Resumen:
Maine se encuentra en el centro del debate por el dinero federal para la educación debido a su postura sobre atletas transgénero compitiendo contra chicas.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU. (OCR, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación dirigida hacia el Departamento de Educación de Maine (MDOE) tras alegaciones de que el estado continúa permitiendo a atletas transgénero competir en deportes femeninos y niega a las atletas femeninas acceso a instalaciones exclusivas para mujeres. La investigación se extiende al Distrito Escolar Administrativo de Maine #51 (MSAD #51), donde la Escuela Greely High School ha permitido que al menos una estudiante transgénero compita en categorías deportivas femeninas.
La investigación sigue a la reciente advertencia del Presidente Donald Trump en la cena de la Asociación de Gobernadores Republicanos de que Maine corre el riesgo de perder financiamiento federal si no cumple con las regulaciones de Título IX. El Título IX prohíbe la discriminación basada en el sexo en programas educativos financiados federalmente, y funcionarios de OCR sostienen que las políticas de Maine violan estas protecciones.
Craig Trainor, Secretario Asistente Interino de Derechos Civiles, enfatizó que el financiamiento federal está condicionado al cumplimiento de Título IX. “Si Maine quiere seguir recibiendo fondos federales del Departamento de Educación, debe cumplir con el Título IX. Si quiere renunciar a los fondos federales y seguir pisoteando los derechos de sus jóvenes atletas femeninas, esa también es su elección,” declaró Trainor. “OCR hará todo lo posible para asegurar que los contribuyentes no estén financiando violadores flagrantes de los derechos civiles.”
La Gobernadora de Maine, Janet Mills, respondió enérgicamente a la investigación, enmarcándola como una maniobra política y un exceso de poder ejecutivo. “Para mí, eso es fundamentalmente lo que está en juego aquí: el estado de derecho en nuestro país,” dijo en un comunicado.
“Ningún Presidente—Republicano o Demócrata—puede retener fondos federales autorizados y asignados por el Congreso y pagados por los contribuyentes de Maine en un intento de coerción para que alguien cumpla con su voluntad,” continuó Mills. “Es una violación de nuestra Constitución y de nuestras leyes, a las cuales juré cumplir.”
La Gobernadora Mills argumentó además que la investigación de Maine podría sentar un precedente peligroso, advirtiendo que la intromisión federal podría extenderse pronto más allá de los deportes. “Hoy, el Presidente de los Estados Unidos ha apuntado a un grupo particular en un tema específico que la ley de Maine ha abordado. Pero deben preguntarse: ¿a quién y qué apuntará después? ¿Será a ustedes? ¿Será por su raza o su religión? ¿Será porque lucen diferente o piensan diferente? ¿Dónde termina esto?”
El Procurador General de Maine, Aaron Frey, hizo eco de los sentimientos de Mills, prometiendo defender las políticas del estado. “Haremos todo lo posible para defender las leyes de Maine,” afirmó Frey, subrayando el compromiso del estado de proteger los derechos de los atletas transgénero.
La investigación sobre las políticas de Maine sigue al Decreto Ejecutivo del Presidente Trump del 5 de febrero, Mantener a los Hombres Fuera de los Deportes Femeninos, que dirige a las agencias federales a tomar “todas las medidas apropiadas para proteger las oportunidades atléticas exclusivas para mujeres” y ordena a los Estados Unidos “retirar todos los fondos de programas educativos que privan a mujeres y niñas de oportunidades deportivas justas” bajo el Título IX.
Maine no es el único estado bajo escrutinio. A principios de este mes, OCR anunció investigaciones hacia la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL) y la Federación Interscolar de California (CIF) por políticas similares que permiten a atletas transgénero competir en deportes femeninos. Funcionarios federales han señalado que más estados podrían enfrentar un escrutinio similar.
A medida que la batalla legal se desarrolla, el MDOE y el MSAD #51 estarán obligados a cooperar con la investigación de OCR y proporcionar documentación sobre sus políticas. El resultado de la investigación podría tener implicaciones significativas para el financiamiento educativo del estado y sentar un precedente sobre cómo se manejan las políticas de atletas transgénero a nivel nacional.