El ex presidente de la nación africana de Guinea fue encontrado culpable el miércoles de crímenes contra la humanidad por supervisar una masacre en un estadio y violaciones masivas de manifestantes pro democracia hace 15 años, un veredicto histórico esperado por sobrevivientes y familiares de las 150 personas que fueron asesinadas.
El juicio del ex presidente, el Capitán Moussa Dadis Camara, así como de otros 11 incluyendo el ex jefe de la guardia presidencial, ministros del gobierno y oficiales de seguridad, fue visto como una prueba para la región en responsabilizar a los gobernantes militares. Fue televisado en Guinea y seguido ávidamente por muchos de los 14 millones de ciudadanos del país.
El Capitán Camara fue condenado a 20 años de prisión, y el Teniente Aboubacar Diakité, el ex jefe de la guardia presidencial, fue condenado a 10. El juez encontró a otros seis acusados culpables y absolvió a cuatro, incluido un ex ministro de salud.
“Moussa Dadis Camara debería ser declarado culpable de crímenes contra la humanidad por responsabilidad de mando”, dijo Ibrahima Sory II Tounkara, el juez en el juicio, que se llevó a cabo en un tribunal construido para la ocasión en la capital, Conakry.
La masacre, que traumatizó a una generación de guineanos, ocurrió el 28 de septiembre de 2009, cuando los manifestantes pro democracia estaban celebrando una manifestación masiva en un estadio en Conakry contra el Capitán Camara, quien había tomado el poder en un golpe de Estado.
Se le acusó de supervisar la masacre, en la que cientos de fuerzas de seguridad irrumpieron en el estadio y abrieron fuego contra los manifestantes.
Además de los asesinados, cientos de personas resultaron heridas y al menos 109 mujeres fueron violadas o agredidas sexualmente, algunas con palos y bayonetas, según relatos de testigos y una investigación de las Naciones Unidas en 2009.
Los cuerpos de aquellos que intentaron huir o esconderse fueron encontrados esparcidos por el campo del estadio y alrededor de sus puertas, paredes y vestuarios.
Después, las fuerzas de seguridad intentaron encubrir la masacre, enterrando cuerpos en fosas comunes y sellando el estadio, según Human Rights Watch, que afirmó que los abusos del 28 de septiembre y después fueron premeditados y organizados, y constituyeron crímenes contra la humanidad.