Puntos clave:
En vista de que Donald Trump asuma un segundo mandato presidencial en 2025, han surgido conversaciones sobre la desmantelación del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los partidarios argumentan que la intervención federal en la educación socava la autoridad estatal, mientras que los críticos temen que eliminar el papel federal podría exacerbar las desigualdades y obstaculizar el progreso nacional. Para evaluar la propuesta, es crucial examinar los roles federal y estatal en la educación, el contexto histórico y constitucional, y los posibles beneficios y desafíos de dicho cambio.
El papel federal en la educación
La Constitución de los Estados Unidos no otorga explícitamente al gobierno federal autoridad sobre la educación. Como señalaron Lunenberg et al. (2012), “La educación no es una función específicamente delegada al gobierno federal” (p. 327). En cambio, bajo la Décima Enmienda, los poderes no delegados al gobierno federal están reservados para los estados (McCarthy et al., 2019). Esto deja la educación principalmente bajo la jurisdicción estatal, con la participación federal históricamente limitada a un apoyo indirecto en lugar de un control directo.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos se estableció en 1979. Es responsable de supervisar la financiación federal para las escuelas, hacer cumplir las leyes federales en educación y garantizar el acceso equitativo para los estudiantes en todo el país. Además, ha desempeñado un papel significativo a través de legislaciones como la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) y sus sucesoras: NCLB (No Child Left Behind) y ESSA (Every Student Succeeds Act). Estas leyes vinculan la financiación federal a requisitos específicos, que tienen como objetivo abordar las desigualdades en la educación. Actualmente, las contribuciones federales representan aproximadamente el 8 por ciento de la financiación para la educación primaria y secundaria, mientras que el 92 por ciento restante proviene de fuentes estatales y locales (“El papel federal,” 2017).
El papel del control estatal y local en la educación
La política educativa y la administración han sido tradicionalmente funciones estatales. Los estados determinan las fórmulas de financiación, establecen requisitos de certificación de maestros y supervisan los planes de estudios a través de sus departamentos y juntas de educación (Lynch, 2016). Los gobernadores y las legislaturas estatales asignan fondos, que a menudo se distribuyen a las escuelas en función de la matrícula, la necesidad o programas específicos (Lunenberg et al., 2012).
Los consejos escolares locales también desempeñan un papel crítico, gestionando las operaciones diarias y respondiendo a las necesidades de la comunidad. Esta estructura descentralizada refleja la creencia arraigada de que las autoridades locales están mejor posicionadas para abordar las diversas necesidades de sus comunidades. Sin embargo, también ha dado lugar a disparidades significativas entre estados y distritos en cuanto a financiación, recursos y resultados estudiantiles.
Desmantelando el Departamento de Educación de los Estados Unidos
Uno de los argumentos más convincentes para desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos radica en el principio de control localizado. Los críticos argumentan que la educación es mejor gestionada por los gobiernos estatales y locales porque están más cerca de las necesidades específicas de sus comunidades. El gobierno localizado podría permitir que las escuelas adapten sus políticas, planes de estudios y asignación de recursos de maneras que se ajusten mejor a las características demográficas únicas de sus regiones. Por ejemplo, las escuelas en áreas rurales pueden tener necesidades muy diferentes a las de los centros urbanos, por lo que es probable que las autoridades locales estén mejor equipadas para abordar estas disparidades sin la interferencia de la supervisión federal.
La preocupación se extiende más allá de la educación general. La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), que es aplicada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, exige que los estudiantes con discapacidades reciban educación pública gratuita y apropiada (FAPE) junto con los servicios y adaptaciones necesarios. Del mismo modo, el departamento supervisa programas federales que apoyan a los estudiantes de inglés como segundo idioma al ayudar a las escuelas a proporcionar instrucción y recursos adaptados a los estudiantes que no son hablantes nativos de inglés. Sin supervisión federal, es posible que estos programas pierdan financiación o se apliquen de manera inconsistente entre los estados, lo que podría dejar a poblaciones vulnerables sin el apoyo crítico.
Los defensores de desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos también señalan la carga financiera de mantener una agencia federal. Argumentan que miles de millones de dólares asignados al departamento podrían ser redirigidos a los presupuestos de educación estatales, lo que permitiría iniciativas más impactantes en primera línea. Al eliminar capas burocráticas, los estados podrían potencialmente entregar la financiación educativa de manera más eficiente, centrándose así directamente en los maestros, las aulas y los estudiantes.
Otra función crítica del Departamento de Educación de los Estados Unidos es establecer y hacer cumplir estándares nacionales de educación. Programas como NCLB y ESSA tienen como objetivo responsabilizar a las escuelas por el rendimiento estudiantil y garantizar la consistencia entre los estados (aunque hay argumentos de que estos programas han llevado a una cultura de “enseñar para el examen” y han sofocado la creatividad en el aula), pero permitir a los estados y distritos locales tener una mayor libertad para diseñar sus propios estándares y evaluaciones puede fomentar la innovación, aunque también puede llevar a una calidad de educación que varía drásticamente de un estado a otro y puede causar desafíos para los estudiantes en poblaciones transitorias debido a la falta de cohesión que interrumpe su educación y limita sus oportunidades.
Manteniendo el Departamento de Educación de los Estados Unidos
Desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos plantea preocupaciones significativas sobre la equidad. El departamento desempeña un papel crucial en abordar las disparidades en la financiación de la educación, así como en el acceso a la financiación. Los programas federales (por ejemplo, Título I, comidas gratuitas, asesoramiento, programas después de clases, etc.) proporcionan recursos adicionales a las escuelas que atienden a un alto número de estudiantes de bajos ingresos, muchos de los cuales se encuentran en áreas urbanas. Sin el Departamento de Educación de los Estados Unidos, estos programas podrían ser eliminados o dejados a discreción de estados que históricamente han tenido dificultades para priorizar la financiación de comunidades desatendidas.
Las escuelas urbanas de áreas metropolitanas a menudo enfrentan desafíos únicos (por ejemplo, hacinamiento, financiación insuficiente, tasas más altas de pobreza entre los estudiantes, etc.). Muchas de estas escuelas también atienden a un número desproporcionadamente alto de estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés como segundo idioma, lo que hace que el apoyo federal sea aún más vital. El Departamento de Educación de los Estados Unidos hace cumplir protecciones de derechos civiles que garantizan que todos los estudiantes (incluidos los subgrupos vulnerables) reciban un trato equitativo. Desmantelar el departamento podría debilitar estas salvaguardias, dejando así a las comunidades marginadas más vulnerables al abandono. Por lo tanto, la pérdida de supervisión federal es una preocupación seria para la educación pública. Históricamente, los estados no siempre han asignado recursos de manera equitativa, y los distritos escolares urbanos a menudo han sido subfinanciados en comparación con sus contrapartes suburbanas. La intervención federal ha sido esencial para abordar estas disparidades. Sin ella, las escuelas urbanas podrían tener dificultades para mantener incluso estándares básicos de educación, lo que podría exacerbar la pobreza y la desigualdad.
Todas las escuelas (no solo las escuelas urbanas) se verán afectadas negativamente por el desmantelamiento del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La financiación federal apoya cursos de Programa Avanzado (AP), iniciativas STEM y oportunidades de matriculación dual. Desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos podría llevar a inconsistencias en los procesos de admisión universitaria porque los estados podrían adoptar diferentes requisitos de graduación y evaluaciones. Esta falta de estandarización podría complicar las admisiones para los estudiantes que solicitan universidades fuera de su estado o prestigiosas. Además, el Departamento de Educación de los Estados Unidos financia iniciativas de investigación que conducen al desarrollo de nuevos métodos de enseñanza, tecnologías y planes de estudio. Estas innovaciones a menudo benefician a todas las escuelas, pero sin el apoyo federal, dicha investigación podría estancarse, dejando a las escuelas sin acceso a recursos educativos de vanguardia.
Conclusión
En conclusión, el debate sobre desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha adquirido una nueva urgencia bajo la administración de Trump en 2025. Mientras que los defensores de desmantelar el departamento argumentan a favor de un mayor control local y eficiencia, los críticos resaltan los posibles riesgos para la equidad y el acceso. A medida que la nación se enfrenta a este problema, es esencial priorizar las necesidades de los estudiantes (y comunidades). El objetivo final debe ser crear un sistema educativo más equitativo y efectivo que sirva a todos los estudiantes independientemente de su origen o código postal.