Según un correo electrónico interno confirmado por The Educator’s Room, se instruyó al personal del Departamento de Educación de EE. UU. que desocupara sus oficinas antes de las 6 p. m. del martes. Todas las ubicaciones del departamento en Washington, D.C. y las oficinas regionales recibieron la orden de cerrar el miércoles.
El mensaje, enviado por James Hairfield de la Oficina de Seguridad, Instalaciones y Logística, citó “razones de seguridad” para el cierre. Se aconsejó a los empleados con acuerdos de teletrabajo aprobados que trabajaran desde casa y que llevaran sus computadoras portátiles con ellos al salir el martes.
“A los empleados no se les permitirá ingresar a ninguna instalación del ED el miércoles 12 de marzo, por ningún motivo”, indicaba el correo electrónico. Se espera que el departamento reabra el jueves, cuando se reanudará el trabajo presencial.
Incertidumbre en torno al futuro del Departamento
El cierre se produce después de informes de que Donald Trump ordenó a la nueva Secretaria de Educación, Linda McMahon, comenzar a desmantelar la agencia la semana pasada. Aunque el cronograma exacto sigue siendo incierto, la eliminación del departamento ha sido durante mucho tiempo una prioridad republicana, con el presidente abogando por devolver la supervisión educativa a los estados.
McMahon, confirmada por votación de 51-45 la semana pasada, señaló la intención de la administración en un correo electrónico al personal titulado “La última misión de nuestro departamento”, afirmando que trabajaría para “devolver la educación a los estados” y eliminar lo que llamó “exceso burocrático” a nivel federal. Sin embargo, desmantelar por completo el departamento requeriría la aprobación del Congreso, incluida una mayoría a prueba de obstrucción en el Senado, un prospecto poco probable dadas las divisiones políticas existentes.
Obstáculos en el Congreso para desmantelar la agencia
A pesar de la promesa de Trump de reducir la supervisión federal de la educación, abolir formalmente el Departamento de Educación requeriría la aprobación del Congreso. La propuesta enfrentaría desafíos significativos en el Senado, donde se necesitarían 60 votos para avanzar con dicho plan.