La Fuerza Aérea Nigeriana (NAF) dijo que estaba investigando “informes de pérdidas de vigilantes”. “Si bien la operación eliminó con éxito a varios bandidos y llevó a la recuperación de algunas víctimas de secuestro, la NAF ve con gran preocupación los informes de la pérdida de vidas civiles en el transcurso de la operación”, dijo en un comunicado. Dijo que una “investigación exhaustiva” en curso determinaría la verdad del asunto, que se “comunicaría para informar y tranquilizar al público”. La agencia de noticias AFP citó a un local diciendo que los civiles regresaban a sus aldeas después de ahuyentar a los bandidos cuando fueron bombardeados. Los aldeanos “recuperaron 16 cadáveres de los ataques y llevaron a varias otras personas con lesiones graves al hospital”, dijo Sa’idu Ibrahim. El grupo de derechos Amnistía Internacional Nigeria situó la cifra de muertos en 20 y dijo que decenas de personas resultaron heridas en el ataque al pueblo de Tunga Kara, y pidió a las autoridades que investiguen “de inmediato e imparcialmente” el incidente. “Lanzar ataques aéreos no es un método legítimo de aplicación de la ley según ningún estándar. El uso temerario de la fuerza letal es ilegal, escandaloso y pone al descubierto el impactante desprecio del ejército nigeriano por las vidas de aquellos a quienes supuestamente existe para proteger”, dijo en un comunicado. En los últimos años, las fuerzas de seguridad de Nigeria han estado luchando contra poderosas bandas criminales, conocidas como bandidos, que han estado aterrorizando los estados del noroeste y centro. Los bandidos asaltan aldeas, queman hogares y matan y secuestran a residentes por rescate. Se han producido varios ataques aéreos accidentales en los últimos meses, incluido un ataque en Navidad que mató al menos a 10 civiles en el vecino estado de Sokoto. En 2023, al menos 85 civiles, en su mayoría mujeres y niños, que asistían a una reunión religiosa musulmana en un pueblo del estado de Kaduna, fueron asesinados después de ser confundidos con bandidos. En enero de 2017, al menos 112 personas murieron cuando un avión golpeó un campamento que albergaba a 40,000 personas desplazadas por la violencia yihadista en una ciudad cerca de la frontera camerunesa.
