Un nuevo paquete turístico promete llevar a los turistas en la Península de Yucatán desde lujosos hoteles hasta ruinas mayas en una nueva aerolínea y vías férreas recién tendidas, una aventura llevada a cabo completamente por el ejército mexicano, que ahora se dedica al turismo de lujo cuando no está combatiendo el crimen.
Que una institución con un historial de violaciones de derechos humanos ahora deba aprender el arte del servicio al cliente es simplemente el aspecto más extraño de una tendencia más profunda, a medida que el ejército de México juega un papel cada vez mayor en la administración civil del país, con implicaciones alarmantes para su democracia.
El lunes se inaugurará la ruta completa del controvertido Tren Maya, un año después de que fuera inaugurado parcialmente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de críticas por su impacto ambiental y viabilidad económica.
López Obrador recurrió al ejército para construir el tren rápidamente, junto con una serie de nuevos aeropuertos y hoteles a lo largo de las vías, todos los cuales también gestionará ahora.
Entre trenes, aviones y puestos de control, el ejército mexicano quizás nunca haya sido tan omnipresente. Aunque su presencia en la vida pública ha estado desarrollándose durante mucho tiempo, los expertos señalan dos momentos clave.
El primero llegó en 2006 con el inicio de la “guerra contra las drogas”, cuando el ejército fue desplegado para combatir a los grupos del crimen organizado y asumió un papel mucho mayor en la seguridad pública.
Y el segundo llegó en 2018, cuando el populista de izquierda López Obrador se convirtió en presidente.
Antes de llegar al poder, López Obrador prometió devolver a los soldados a sus cuarteles. Al obtenerlo, llevó el papel del ejército en la seguridad pública a un nuevo nivel y le dio roles en áreas que antes eran reservadas para instituciones civiles.
“Se tenían grandes esperanzas de que López Obrador revisaría la política de seguridad de México”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos. “No creo que nadie anticipara lo que realmente sucedería”.
López Obrador desmanteló la policía federal, que había sido manchada por escándalos de corrupción, y creó una nueva guardia nacional para ocupar su lugar: una fuerza de 130,000 efectivos que era nominalmente una institución civil pero que tomó la gran mayoría de su personal y liderazgo del ejército.
Mientras tanto, López Obrador comenzó a depender de las fuerzas armadas para construir rápidamente sus proyectos de infraestructura emblemáticos, de manera económica y con poca transparencia.
En el camino, el ejército acumuló un portafolio de responsabilidades y empresas que incluyen aeropuertos, puertos marítimos y aduanas, así como una aerolínea de pasajeros, el Tren Maya y una cadena de hoteles de lujo.
“El ejército se ha insertado en la economía”, dijo Aguirre. “Todavía no sabemos cómo esto se desarrollará”.
En octubre, Claudia Sheinbaum, una cercana aliada de López Obrador, asumió la presidencia, después de haber llevado a Morena, el partido que él fundó, a una victoria electoral abrumadora.
Poco antes de llegar al poder, Morena utilizó su nueva súper mayoría para cambiar la constitución, transfiriendo oficialmente la Guardia Nacional al ejército, dejando a México sin una fuerza policial civil federal.
Desde entonces, Sheinbaum ha mostrado señales de que seguirá el camino de su predecesor, elogiando al ejército y anunciando que el dinero ahorrado al eliminar agencias reguladoras independientes se destinará a aumentar el salario de los soldados. También ha enfatizado la necesidad de reconstruir las fuerzas policiales de México y su capacidad investigativa.
Sheinbaum ha desestimado las preocupaciones sobre el creciente poder del ejército, argumentando que el ejército responde al presidente.
“Quizás la gente no lo entienda desde afuera, pero no es militarización”, dijo al Financial Times. “El ejército mexicano proviene de la Revolución Mexicana, proviene de una revolución social, no proviene de las élites”.
Si bien es cierto que el origen del ejército de México es particular y, a diferencia de muchos otros homólogos en América Latina, nunca ha dado un golpe de estado, es una institución opaca con un largo historial de abusos a los derechos humanos, dijo Aguirre.
Con su creciente papel en la seguridad pública, “los abusos a los derechos humanos continuarán”, dijo Patricia Solís Minor, experta en las fuerzas armadas de México.
Estos abusos, además de los informes de corrupción, solo se están volviendo más difíciles de investigar, “porque el ejército ha asumido tareas civiles sin asumir los controles y equilibrios del mundo civil”, agregó Aguirre.
Mientras tanto, el creciente papel de las fuerzas armadas implica el vaciamiento de la capacidad de las instituciones civiles, solo afianzando la dependencia del gobierno en el ejército.
Por ahora, las perspectivas de revertir el proceso y devolver estas tareas a las instituciones civiles son escasas, no solo porque el cambio ha sido solidificado por una serie de cambios legales y constitucionales.
“La desmilitarización no está en el horizonte”, dijo Aguirre. “En este momento, lo más importante es preservar al menos algunos controles civiles”.