La Universidad Estatal de Chico siguió los procedimientos adecuados en cómo manejó la investigación sobre conducta sexual del profesor suspendido David Stachura y su prolongada secuela, incluyendo no informar a profesores y estudiantes que Stachura presuntamente amenazó con violencia armada en el campus, encontró una investigación independiente.
El informe de 20 páginas realizado por la abogada de San Diego Nancy Aeling fue publicado el lunes por la tarde por la universidad, casi un año después de que EdSource informara por primera vez sobre hallazgos que indicaban que Stachura mantenía una relación sexual inapropiada con una estudiante y supuestamente amenazó con disparar a dos colegas que cooperaron en una investigación sobre el asunto, y luego fue nombrado el Profesor Sobresaliente del año escolar 2020-21.
“La universidad actuó de manera consistente con la política al no notificar a la comunidad de Chico State sobre las presuntas amenazas de violencia de Stachura”, escribió Aeling. Stachura, según el testimonio judicial de su esposa separada, le había mencionado su intención de matar a dos profesores que cooperaron en la investigación de 2021 que encontró que mantenía una relación inapropiada, que incluía sexo en su oficina, con una estudiante. Por separado, una profesora de biología reveló, y luego testificó, que Stachura le habló sobre cometer un tiroteo en el departamento de biología.
Aeling no respondió a un mensaje telefónico dejado en su oficina el lunes.
El informe tampoco fue crítico con el Equipo de Consulta sobre Violencia en el Campus de la universidad, que recomendó que se permitiera a Stachura regresar al campus después de investigar las presuntas amenazas contra sus colegas y “no encontró que representara una amenaza de violencia”.
Un miembro de ese equipo, el Jefe de la Policía de Chico State, Christopher Nicodemus, testificó en un procedimiento judicial a principios de este año que no estaba de acuerdo con los hallazgos del equipo.
“Había preocupaciones” sobre Stachura, dijo Nicodemus en el estrado en un procedimiento legal que resultó en que un juez emitiera una orden de restricción de violencia en el lugar de trabajo de tres años contra Stachura que le prohíbe acercarse al campus o a las personas a las que amenazó.
Nicodemus dijo en el estrado que creía que “es más seguro pecar por exceso de precaución” al hacer una evaluación de amenazas. Agregó que habría sido mejor despedir a Stachura por error que vivir con las consecuencias de un evento violento.
Aeling escribió en el informe que no consideró “la idoneidad de las acciones o comunicaciones de Stachura con sus colegas ni las respuestas de sus colegas a Stachura y su presencia continua en el campus, o la eficacia general de los procedimientos o políticas vigentes para abordar la situación presentada por las acciones o comunicaciones de (él)”. Más bien, el informe se limitó a “si las respuestas fueron razonables dada la información disponible en ese momento y fueron consistentes con las políticas y procedimientos que las rigen”. El informe no hace recomendaciones de política.
Un oficial del sindicato de profesores criticó el informe el lunes por la noche.
“Es absolutamente desmoralizante y desgarrador que nadie haya asumido responsabilidad por lo sucedido”, escribió Lindsay Briggs, profesora de salud pública y miembro de la Junta Ejecutiva del Campus de Chico de la Asociación de Profesores de California, en un correo electrónico a EdSource.
“Por eso las víctimas de violencia no hablan y por eso no nos sentimos seguros en nuestro trabajo; porque no lo estamos. A nadie le importa hacer algo más que ofrecer lugares comunes vacíos”. Once “meses de lamentos y no estamos mejor de lo que estábamos antes”, dijo.
Gordon Wolfe, profesor que entregó registros judiciales sobre la presunta amenaza de Stachura de matar testigos, dijo en una entrevista telefónica el lunes por la noche que recibió un correo electrónico de Chico State diciendo que Aeling quería entrevistarlo, pero que “nunca hizo seguimiento”.
Stachura sigue en licencia administrativa mientras la universidad concluye una investigación sobre su presunta amenaza de matar testigos en el caso sexual. Recientemente, un juez le ordenó pagar más de $64,000 por los honorarios legales de una profesora a la que demandó sin éxito por difamación. Su abogado no respondió a una solicitud de comentario sobre el informe de Aeling.
En una declaración preparada que acompañó la publicación del informe, el presidente de Chico State, Stephen Perez, dijo: “Aprecio la revisión exhaustiva y la oportunidad de considerar nuestras prácticas de cara al futuro”.
Sin mencionarla por su nombre, el informe encontró que la ex presidenta de Chico State, Gayle Hutchinson, consideró el caso sexual contra Stachura así como las presuntas amenazas que hizo al aprobar “la promoción de Stachura a” profesor titular en 2021. Hutchinson lo encontró “un ciudadano altamente productivo de la academia, con un sólido historial de enseñanza, servicio e investigación”, según el informe.
Hutchinson se jubiló en junio. No se pudo contactar con ella de inmediato el lunes por la noche.