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El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol se disculpó el sábado por su intento de imponer la ley marcial esta semana, pero no renunció, desafiando la intensa presión para dimitir incluso de algunos en su partido gobernante y solo horas antes de una votación de destitución planeada.
Yoon dijo que no buscará evitar la responsabilidad legal y política por su decisión de declarar la ley marcial por primera vez en Corea del Sur desde 1980. Dijo que la decisión nació de la desesperación.
El discurso fue la primera aparición pública del líder acosado desde que rescindió la orden de ley marcial temprano el miércoles, solo seis horas después de ser declarada y después de que el parlamento desafiara los cordones militares y policiales para votar en contra del decreto.
“Lamento mucho y quiero disculparme sinceramente con las personas que se sorprendieron”, dijo Yoon en una alocución televisada a la nación, durante la cual se inclinó.
“Dejo a mi partido tomar medidas para estabilizar la situación política en el futuro, incluido el tema de mi mandato en el cargo”, dijo.
Han Dong-hoon, líder del Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon, dijo después del discurso que el presidente ya no estaba en posición de llevar a cabo sus deberes públicos y que su renuncia era ahora inevitable.
El viernes, Han dijo que Yoon era un peligro para el país y que necesitaba ser destituido del poder, aumentando la presión sobre Yoon para renunciar a pesar de que los miembros del PPP luego reafirmaron su oposición formal a su destitución.
Se informó que Han tenía programado reunirse con el primer ministro Han Duck-soo el sábado, según la agencia de noticias local Yonhap. Según la constitución, si Yoon renuncia o es destituido, entonces el primer ministro, que fue nombrado por Yoon, se convierte en el presidente interino de Corea del Sur.
Los legisladores votarán sobre la moción del principal partido de la oposición, el Partido Democrático, para destituir a Yoon más tarde el sábado.
Yoon sorprendió a la nación tarde el martes cuando otorgó a los militares amplios poderes de emergencia para erradicar lo que llamó “fuerzas antiestatales” y superar a los oponentes políticos obstruccionistas.
Algunos miembros del PPP instaron a Yoon a renunciar antes de la votación, diciendo que no querían una repetición de la destitución en 2016 de la entonces presidenta Park Geun-hye, quien dejó el cargo después de meses de protestas con velas por un escándalo de tráfico de influencias. Su caída provocó la implosión del partido y una victoria de los liberales en las elecciones presidenciales y generales.
En escenas que recuerdan esas protestas, miles de manifestantes con velas se reunieron frente al parlamento el viernes por la noche exigiendo la destitución de Yoon. Se esperan más manifestaciones el sábado antes de la votación.
Los fiscales, la policía y la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios han iniciado investigaciones contra Yoon y altos funcionarios involucrados en el decreto de ley marcial, buscando presentar cargos de insurrección y abuso de poder, entre otros.
Los funcionarios enfrentan posibles cargos de insurrección, abuso de autoridad y obstrucción a otras personas para ejercer sus derechos. Si son declarados culpables, el delito de liderar una insurrección es punible con la muerte o cadena perpetua, con o sin trabajos forzados en prisión.
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