En busca de reducir las brechas abismales en el rendimiento estudiantil, el gobernador Gavin Newsom realizó cambios en la Fórmula de Financiamiento del Control Local, la ley de financiamiento escolar del estado, que se encuentran entre los más trascendentales desde la adopción de la ley hace una década. Los distritos escolares se están preparando para el papeleo adicional y las demandas.
La directiva de Newsom requiere que a partir del año escolar 2024-25, los distritos y escuelas autónomas detallen cómo abordarán el bajo rendimiento y dirigirán fondos para mejoras en cada escuela donde uno o más de los 13 grupos de estudiantes del estado se encuentren en el nivel rojo, el más bajo de cinco bandas de rendimiento en el Panel de Control Escolar de California. Hasta ahora, la ley estatal solo requería esfuerzos de mejora para los distritos en su conjunto.
La revisión se realizó en el lenguaje del presupuesto estatal propuesto por el gobernador en enero. Se discutió en subcomités legislativos de presupuesto como uno de muchos elementos en el presupuesto de educación, pero no recibió una revisión separada y detallada.
La semana pasada, la Junta de Educación del Estado implementó los cambios con regulaciones sobre lo que los distritos escolares deben hacer para elevar el rendimiento de los estudiantes con menor desempeño. Esto incluye establecer metas específicas, comprometerse con acciones y gastos para lograrlas, y un nuevo requisito: determinar cómo medir si esas estrategias son efectivas al final de tres años y qué hacer si no lo son.
Antes de votar, los miembros de la junta escucharon advertencias repetidas de docenas de superintendentes y administradores de distritos escolares de que agregar más documentación extensa haría que los planes estratégicos de tres años de los distritos, llamados Planes de Control y Responsabilidad Locales, fueran insoportablemente largos e ilegibles.
Entre las revisiones se encuentra una nueva categoría de escuelas “multiplicadoras de equidad” que atienden a muchos de los estudiantes más vulnerables del estado. Entre los factores para su selección se encuentran las proporciones de estudiantes de familias de bajos ingresos y padres sin diploma de escuela secundaria, y la estabilidad escolar: la tasa de movilidad estudiantil. Es probable que muchas sean pequeñas escuelas secundarias alternativas que atienden a estudiantes que han sido expulsados, intimidados y que han tenido dificultades en las escuelas secundarias estándar o que corren el riesgo de abandonar los estudios.
La idea fue propuesta inicialmente por educadores negros a través de un proyecto de ley presentado por la asambleísta Akilah Weber, D-San Diego, para dedicar $300 millones para mejorar el rendimiento de los estudiantes negros como el grupo de estudiantes con la puntuación más baja en el panel de control. Newsom estuvo de acuerdo con el nuevo nivel de financiamiento, pero, preocupado por violar la Proposición 209, la iniciativa de los votantes de 1996 que prohíbe la acción afirmativa en las escuelas públicas, amplió la idea. El dinero requerirá que los distritos aborden y financien las necesidades específicas de cualquier grupo de estudiantes con menor desempeño en cualquier indicador del panel de control, ya sea puntajes de matemáticas o ausentismo y tasas de graduación, y creen metas generales para una escuela. Weber y la Asociación de Administradores Escolares Afroamericanos de California respaldaron el plan final.
A pesar de los esfuerzos del personal del Departamento de Educación de California para eliminar redundancias, combinar metas para múltiples escuelas multiplicadoras de equidad y convertir las listas de gastos en tablas de datos, la versión más reciente seguramente alargará los LCAP que ya suelen tener varias cientos de páginas para distritos escolares medianos y grandes, y requerirá un esfuerzo adicional para completarlos.
Las instrucciones del LCAP aumentarán de 45 a 57 páginas. Los distritos tendrán que involucrar a padres, estudiantes y maestros en cada escuela multiplicadora de equidad y documentar cómo el compromiso moldeó las metas y acciones. Los distritos agregarán decenas a cientos de entradas para escuelas con grupos de estudiantes en el nivel rojo.
Representantes de grupos de defensa que habían estado pidiendo más transparencia en el LCAP expresaron su apoyo al modelo revisado. “La propuesta del gobernador, combinada con otras mejoras, acercaría a California a garantizar oportunidades y resultados educativos equitativos”, escribieron Guillermo Mayer, presidente y director ejecutivo de Public Advocates, y Christopher Nellum, director ejecutivo de The Education Trust-West, en un comentario de EdSource a principios de este año.
La idea de una solución electrónica se ha mencionado durante varios años, hasta ahora sin éxito.