Comunicadores independientes condenan censura
HOY
El periodismo independiente condenó ayer la masacre de abril que dejó al menos 43 muertos —entre ellos el periodista Ángel Gahona en Bluefields, Caribe Sur—, decenas de heridos y desaparecidos, la que debe ser investigada por una comisión independiente al Estado que establezca la verdad para llevar a los responsables ante la justicia, de acuerdo con un pronunciamiento firmado por reporteros y directores de medios de comunicación.
El comunicado también condenó la destrucción de Radio Darío, en la ciudad de León, y la censura ilegal impuesta por Telcor contra 100% Noticias, Canal 12, Telenorte en la ciudad de Estelí, y otros medios de televisión que fueron censurados por informar la represión gubernamental de abril, la cual dejó decenas de muertos, lesionados, detenidos y desaparecidos.
El documento lo leyó Aníbal Toruño, director de Radio Darío, en León, la cual fue incendiada por turbas sandinistas en los primeros días de protestas antigubernamentales. Los comunicadores urgieron el respeto al derecho a la libertad de pensamiento e información, pero también dejan por escrito su rechazo a las agresiones a comunicadores, a las campañas de descrédito y responsabilizan al Estado por sus consecuencias.
“Reiteramos nuestro compromiso como periodistas profesionales, por la autorregulación ética, y la búsqueda de la verdad, divulgando información confirmada con base en un riguroso contraste de fuentes”, sostienen los periodistas.
Firmas
Entre los firmantes, se encuentran el director de La Prensa, Jaime Chamorro; su jefe de Redacción, Eduardo Enríquez; el propietario de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla; el director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, así como Miguel Mora, propietario del canal de noticias 100% Noticias, censurado por el Gobierno durante la crisis.
Las protestas contra el Gobierno iniciaron el 18 de abril pasado, cuando la ciudadanía se mostró inconforme en las calles contra la reforma a la seguridad social. Esas protestas fueron reprimidas por el régimen, a través de la Juventud Sandinista, los motorizados —de la estructura partidaria del Gobierno—, y ante la mirada pasiva de la Policía Nacional, a la que señalan de cómplice de las turbas.