texto era “unilateral” e “interpreta selectivamente el contenido de la opinión de la CIJ”.
“Esta resolución de hoy no ofrece ningún camino a seguir ni esperanza. Su adopción no salvará vidas palestinas, traerá a casa a los rehenes, pondrá fin a los asentamientos israelíes o reactivará el proceso de paz”, dijo la embajadora Linda Thomas-Greenfield.
La embajadora del Reino Unido, Barbara Woodward, explicó que se abstuvo “no porque no apoyemos las conclusiones centrales de la opinión consultiva de la CIJ, sino porque la resolución no proporciona la claridad suficiente para avanzar eficazmente en nuestro objetivo compartido de una paz basada en una solución negociada de dos estados”.