En 1994, fui el secretario de prensa del Departamento de Educación de los Estados Unidos cuando los republicanos tomaron el control del Congreso y amenazaron con cerrarnos. En ese entonces, mi jefe, el Secretario Dick Riley, bromeaba en casi cada discurso que daba que cada mañana su esposa abriría el periódico y diría: “¡Oye! ¡Parece que están tratando de despedirte de nuevo!” Hablaba regularmente al respecto porque rápidamente nos dimos cuenta de que las personas creían profundamente en la misión del Departamento de Educación y que las amenazas en nuestra contra eran malas políticas.
Esto me vino a la mente cuando vi el plan de educación de Donald Trump de 10 puntos. Me sorprendió su naturaleza contradictoria de querer desmantelar la participación federal en las escuelas, al mismo tiempo que intentaba dictar el plan de estudios e imponer políticas ideológicas. El departamento se estableció en 1979 para garantizar que los recursos se destinaran a los niños más pobres de nuestra nación.
Ahora, tres décadas después de mi tiempo en el departamento, la misma batalla está resurgiendo con un nuevo giro. En el fondo, lo que realmente está proponiendo Trump es un vaciamiento de la misión fundacional del departamento, no una verdadera descentralización del poder a los estados, sino una reimaginación de la supervisión federal como una herramienta de control ideológico en lugar de una protección para los más vulnerables de nuestra nación.
Pero aquí está la paradoja: Sin un Departamento de Educación y recursos federales, hay menos palanca para hacer cumplir su agenda ideológica. Como resultado, podemos estar en un dilema extraño de tener que elegir entre estas dos visiones opuestas. Ante la elección entre un Departamento de Educación que ya no defiende la equidad y ningún departamento en absoluto, tal vez sea hora de considerar lo último.
El plan, según entiendo, es trasladar la financiación de la educación superior (becas Pell y préstamos estudiantiles) y la investigación educativa a otras agencias, mientras se proporcionan fondos federales para la equidad en la educación K-12 como subvenciones globales para que los estados los gasten como deseen.
En California, la Fórmula de Financiamiento del Control Local (LCFF) garantiza que las escuelas que atienden a los estudiantes con mayores necesidades, como los estudiantes de bajos ingresos, los aprendices de inglés y los jóvenes en hogares de crianza, reciban recursos adicionales. Con LCFF, hemos construido un sistema que funciona y que responde a este momento (aunque también puede que necesitemos codificar nuestro claro compromiso con la educación especial). Como alguien que ha pasado décadas en política educativa, no digo esto a la ligera, de hecho, me parte el corazón. Pero este momento requiere un pensamiento diferente. El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha sido una fuerza para el bien en innumerables vidas. Pero no debería permanecer si está dictado por agendas ideológicas. La educación de calidad para todos los niños debe seguir siendo nuestra estrella polar en California, porque cuando centramos a nuestros estudiantes más vulnerables, todos tenemos éxito.
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Rick Miller es el CEO de CORE Districts, una colaboración de nueve distritos urbanos grandes de California. Anteriormente se desempeñó como secretario de prensa del Departamento de Educación de los Estados Unidos y como superintendente estatal adjunto en el Departamento de Educación de California.
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