La Asociación de Juntas Escolares de California está demandando a la administración de Newsom, alegando que un acuerdo de presupuesto estatal que otorga a las escuelas casi todo el dinero que buscaban también violó un método aprobado por los votantes para establecer la financiación anual de las escuelas y los colegios comunitarios.
En una demanda presentada esta semana, la asociación de juntas escolares pidió a la Corte Superior del Condado de Sacramento que declare que el presupuesto de educación violó la letra y el espíritu de la Proposición 98, la fórmula de cuatro décadas de antigüedad que determina cuánto del fondo general debe asignarse a las escuelas y colegios comunitarios. La demanda no afectaría el presupuesto de este año, que entró en vigencia el 1 de julio.
La CSBA reconoce que la administración de Newsom utilizó estrategias novedosas para evitar recortes de financiación en las escuelas y colegios comunitarios. Pero esas tácticas, mantuvieron, socavaron la garantía de financiación protegida constitucionalmente; bajo circunstancias similares, aunque probablemente raras, en el futuro, según la CSBA, los distritos estarían “vulnerables” a más “manipulaciones”.
“La defensa de la Proposición 98 aprobada por los votantes por parte de la CSBA es innegociable, al igual que la obligación del estado de seguir la Constitución que lo rige”, dijo Albert Gonzalez, presidente de la Asociación de Juntas Escolares de California y miembro de la junta escolar unificada de Santa Clara, en un comunicado.
Hablando en nombre del gobernador, el Departamento de Finanzas de California refutó las afirmaciones de la CSBA en una serie de intercambios con líderes legislativos en julio. Joe Stephenshaw, director del Departamento de Finanzas, afirmó que todas sus acciones eran legales y constitucionales.
La demanda se refiere a las acciones que Newsom y la Legislatura tomaron en el presupuesto de 2022-23, lo que presentó un desafío inusual. Debido a los impactos devastadores de las tormentas de invierno e inundaciones, el gobierno federal y el estado pospusieron la fecha límite de recaudación de impuestos de abril a octubre. Sin tener los recibos de impuestos en mano, Newsom y la Legislatura hicieron una estimación de cuántos ingresos de la Proposición 98 serían para 2022-23. Resultó que los ingresos eran $8.8 mil millones menos de lo que habían asignado. Newsom revisó el nivel de financiación de la Proposición 98 a la baja de $106.3 mil millones a $97.5 mil millones para reflejar el cambio.
En lugar de recortar la financiación de la Proposición 98 a mitad de año, cuando los distritos escolares y los colegios comunitarios ya habían presupuestado ingresos más altos, Newsom dejó sola lo que consideraba una sobreasignación. Para que los números cuadren sin perjudicar a las escuelas, realizó una serie de ajustes no convencionales en el presupuesto de este año que incluyeron diferir $2.6 mil millones en financiación de 2022-23 y crear una deuda de $5.5 mil millones que se pagará con el fondo general, sin efecto en la Proposición 98, durante cinco años.
Los presupuestos estatales anuales siempre requieren ajustes complejos de ingresos a varios años porque los gobernadores y legisladores proyectan ingresos para el próximo año basándose en los ingresos del año actual, y las estimaciones para el año siguiente se realizan 12 a 18 meses antes de que se conozcan los ingresos reales.
El argumento de la CSBA es que reducir el nivel de la Proposición 98 de 2022-23 a $97.5 mil millones no es solo un ajuste contable sino una violación constitucional. Los votantes aprobaron la proposición en 1988 para garantizar una financiación mínima anual para la educación. En la mayoría de los años, la asignación de la Proposición 98 se convierte en el monto base para el año siguiente, que luego se ajusta por la matrícula, la inflación o los aumentos en los recibos de ganancias de capital. Reducir el nivel de la Proposición 98 de 2022-23 aprobado por la Legislatura fue ilegal y potencialmente peligroso, sostiene la organización.
La asociación de juntas escolares puede encontrarse con que otros grupos educativos no estén de acuerdo con su postura en principio. La Asociación de Maestros de California negoció los detalles finales del presupuesto con el Departamento de Finanzas de California, y los defensores y lobistas de la educación elogiaron efusivamente el enfoque de Newsom.
“Este es un buen acuerdo para las escuelas públicas. En términos simples, este acuerdo protegerá las inversiones básicas de TK-12 del estado, como la Fórmula de Financiamiento de Control Local y los nuevos programas integrales para el niño completo”, dijo Derick Lennox, director senior de relaciones gubernamentales y asuntos legales de la Asociación de Superintendentes del Condado de California, a finales de mayo, después de que se anunciara el acuerdo.
La demanda de la CSBA es estrecha y se aplicaría solo en años futuros cuando se recauden impuestos tarde. La suposición del grupo es que un futuro gobernador no sería tan complaciente como Newsom y reduciría la base para recortar drásticamente la financiación.
La Proposición 98 se redactó con esa protección en mente y no debería ser manipulada, argumenta. El Departamento de Finanzas contraargumenta que los cambios estatutarios en la proposición permiten ajustes posteriores basados en ingresos revisados.