El gobierno chino está intensificando medidas para erradicar posibles alborotadores y suprimir el malestar social, después de una serie de matanzas en masa que han sacudido al país y han despertado temores sobre la seguridad pública.
La policía armada ha sido desplegada afuera de las escuelas, con bolardos instalados cerca para evitar que los autos atropellen a las personas. Los agentes de policía han aumentado las patrullas en supermercados, atracciones turísticas y otros lugares concurridos, y se han comprometido a regular mejor los cuchillos y otras armas. Los funcionarios también han prometido ayudar a los desempleados y distribuir subsidios festivos a los necesitados.
La presión de seguridad, que las autoridades en algunos lugares han etiquetado como “Operación Invierno”, sigue a una serie de ataques recientes que han puesto un nuevo foco en la economía en apuros de China. En noviembre, un conductor embistió a una multitud afuera de un centro deportivo en la ciudad de Zhuhai, matando al menos a 35 personas en el ataque más mortífero de China en una década. Una puñalada que mató a ocho personas, y otro atropello fuera de una escuela, siguieron apenas una semana después. En los tres casos, los funcionarios dijeron que los perpetradores estaban desahogando insatisfacciones financieras.
Después del ataque en Zhuhai, el líder de China, Xi Jinping, ordenó a los funcionarios “prevenir estrictamente los casos extremos”. Las autoridades de todos los niveles se apresuraron a cumplir.
Los conductores en los dos ataques con autos fueron condenados a muerte a finales del mes pasado, en juicios inusualmente rápidos que mostraron la determinación del gobierno de acabar con posibles imitadores.
Proyectar estabilidad y control ha sido desde hace tiempo una de las mayores preocupaciones del gobernante Partido Comunista Chino, su justificación implícita para limitar las libertades civiles de los ciudadanos. Pero esa preocupación se ha vuelto aún más central a medida que el alto desempleo juvenil, los embargos hipotecarios en aumento y las deterioradas relaciones internacionales han alimentado la ansiedad generalizada sobre el futuro de China. Algunos trabajadores gubernamentales no han recibido su salario, ya que las finanzas de los gobiernos locales se estancan.
Las protestas públicas, en su mayoría relacionadas con problemas económicos como pérdidas de inversión o salarios impagos, aumentaron un 18 por ciento en los primeros 11 meses de 2024, en comparación con el año anterior, según un seguimiento de Freedom House, un grupo de defensa con sede en Washington.
Sin embargo, Pekín ha sido reacia a fortalecer la red de seguridad social del país u ofrecer un alivio directo sustancial a los consumidores. En cambio, ha recurrido a tácticas más contundentes para erradicar a aquellos con quejas.
El gobierno central instó a los funcionarios a garantizar la estabilidad social durante la temporada de vacaciones, diciendo en un aviso del 27 de diciembre que deberían “realizar investigaciones exhaustivas para todo tipo de conflictos y riesgos y peligros ocultos”.
En Yinchuan, una ciudad en el noroeste de China, los agentes de policía investigaron si hubo incidentes de acoso o disputas entre el profesorado o los estudiantes, según un comunicado de prensa.
En Yancheng, en el este de China, la policía ha revisado bares de karaoke, viviendas de alquiler y hoteles en busca de posibles vagos.
En una reunión reciente de aldeanos y funcionarios del partido local en la provincia central de Henan, la policía “alentó a todos a informar activamente sobre cualquier conflicto y disputa que haya ocurrido en la aldea recientemente”. Bajo el mando del Sr. Xi, el gobierno chino ha renovado el llamado para que los residentes comunes vigilen unos a otros.
El gobierno central emite rutinariamente orientación sobre garantizar una temporada de vacaciones segura. Pero este año, las instrucciones sobre estabilidad social fueron más detalladas. Señalaron los lugares a tener en cuenta, incluidos los campus y los lugares deportivos, y pidieron a los funcionarios que monitorearan la opinión pública y brindaran “orientación positiva”.
La discusión sobre los ataques, y sobre el descontento económico en general, ha sido fuertemente censurada. También se ha impedido a los familiares de las víctimas hablar con periodistas.
Economistas y comentaristas públicos han sugerido que el gobierno debería centrarse más en impulsar la confianza del consumidor y ofrecer protecciones más sólidas para las personas comunes contra las dificultades financieras. Las autoridades han reconocido en ocasiones esas demandas, como en sus promesas de combatir los salarios atrasados para los trabajadores migrantes, o proporcionar subsidios festivos a personas sin hogar o personas con discapacidades.
Este mes, muchos funcionarios públicos en todo el país descubrieron que habían recibido un aumento sorpresa en el salario, según la discusión en las redes sociales, aunque el gobierno no emitió ningún anuncio formal.
Sin embargo, muchas llamadas a reformas más sustanciales han sido censuradas, consideradas ellas mismas amenazas para la estabilidad social.
“Deberían haber estado buscando qué fuerzas convirtieron a estas personas en bestias, pero en lugar de eso corrieron a investigar a los ‘cinco tipos de perdedores'”, escribió Li Chengpeng, un ex destacado periodista chino que ahora vive en el extranjero, en las redes sociales. Se refería a los avisos del gobierno local que circularon en línea dirigiendo a los funcionarios a vigilar a personas que habían sufrido pérdidas, como trabajos o inversiones.
Sin embargo, la misma recesión económica que puede estar alimentando las quejas de algunas personas también puede dificultar mantener las medidas de seguridad intensificadas.
Muchos gobiernos locales ya están nadando en deudas. Ahora están bajo una intensa presión para responder al llamado de Mr. Xi de prevenir incidentes masivos, pero su dinero y su mano de obra pronto se verán bajo presión, dijo Hongshen Zhu, profesor asistente en la Universidad Lingnan de Hong Kong que estudia la gobernanza china.
“Mientras no ocurran nuevos incidentes, la prioridad de la seguridad pública disminuirá para los gobiernos locales hasta que ocurra el próximo clamor público”, dijo.