Hay varias historias recientes sobre actos políticos que son ataques directos a cómo operan las instituciones de educación superior y que me preocupan porque carecen de precedentes contemporáneos.
Una historia es el movimiento del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, para nombrar partidarios explícitos en la Junta de Visitantes de la Universidad George Mason, creando, en palabras de tres profesores de George Mason que escriben aquí en Inside Higher Ed, “una transformación altamente politizada de la junta directiva”.
Este es el manual de instrucciones de Ron DeSantis al trastocar el New College of Florida al tomar una bola de demolición a la ética existente de la universidad que había sido el resultado de la colaboración entre profesores y estudiantes durante décadas y forzar a la institución a adoptar una imagen reflejo de las prioridades de DeSantis para combatir el llamado “wokeismo”.
Uno de los nombramientos de Youngkin es la autora de la parte educativa de Project 2025, el plan futuro para la próxima administración de Trump, que tiene la intención de privatizar la educación pública, lo que la convierte en una elección extraña como guardiana de una institución pública de educación superior.
En ambos casos, los gobernadores tienen la autoridad para nombrar a estas personas en las juntas. Sin embargo, como señalan los profesores de George Mason, es importante considerar la relación entre la junta y la institución. En el caso de Virginia, esas funciones han sido redefinidas por el actual fiscal general, por lo que la junta es “el vehículo a través del cual la Asamblea General ha elegido ejercer el control de la Commonwealth sobre sus colegios y universidades” (énfasis mío).
Los profesores de George Mason señalan que tener miembros de la Junta de Visitantes con afiliaciones políticas particulares no es algo nuevo para la universidad, y de hecho la Universidad George Mason se desempeñó bien cuando era supervisada por ex miembros de la administración Reagan interesados en asegurarse de que puntos de vista conservadores estuvieran presentes en la escuela sin restringir los derechos de los demás.
Pero consideren la brecha entre una junta dedicada a supervisar la salud y el bienestar de la institución y una dedicada específicamente a “controlar” la institución, aparentemente en nombre del principal ejecutivo del estado.
Supervisión y control son dos cosas muy diferentes.
El control es el objetivo de otra iniciativa en Florida, donde se requerirá que sus doce universidades públicas revisen cursos específicos en busca de “antisemitismo o sesgos anti-Israel”. Según un informe de Emma Pettit en The Chronicle, esto causó confusión en términos de responsabilidades y logística, lo que requirió un correo electrónico “aclaratorio” por parte del canciller del sistema, Ray Rodrigues.
No hay orientación sobre quién debería hacer la revisión, los criterios por los cuales se realizará la revisión o incluso qué sucederá si algún contenido incumple con la revisión. Si bien el antisemitismo es un problema real que las instituciones deben abordar cuando está presente, es difícil no ver esto como un ejemplo de una forma de acoso y un intento de intimidación destinado a hacer que los académicos que abordan temas del Medio Oriente en su trabajo teman ser castigados.
Estos son problemas que obviamente invocan los derechos individuales de los profesores a la libertad académica, pero también debemos verlos como intentos deliberados de perturbar el trabajo central de la institución en su conjunto. Estas no son simplemente inconveniencias burocráticas. Son erosionamientos literales del trabajo que las instituciones están destinadas a realizar.
Al escribir en Inside Higher Ed, Jeremy C. Young describe el “daño colateral” de este tipo de control político, que resultó en el cierre del Centro de Inclusión y Pertinencia en la Universidad Tecnológica de Utah, siguiendo la aprobación de una ley que “prohibía a las universidades ‘establecer o mantener una oficina, división, puesto de trabajo u otra unidad’ dedicada a la diversidad, equidad e inclusión”. Young menciona otros lugares que han cerrado preventivamente estos tipos de centros culturales por temor a incurrir en estas instrumentos de control legislativo.
Young señala que tras la aprobación de su ley, Utah “supuestamente sería diferente” y que los centros culturales como el de Utah Tech no se verían afectados. Resultó que no fue así.
La consecuencia obvia de estas leyes y sus efectos es hacer que las instituciones de educación superior sean menos acogedoras para ciertas categorías de estudiantes. Las acciones en las oficinas de estos gobernadores y legislaturas estatales sugieren que la interferencia y el control gubernamentales de este tipo serán una característica de la educación superior en al menos algunos estados en el futuro.
Sin duda, la resistencia de los profesores a imposiciones sobre sus derechos y autoridades será importante. También creo que es un error que las instituciones cierren programas que sirven a los estudiantes como estos centros culturales de manera preventiva o prematura. Si las escuelas creen que estos son beneficios para los estudiantes, deberían defenderlos en cada paso del camino.
Pero tengo la sensación de que, en última instancia, este tipo de control políticamente motivado de las instituciones tendrá que decidirse a través de la política. Las instituciones tendrán que presentar la prueba, y esto no debería ser difícil, porque es abrumadoramente cierto, de que merecen apoyo para sus misiones en conjunto con una supervisión adecuada, en lugar de estar sujetas a un control político arbitrario y partidista.