Cambios en el programa de vivienda estudiantil amenazan la “viabilidad” de los proyectos de vivienda asequible.

Reedley College es uno de los pocos colegios comunitarios en California que ha ofrecido alojamiento en el campus para sus estudiantes. El colegio en el Valle Central rural ha ofrecido alojamiento a sus estudiantes durante más de 50 años.

Credit: Emma Gallegos

Los líderes de los colegios comunitarios en todo California están pidiendo a los legisladores que reconsideren los cambios realizados en el presupuesto estatal de este año en cuanto a cómo se financian los proyectos de vivienda estudiantil, diciendo que las enmiendas ponen en peligro su capacidad para construir nuevas viviendas asequibles.

Como parte del acuerdo presupuestario 2023-24, el estado está requiriendo que los colegios comunitarios utilicen bonos de ingresos locales para pagar los costos de construcción de nuevos proyectos de vivienda asequible bajo un programa de subvenciones de vivienda estudiantil que originalmente se dio a conocer en 2021. El estado también está requiriendo que la Universidad de California y la Universidad Estatal de California emitan sus propios bonos para pagar proyectos en sus campus.

Anteriormente, el estado planeaba otorgar subvenciones del fondo general del estado a los colegios, pero el gobernador Gavin Newsom y los legisladores estatales cambiaron a pedirles que pidan prestado dinero en un intento de ahorrar costos ante la disminución de los ingresos estatales.

Pero esa nueva estructura es insostenible para los colegios comunitarios porque tendrán dificultades para generar suficientes ingresos para asegurar los bonos, escribió una coalición de unos 20 presidentes y cancilleres locales de colegios comunitarios en una carta a los principales legisladores estatales. Sonya Christian, la canciller estatal del sistema de colegios comunitarios, también se unió firmando la carta.

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“La estructura revisada del programa pone en peligro la viabilidad de los proyectos de vivienda estudiantil asequible en todo el estado y nuestra oportunidad de abordar la creciente inseguridad habitacional entre los estudiantes de los colegios comunitarios,” escribieron.

Los presidentes de los comités de presupuesto de la Asamblea y el Senado, el asambleísta Phil Ting y la senadora Nancy Skinner, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes.

Los líderes de los colegios comunitarios señalaron en su carta que los bonos de ingresos deben estar respaldados “con ingresos generados”. Pero debido a que los proyectos de vivienda tendrán tasas de alquiler asequibles, por debajo del mercado, los ingresos que los colegios generen por el alquiler no son suficientes para financiar tanto los costos de construcción como los gastos operativos,” agregaron. Y a diferencia de los campus de la CSU y la UC, los colegios comunitarios no tienen ingresos por matrícula u otras fuentes de ingresos “para servir como garantía” para los préstamos.

Por lo tanto, están “profundamente preocupados de que estos proyectos no sean viables para los distritos,” lo que impediría que los estudiantes de los colegios comunitarios de todo el estado accedan a viviendas asequibles. Esto podría ser especialmente problemático porque muchos de los estudiantes de los colegios comunitarios del estado no tienen vivienda estable.

En su carta, los líderes de los colegios comunitarios proponen dos posibles enmiendas para que los legisladores las consideren. Una sugerencia es que el estado utilice dólares de su fondo general para subsidiar las tasas de alquiler de viviendas estudiantiles asequibles.

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También proponen que, en lugar de utilizar bonos locales, los colegios comunitarios utilicen bonos emitidos por el estado para pagar los costos de construcción. Según la propuesta, los distritos de los colegios comunitarios firmarían acuerdos con la Oficina del Tesorero del Estado o la Junta de Obras Públicas para asegurar esos bonos. La carta señala que los colegios comunitarios han utilizado previamente ese mecanismo para algunos proyectos de capital.

“Este enfoque proporcionaría un mecanismo simplificado para que el estado pague todo el servicio de la deuda y los ingresos por alquiler por debajo del mercado cubrirían los costos operativos, preservando el objetivo de asequibilidad del programa,” escribieron los líderes de los colegios comunitarios.

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