La violación conyugal está prohibida en más de 100 países, incluido Gran Bretaña, que la criminalizó en 1991. Pero India sigue entre los tres docenas de países – junto con Pakistán, Afganistán y Arabia Saudita – donde la ley sigue en los libros. Se han presentado varias peticiones en los últimos años pidiendo la eliminación de la Sección 375 del Código Penal indio, que ha estado vigente desde 1860. La ley menciona varias “exenciones” – o situaciones en las que el sexo no es violación – y una de ellas es “por un hombre con su propia esposa” si ella no es menor. Los activistas dicen que tal argumento es inaceptable en los tiempos modernos y que el sexo forzado es violación, independientemente de quién lo cometa. Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han expresado preocupaciones sobre la negativa de India a criminalizar la violación conyugal. Pero el gobierno indio, grupos religiosos y activistas de los derechos de los hombres se han opuesto a cualquier plan para enmendar la ley, argumentando que el consentimiento para el sexo está “implícito” en el matrimonio y que una esposa no puede retractarse más tarde. Los tribunales han dado fallos contradictorios, a veces permitiendo que un esposo sea juzgado por violación, mientras que en otras ocasiones desestimando la petición. El caso llegó al Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Delhi en 2022 emitiera un veredicto dividido. El tribunal comenzó las audiencias en agosto.
