Uncertainty for Higher Education
McMahon’s comments left many in higher education uncertain about what the future holds for their institutions. She made it clear that she supports Trump’s vision for education, but provided few specifics on how that vision would be implemented.
Many colleges and universities are already feeling the effects of Trump’s policies, such as the executive order on diversity, equity, and inclusion. McMahon’s comments about potentially defunding colleges that don’t comply with the law raise concerns about the future of federal funding for higher education institutions.
Without more clarity from McMahon and the Trump administration, colleges and universities are left wondering how to navigate the uncertain terrain of federal education policy.
Concerns About Civil Rights
McMahon’s comments on civil rights issues also raised concerns among senators and higher education advocates. Her lack of specificity on how she would address civil rights complaints and her focus on potential repercussions for colleges and universities that don’t comply with the law left many questioning her commitment to protecting students’ rights.
With a backlog of cases at the Office for Civil Rights, it remains to be seen how McMahon would handle these important issues if confirmed as secretary of education. Advocates are calling for more transparency and accountability from the department on civil rights matters.
Impact on Students and Communities
The potential changes to the Education Department and higher education policy under McMahon’s leadership could have far-reaching effects on students and communities across the country. From funding to civil rights protections, the decisions made by the department will impact millions of students and their families.
It’s essential for policymakers, educators, and advocates to closely monitor the actions of the Education Department under McMahon’s leadership and ensure that all students have access to a quality education that meets their needs.
In conclusion, McMahon’s confirmation as secretary of education will have significant implications for higher education and the future of federal education policy. It’s crucial for all stakeholders to stay informed and engaged in the process to ensure that students’ rights and needs are protected.
Críticas de los Demócratas a DOGE
Varios legisladores tenían preguntas para McMahon sobre los esfuerzos de Trump para reducir el gasto a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk, pero ella no tenía muchas respuestas.
Los Demócratas, en particular, se mostraron en desacuerdo con los informes recientes que indican que el personal de DOGE tiene acceso a datos sensibles de los estudiantes y recientemente cancelaron $881 millones en contratos en el Instituto de Ciencias de la Educación. El Departamento de Educación es solo una de las varias agencias bajo la lupa de DOGE. La administración de Trump también está despidiendo empleados de la agencia o poniéndolos en licencia administrativa como parte de un plan más amplio para reducir la fuerza laboral federal.
McMahon dijo que no sabía “sobre todas las personas administrativas que han sido puestas en licencia”, agregando que investigaría eso. Tampoco tenía más información sobre los recortes en el IES. Pero defendió el trabajo de DOGE como una auditoría.
“Creo que vale la pena echar un vistazo a los programas antes de que el dinero salga por la puerta”, dijo.
Pero los Demócratas argumentaron que el Congreso, no el poder ejecutivo, tiene la autoridad para dirigir hacia dónde deben ir los fondos federales.
“Cuando el Congreso asigna dinero, es responsabilidad de la administración distribuirlo como lo indica el Congreso, que tiene el poder del bolsillo”, dijo la Senadora Patty Murray, Demócrata de Washington. “Si tienes aportes, si tienes programas que has analizado y crees que no son efectivos, entonces es tu trabajo venir a nosotros, explicar por qué y obtener el apoyo para eso”.
Breve Mención de la Acreditación
A pesar de la promesa de Trump de despedir a los acreditadores, el sistema de acreditación y las políticas federales que lo rigen recibieron poca atención durante la audiencia, aparte de una ronda de preguntas.
La Senadora Ashley Moody, Republicana de Florida, dijo que cree que el sistema actual es inconstitucional, reflejando afirmaciones que hizo como fiscal general de Florida. El estado argumentó en una demanda de 2023 que el Congreso cedió poder a las agencias de acreditación privadas, violando la Constitución de los Estados Unidos. Un juez federal rechazó esas afirmaciones y desestimó la demanda en octubre.
Actualmente, la ley federal requiere que los colegios y universidades estén acreditados por una agencia de acreditación reconocida por el Departamento de Educación para recibir ayuda estudiantil federal como las Becas Pell. Pero en los últimos años, los estados liderados por Republicanos, especialmente Florida, se han molestado por lo que consideran una interferencia indebida de los acreditadores y su poder para potencialmente quitar la ayuda federal. Los legisladores estatales en Florida ahora requieren que los colegios públicos cambien de acreditadores regularmente. Pero ese proceso ha sido lento, y los funcionarios culpan al Departamento de Educación.
Moody le pidió a McMahon que se comprometiera a revisar los reglamentos y orientaciones relacionadas con los colegios que cambian de acreditadores.
“Espero trabajar contigo en eso”, dijo McMahon. “Y se han planteado muchas cuestiones sobre estos cinco a siete acreditadores… Creo que eso necesita tener una revisión y un análisis amplio” (McMahon no especificó, pero parecía referirse a los siete acreditadores institucionales).
Apoyo al Pell Grant a Corto Plazo
A lo largo de la audiencia, McMahon reiteró su apoyo a la expansión de la Beca Pell a programas de formación laboral a corto plazo que duran entre ocho y 15 semanas, y fortalecer otros medios no tradicionales de educación superior como las pasantías.
La nominada señaló varias veces que aunque “la universidad no es para todos”, debería haber oportunidades de movilidad socioeconómica y desarrollo profesional para todos. Ella cree que promover programas como el Pell Grant a corto plazo “podría estimular nuestra economía” al proporcionar nuevas rutas para perseguir el aprendizaje basado en habilidades y promover carreras comerciales. Esta mentalidad probablemente llevaría a menos restricciones en instituciones técnicas con fines de lucro como las escuelas de cosmetología.
Una cosa en la que ni McMahon ni el panel del Senado dedicaron mucho tiempo, sin embargo, fue la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, su defectuoso lanzamiento de un nuevo portal de solicitud o cómo ella manejaría la cartera de préstamos estudiantiles del gobierno de $1.7 billones. Una de las pocas menciones de la crisis de la deuda estudiantil surgió en los comentarios iniciales del presidente del comité, el Dr. Bill Cassidy de Luisiana.
“Demasiados estudiantes salen de la universidad lamentablemente despreparados para la fuerza laboral, mientras están cargados de una deuda abrumadora que no pueden pagar”, dijo. “Tu experiencia previa supervisando préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas será un gran activo a medida que el departamento busque reformar su programa de préstamos estudiantiles.”