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El gobierno de EE.UU. ha indicado que abandonará un caso de larga duración contra SpaceX de Elon Musk, en el que había alegado que los procedimientos de contratación de la empresa discriminaban ilegalmente a solicitantes de asilo y refugiados.
La decisión del Departamento de Justicia llega en un momento en el que Musk, quien ha criticado repetidamente el caso, está asumiendo un papel cada vez más prominente en la administración de Donald Trump, supervisando medidas agresivas de recorte de costos en todo el gobierno, incluidas las agencias que regulan sus seis empresas.
El DoJ demandó por primera vez a SpaceX en 2023 durante la presidencia de Joe Biden, alegando que la empresa publicaba ofertas de trabajo que requerían que los solicitantes fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, a pesar de que no existía ninguna restricción legal para que no ciudadanos desempeñaran los roles en cuestión.
Los fiscales alegaron que SpaceX “desalentaba activamente a los solicitantes de asilo y refugiados de buscar oportunidades laborales en la empresa”.
Musk negó las acusaciones, escribiendo en una publicación en redes sociales en ese momento: “A SpaceX se le dijo repetidamente que contratar a cualquier persona que no fuera residente permanente de Estados Unidos violaría la ley internacional de tráfico de armas, lo que sería un delito penal”.
Agregó: “¡Ni siquiera podíamos contratar a ciudadanos canadienses, a pesar de que Canadá forma parte de NORAD! Este es otro caso de politización del DoJ con fines políticos”.
En una moción no impugnada presentada ante un tribunal federal de Texas el jueves por la noche, el DoJ pidió que se levantara una suspensión en el caso “con el propósito de permitir que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia presente un aviso de desestimiento del procedimiento administrativo”.
No se proporcionó ninguna justificación para el desestimiento previsto, pero un juez indicó previamente que el DoJ podría no haber tenido la autoridad para perseguir las acusaciones contra SpaceX.
Musk, el DoJ y SpaceX no respondieron a las solicitudes de comentarios.
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Musk se ha convertido en el líder de facto del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), que está cancelando contratos y suspendiendo personal en varias agencias, incluidas aquellas que han investigado a SpaceX, Tesla y otras empresas. La Casa Blanca ha dicho que Musk se “excusará” de cualquier conflicto de intereses potencial.
Esta semana, Sean Duffy, el secretario de transporte, confirmó que los enviados de Doge estaban en la Administración Federal de Aviación, una agencia que había propuesto multar a SpaceX. Duffy dijo en una audiencia del Senado el mes pasado que, de ser confirmado, revisaría la multa propuesta de $633,000 para SpaceX por violar los requisitos de licencia de lanzamiento durante dos misiones en 2023.
Esta semana, un grupo ambiental de Texas retiró un caso separado contra SpaceX por presunta contaminación del agua en su sitio de lanzamiento cerca de Brownsville.