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Por Nate Raymond (NS:)
(Reuters) – Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha detenido la aplicación de una ley contra el lavado de dinero que requiere que las entidades corporativas revelen las identidades de sus verdaderos beneficiarios a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos antes de una fecha límite para que la mayoría de las empresas lo hagan.
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos con sede en Nueva Orleans reinstauró el jueves por la noche una medida cautelar a nivel nacional que había sido emitida este mes por un juez federal en Texas que había concluido que la Ley de Transparencia Corporativa era inconstitucional.
La orden marcó un cambio de rumbo para la corte. El lunes, un panel de tres jueces del 5to Circuito, a instancias del Departamento de Justicia de Estados Unidos, puso en espera la medida cautelar mientras el gobierno apelaba la decisión del juez de Texas.
Pero un panel diferente decidirá en última instancia si se mantiene la decisión del juez, y en la orden del jueves, la corte dijo que decidió mantener en pausa la aplicación de la ley “para preservar el statu quo constitucional mientras el panel de méritos considera los argumentos sustantivos de las partes”.
Esos argumentos se escucharán el 25 de marzo, dijo la corte el viernes. La mayoría de las empresas debían presentar sus informes iniciales al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro antes de la orden del jueves.
La medida cautelar fue obtenida por la Federación Nacional de Empresas Independientes (LON:), que junto con varias pequeñas empresas desafiaron la ley a través de abogados del Centro de Derechos Individuales conservador.
“Dado que hemos establecido que la Ley de Transparencia Corporativa es probablemente inconstitucional, esta forma intrusiva de vigilancia gubernamental debería detenerse hasta que se resuelva finalmente el destino de la ley”, dijo Todd Gaziano, presidente del Centro de Derechos Individuales, en un comunicado.
FinCEN no respondió a las solicitudes de comentarios.
Según la ley, que fue promulgada en 2021, las corporaciones y LLCs debían reportar información sobre sus verdaderos beneficiarios a FinCEN, que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y otros delitos.
Los partidarios de la medida dijeron que estaba diseñada para abordar la creciente popularidad del país como lugar para que los criminales blanqueen fondos ilícitos al establecer entidades como sociedades de responsabilidad limitada bajo leyes estatales sin revelar su participación.
El juez de distrito Amos Mazzant en Sherman, Texas, el 3 de diciembre, dictaminó que el Congreso no tenía autoridad bajo sus poderes para regular el comercio, los impuestos y los asuntos exteriores para adoptar la “estatuto cuasi-orwelliano” y que probablemente violaba los derechos de los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
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