La forma en que California financia las escuelas, la Fórmula de Financiamiento del Control Local, no fue diseñada para ser perfecta. Eso se debe a que la mayoría de la legislación requiere una serie de compromisos necesarios para minimizar la oposición, maximizar el apoyo y ganar los votos necesarios para su aprobación.
En el caso de la LCFF, uno de esos compromisos, la creación del Plan de Responsabilidad de Control Local, o LCAP, podría eventualmente condenar la reforma.
Para entender por qué, es importante volver a revisar la razón inicial de la LCFF: reemplazar un modelo de financiamiento complejo e inequitativo con un modelo más simple que otorga subvenciones basadas en las necesidades de los estudiantes y la concentración de la pobreza.
El antiguo modelo de financiamiento era gestionado desde Sacramento e incluía subvenciones populares para las artes y la música, estudiantes de inglés, educación técnica y profesional, y más. Distritos grandes y/o políticamente conectados, organizaciones sin fines de lucro y grupos estatales presionarían a legisladores simpáticos por sus propias subvenciones. Con el tiempo, este modelo se volvió cada vez más complejo, limitando la discreción local sobre el gasto y sofocando la innovación. A pesar de estos problemas, tuvo una notable resistencia política. Los legisladores tenían incentivos para proteger las subvenciones existentes y recibir crédito político por crear nuevas. Muy pocos interesados estaban interesados en cambiar esta dinámica y arriesgarse a perder sus programas y subvenciones favoritos.
Por lo tanto, no fue suficiente para la administración Brown argumentar que la LCFF era mejor porque era más simple, más equitativa y daba a los distritos más control sobre su dinero. Tenían que demostrar que financiaría muchos de los mismos programas que el modelo existente.
La mayoría de los grupos de defensa de la educación creían que esto podría lograrse al requerir que los distritos utilicen las subvenciones generadas por los estudiantes con necesidades especiales para financiar servicios que aborden sus necesidades. Pero los grupos de educación que representan a labor y gestión querían una flexibilidad financiera completa. Para evitar este requisito, el establecimiento educativo colaboró con algunos grupos de defensa legal para crear el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP), argumentando que documentaría con precisión cómo estaban gastando el dinero en programas y servicios.
La última década ha proporcionado fuertes pruebas de que esta decisión se basó en supuestos erróneos, comenzando por la presunción de que los distritos escolares son los mejores receptores de fondos para estudiantes con necesidades especiales. Si bien las burocracias de los distritos ciertamente están más cerca de los estudiantes que los formuladores de políticas de Sacramento, no están tan cerca como los directores y maestros. A diferencia de las escuelas, los líderes de los distritos enfrentan poderosos grupos de interés que los presionan para el gasto, como salarios más altos y programas a nivel de distrito. Por eso la mayoría de las subvenciones específicas como la financiación federal del Título I se envían a los distritos pero luego se distribuyen rápidamente a las escuelas con alta pobreza. Sin requisitos similares, es probable que miles de millones de dólares de la LCFF que podrían haber financiado servicios basados en las escuelas se hayan gastado en costos a nivel de distrito como salarios, beneficios, obligaciones de pensiones y más.
En segundo lugar, los formuladores de políticas asumieron que los distritos documentarían con precisión el gasto en servicios en el LCAP. Pero los LCAP nunca estuvieron formalmente conectados a los presupuestos de los distritos escolares, que incluyen costos continuos como salarios y beneficios. De hecho, los procesos para desarrollar los LCAP y los presupuestos se realizan por separado en líneas de tiempo diferentes. Casi cada análisis de los LCAP ha encontrado que su información financiera y programática no se puede verificar y los documentos mismos son en gran medida incomprensibles.
En tercer lugar, creían que los distritos se centrarían en mejorar los resultados estudiantiles sin metas y métricas claras a nivel estatal para guiar su toma de decisiones. En lugar de metas importantes y grandes, como el logro de matemáticas a nivel de grado, los formuladores de políticas crearon un revoltijo de áreas prioritarias estatales (muchas de las cuales no se pueden medir) y les dijeron a los distritos que las incluyeran en sus LCAP. Predeciblemente, la mayoría de los distritos hicieron un flaco favor a estas prioridades en sus LCAP y luego escribieron planes estratégicos separados. En este punto, es probable que la mayoría de los líderes de los distritos no recuerden cuáles son las prioridades estatales. Si todo es una prioridad, nada lo es.
Finalmente, y lo más importante, asumieron que todo esto mejoraría los resultados para los estudiantes más vulnerables. Aquí, la evidencia es limitada, especialmente dada la magnitud de los aumentos de financiamiento. Dado el bajo rendimiento académico persistente de la mayoría de los distritos de alta pobreza y las brechas significativas de logros del estado, los funcionarios electos de hoy pueden preguntarse legítimamente si nuestro estado ha visto un retorno proporcional a estas masivas inversiones en educación.
No es de extrañar que en los últimos años, elementos del régimen anterior de financiamiento escolar hayan regresado con fuerza. Los funcionarios electos que no crearon la LCFF y desconfían del “control local” han creado un conjunto completamente nuevo de subvenciones específicas como la subvención de escuelas comunitarias del gobernador. Los distritos ahora están sujetos a requisitos legales mucho más onerosos para sus LCAP, que pretenden demostrar que están utilizando su financiamiento para los estudiantes con necesidades especiales.
Los líderes de los distritos se han quejado amargamente de estos cambios. En cierto nivel, tienen razón en que los defensores y los formuladores de políticas centrados en el LCAP están simplemente reforzando una estrategia fallida. Pero no han ofrecido ninguna alternativa, aparte de “déjenos en paz.”
El peligro para ellos es triple. Niveles crecientes de escrutinio y regulación; subvenciones cada vez más específicas que limitan su discreción; y, a medida que pasan los años, la creencia de que el control local ha fallado a los estudiantes con necesidades especiales, lo que requiere una supervisión más agresiva del estado y del condado. Dentro de unos años, podrían terminar con los peores aspectos del antiguo modelo de financiamiento y del nuevo.
Hay otra forma.
Una década después, tenemos mucha evidencia sobre cómo mejorar la fórmula. Quizás una parte sustancial de la financiación de la LCFF, como las subvenciones de concentración (para escuelas con más del 55% de estudiantes con necesidades), debería fluir directamente a las escuelas según su nivel de pobreza, como lo hacen los fondos del Título I. Los líderes estatales podrían establecer unas pocas prioridades académicas y socioemocionales medibles que los distritos abordarían en planes estratégicos en lugar de LCAP. En lugar de una mezcolanza de subvenciones que limitan la discreción local o nuevos requisitos de cumplimiento de LCAP, los legisladores podrían crear incentivos, como financiamiento adicional ponderado para los distritos dispuestos a crear nuevos programas como escuelas de inmersión lingüística. Incluso podrían establecer recompensas financieras para los distritos basadas en los resultados de los estudiantes.
Hay muchas posibilidades, pero para que la Fórmula de Financiamiento del Control Local sobreviva a largo plazo, siempre debe poder responder a una pregunta muy básica: ¿Qué está haciendo para mejorar la educación de los estudiantes con mayores necesidades de California?
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Arun Ramanathan es el ex CEO de Pivot Learning y Education Trust—West.
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