En su última acción ejecutiva, el presidente Donald Trump dirigió al Departamento de Educación a limitar la elegibilidad para el programa de condonación de préstamos de servicio público.
La orden, emitida el viernes por la noche, requeriría que el Departamento de Educación pase por un proceso complejo y largo conocido como elaboración de reglas negociadas, por lo que la directiva no cambia nada de inmediato. Y la secretaria de Educación, Linda McMahon, se comprometió en su audiencia de confirmación que el PSLF no será eliminado por completo, ya que “esa es la ley”. Sin embargo, los cambios podrían llevar a la negación de condonación de préstamos estudiantiles para miles de empleados de organizaciones sin fines de lucro.
La administración argumentó que la orden era un paso necesario para “restaurar el programa” y poner fin a la subvención de “actividades ilegales” como “inmigración ilegal, tráfico de personas, trata de niños, daños generalizados a la propiedad pública y perturbación del orden público.”
Pero los demócratas y los defensores del alivio de la deuda y la protección al consumidor dicen que es otro intento de utilizar al gobierno federal como arma y bloquear fondos para llegar a los servidores públicos en campos con los que el presidente tiene problemas.
“No se dejen engañar, la orden ejecutiva de hoy es flagrantemente ilegal”, dijo Mike Pierce, director ejecutivo del Centro de Protección de Deudores Estudiantiles, en un comunicado el viernes. “Es un ataque a las familias trabajadoras en todas partes y tendrá un efecto desalentador en nuestra fuerza laboral de servicio público que trabaja todos los días para apoyar a nuestras comunidades locales.”
Al igual que otras órdenes ejecutivas de Trump, es probable que esta directiva se enfrente a desafíos legales.
El Congreso creó el programa PSLF en 2007 con apoyo bipartidista bajo el mandato del ex presidente George W. Bush. Fue diseñado para incentivar a los estadounidenses a trabajar en el servicio público, prometiendo condonación de préstamos estudiantiles a miembros del personal del gobierno federal, estatal, local o tribal; civiles que trabajan en el ejército; y empleados de ciertas organizaciones sin fines de lucro después de hacer 10 años de pagos calificados en un plan de pago de préstamos federales aprobado.
Tradicionalmente, las organizaciones sin fines de lucro reconocidas han incluido servicios de gestión de emergencias y reducción del crimen, grupos legales de interés público y derechos civiles, e instituciones de salud pública y educación. Según datos de diciembre del Departamento de Educación, más de dos millones de prestatarios son elegibles para el programa, informó la Associated Press.
Pero acceder a los beneficios del programa no siempre ha sido fácil. En 2019, durante la primera administración de Trump, la Federación Estadounidense de Maestros demandó a la entonces secretaria de Educación, Betsy DeVos, alegando “mala gestión” del programa. Los datos mostraron que de las aproximadamente 76,000 solicitudes presentadas entre 2017 y la presentación de la demanda, solo alrededor del 1 por ciento habían sido aprobadas.
Aunque el departamento llegó a un acuerdo en el otoño de 2021 y se comprometió a reconsiderar cada solicitud que había sido denegada, cuando la primera administración de Trump abandonó el cargo, solo 7,000 estadounidenses habían recibido condonación. En comparación, la administración Biden priorizó hacer que el programa fuera más fácil de acceder y proporcionó más de $74 mil millones en alivio a más de un millón de prestatarios a lo largo de cuatro años.
Ahora, bajo las nuevas estipulaciones, menos prestatarios podrían ver alivio, según los defensores.
“El Programa PSLF ha desviado dólares de impuestos hacia organizaciones activistas que no solo no sirven al interés público, sino que realmente dañan nuestra seguridad nacional y valores estadounidenses, a veces a través de medios criminales”, dice la orden. “El Secretario de Educación deberá proponer revisiones… que garanticen que la definición de ‘servicio público’ excluya a organizaciones que participan en actividades que tienen un propósito ilegal sustancial.”
Según la orden, las actividades que descalificarían a una organización sin fines de lucro incluyen: ayudar o favorecer violaciones de leyes federales de inmigración, apoyar el terrorismo, participar en violencia con el propósito de obstruir la política federal, “la castración química y quirúrgica o mutilación de niños o el tráfico de niños a Estados santuario llamados ‘transgénero’ con el propósito de emancipación de sus padres legales”, y ayudar y favorecer la discriminación ilegal.
Aunque el presidente no lo dijo directamente, los expertos interpretan la orden como otro intento de desalentar el activismo y frenar los esfuerzos con los que Trump no está de acuerdo, como los relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión; la defensa LGBTQ+; la defensa pro bono para inmigrantes indocumentados; y la creación de un estado palestino.
El representante Tim Walberg, un republicano de Michigan y presidente del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara, elogió las intenciones del presidente en un comunicado, diciendo que él y otros republicanos tenían preocupaciones sobre la “naturaleza indefinida del PSLF”.
“Este dinero tiene que venir de alguna parte: los contribuyentes, muchos de los cuales nunca fueron a la universidad, están pagando por un programa que otorga cientos de miles de dólares en condonación a aquellos que ganan seis cifras”, dijo en el comunicado.
Walberg también relacionó los cambios en el PSLF con los esfuerzos de la administración para combatir el antisemitismo en los campus. “Los dólares federales no deberían financiar el antisemitismo”, dijo. “El presidente Trump está dando un paso al frente al evitar que estos activistas reciban ganancias en beneficios de condonación pagados por los contribuyentes.”
La senadora Patty Murray, una demócrata de Washington y ex presidenta del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, dice que Trump está “reteniendo los recursos que se deben a los trabajadores estadounidenses que trabajan duro”.
“El presidente Trump una vez más está tratando de usar su cargo para imponer sus opiniones políticas extremas al pueblo estadounidense al cortar el alivio prometido a las personas que han servido a nuestro país de maneras con las que él no está de acuerdo”, dijo. “Es tan escandaloso como antiamericano.”
Pero la administración Trump dice que la orden se trata de más que simplemente prevenir “actividades subvencionadas incorrectamente”. En su opinión, también se trata de limitar “incentivos perversos” para las instituciones de educación superior.
En lugar de aliviar la escasez de trabajadores, dijo el presidente, el PSLF anima a los colegios y universidades a aumentar el costo de la matrícula y cargar a los estudiantes en “carreras de baja demanda” con deudas “insostenibles”.
Ante eso, defensores del alivio de la deuda como el Centro de Crisis de Deuda Estudiantil dicen que “los trabajadores del servicio público son la columna vertebral de este país”.
“Esta orden ejecutiva es tanto ilegal como profundamente preocupante para todos los trabajadores sin fines de lucro”, dijo la presidenta de SDCC, Natalia Abrams, en un comunicado. “Los ataques políticos implacables a la educación y los programas existentes no son solo decisiones políticas: perturban las vidas y la estabilidad financiera de los estadounidenses con deudas estudiantiles y sus familias. Esto debe parar.”