Isabel Dueñas enseña a sus estudiantes de kindergarten de transición cómo leer en la Escuela Católica San Miguel en el vecindario de Watts en Los Ángeles.
Crédito: Archidiócesis de Los Ángeles
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha llegado a un acuerdo en una demanda de 3 años con la Archidiócesis Católica de Los Ángeles sobre cuánto financiamiento federal del Título I están en derecho de recibir los estudiantes de bajos ingresos dentro de la archidiócesis. El distrito acordó pagar los $3 millones que había retenido indebidamente de las escuelas de la archidiócesis y cumplir con las regulaciones federales que requieren transparencia y consulta con la archidiócesis, las cuales había violado repetidamente.
El acuerdo cubría los años 2018-19 y 2019-20, cuando el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) cambió por primera vez el método de determinar la elegibilidad de los estudiantes para el Título I y recortó el financiamiento en más del 90%, de $9.5 millones para los 13,000 estudiantes elegibles en la archidiócesis a $757,000.
Los fideicomisarios escolares de LAUSD aprobaron el acuerdo en una sesión cerrada el 11 de diciembre y no revelaron públicamente los detalles después de anunciar la votación. Un portavoz del distrito declinó hacer comentarios a EdSource sobre la decisión.
Pero Paul Escala, superintendente de las escuelas de la Archidiócesis de Los Ángeles, dijo que el acuerdo envía un mensaje claro. “Garantiza que los estudiantes de las escuelas no públicas que son elegibles para estos servicios los recibirán. Aunque pueda parecer algo básico, cuando hemos operado en un entorno donde eso no estaba claro y no se cumplía, eso es una victoria para los niños”, dijo.
“Esto reconoce que los niños que asisten a las escuelas católicas en el área urbana de Los Ángeles, no solo son elegibles para los servicios del Título I, sino que de hecho sufren de pobreza y necesidades al igual que sus pares en el distrito escolar público”, agregó.
Desde su aprobación en 1968, el Congreso extendió el financiamiento del Título I a estudiantes pobres en escuelas privadas, incluyendo escuelas religiosas, para aumentar sus posibilidades de éxito. Sin embargo, para evitar financiar directamente a las escuelas religiosas, el Congreso decidió que los distritos en los que se encuentran escuelas privadas y religiosas deberían determinar la elegibilidad de los estudiantes y consultar con las escuelas sobre qué servicios, como asesoramiento, deben recibir los estudiantes.
Los distritos tienen un menú de métodos para determinar la elegibilidad del Título I. El más sencillo y generalmente más ventajoso para las escuelas privadas es utilizar datos del censo para determinar el nivel de pobreza en un vecindario y calcular la elegibilidad como la proporción de estudiantes de bajos ingresos que asisten a una escuela privada. Es el método que la mayoría de los distritos urbanos grandes han utilizado, dijo Escala, incluyendo LAUSD y las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, donde Alberto Carvalho era superintendente antes de convertirse en superintendente de LAUSD en 2022. Ese enfoque también cumple con el espíritu del Título I, dijo.
Un incentivo para negar el Título I a niños de escuelas privadas
Bajo la administración entrante del superintendente Austin Beutner, el distrito cambió el proceso de elegibilidad para 2018-19 sin previo aviso para requerir que las escuelas documentaran los ingresos familiares a través de encuestas o el número de estudiantes elegibles inscritos en los programas federales de comidas subsidiadas. Junto con requerir más tiempo, papeleo y verificación por parte de las escuelas, el distrito cambió las reglas de informe varias veces en un corto período y no involucró significativamente a la archidiócesis en sus decisiones, escribió el Departamento de Educación de California en 2021 en respuesta a una queja formal de la archidiócesis. Además de reducir el financiamiento, el distrito redujo las escuelas atendidas a menos de dos docenas de las 116 escuelas en la archidiócesis. Según el Departamento de Educación de California, el distrito redujo su participación total asignada a las escuelas privadas del 2% y 2.6% de $291 millones al 0.5%.
“Hay una cuestión moral y ética sobre la mesa”, dijo Escala en ese momento.
En su informe de 58 páginas, el Departamento de Educación de California calificó los recortes de financiamiento como “totalmente irrazonables”. Su informe concluyó que LAUSD “se involucró en un patrón de decisiones arbitrarias unilaterales”, incluyendo dar a las escuelas de la archidiócesis 12 días durante un receso de verano para producir encuestas de ingresos familiares y luego eliminar todas las escuelas que no pudieron cumplir con el plazo. Caracterizó el enfoque del distrito como un “enfoque de esconder la pelota (que) incumplió tanto con el espíritu como con la letra” de la ley.
LAUSD apeló el fallo al Departamento de Educación de EE. UU., que en su mayoría afirmó las conclusiones del departamento de California en un fallo de noviembre de 2023. Dio al distrito 60 días para consultar con el distrito, como requería la ley del Título I, y corregir el conteo inexacto de estudiantes no elegibles. Dio al distrito 90 días para proporcionar los servicios que había negado.
La archidiócesis regresó a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en la primavera de 2024 porque, según Escala, el distrito se había demorado y se negaba a entregar documentos a los que la archidiócesis tenía derecho.
El punto de inflexión en el caso llegó el 16 de julio de 2024, cuando el juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles Curtis Kim ordenó al distrito entregar todos los documentos relevantes, correos electrónicos y registros para el 20 de agosto y pagar $82,141 a la diócesis en honorarios de abogados.
Los documentos confirmaron lo que la archidiócesis había asumido, dijo el director académico principal de la archidiócesis, Robert Tagorda. “Durante años habían insistido en que estaban cumpliendo con la ley. Teníamos sospechas de que si nos estaban recortando tanto, no podía ser legal. Teníamos los documentos para demostrar que teníamos muchos más estudiantes de bajos ingresos de los que habían contado originalmente”.
Con las revelaciones de los registros públicos, la archidiócesis se acercó a LAUSD para reanudar las conversaciones de conciliación. En varias semanas en noviembre, hubo un acuerdo. Los términos corresponden a lo que el Departamento de Educación de EE. UU. había recomendado, dijo Tagorda. LAUSD recalculó cuánto se debía en 2018-19 y aplicó las correcciones a 2019-20. Divulgaría cómo se calculó la obligación del Título I y consultaría con la archidiócesis sobre los servicios a proporcionar. La archidiócesis también podrá agrupar el dinero del Título I para dirigirlo a las escuelas con necesidades más intensivas, una práctica que LAUSD había prohibido.
Los $3 millones combinados adeudados por los dos años estaban muy por debajo de lo que se había recibido el año anterior al cambio del método de elegibilidad del distrito. Pero el cambio de personal en el distrito y en la archidiócesis, y los registros incompletos en algunas escuelas, debilitaron las reclamaciones, reconoció Tagorda. El proceso de elegibilidad en los años posteriores a 2019-20, no afectados por la demanda, cambió poco. En 2023-24, la archidiócesis recibió $2 millones en financiamiento del Título I.
Las reglas del Título I permiten a los distritos cambiar anualmente el proceso de determinar la elegibilidad. Escala dijo que la archidiócesis seguirá solicitando que LAUSD regrese al método de proporcionalidad que producía más financiamiento; LAUSD, por ley, debe dar la justificación cada año por negarse a hacerlo.
Escala reconoció que la archidiócesis podría haber optado por litigar el caso, y probablemente habría ganado. Pero el resultado habría tomado potencialmente años y gastos legales que las escuelas de la archidiócesis no tienen. “Reconocimos que no podíamos permitirnos otro día, otro año, otra generación de estudiantes sin tener la capacidad de acceder justamente a los servicios legalmente concedidos”, dijo.
Tagorda dijo que el dinero adicional del acuerdo se utilizará para tutorías, programas después de clases y de verano, y asesoramiento académico que las escuelas han estado solicitando.
En una entrevista con EdSource en marzo de 2022, poco después de convertirse en superintendente de LAUSD, Carvalho dijo que se había familiarizado con la demanda de la archidiócesis. “Voy a resolver este problema lo antes posible”, dijo. “Lo que puedo decir es que necesitamos herramientas más objetivas y transparentes mediante las cuales evaluamos y financiamos este derecho federal garantizado que está impulsado por la pobreza”, ya sea para una escuela pública o privada.
Casi tres años desde entonces, después de agotar las apelaciones y perder un fallo en la Corte Superior, el distrito finalmente resolvió el caso. Escala dijo que es optimista de que se haga cumplir.
“Cuando regresamos a la mesa, quedó claro que Carvalho tomó un interés personal para asegurarse de que tengamos las condiciones de nuestro lado para llegar a un acuerdo. Hemos visto un cambio en el enfoque del personal del distrito. Él está comprometido a cumplir con las regulaciones del Título I y con una consulta justa, lo tomo por su palabra”, dijo Escala.
“En el transcurso de estas negociaciones, la confianza y la fe tuvieron que ser reconstruidas. Creo que estamos en un lugar mucho mejor que hace seis meses.”