La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996 prohíbe a los no ciudadanos, que incluye a los inmigrantes ilegales, votar en elecciones federales. La sanción incluye un año de prisión, una multa y posiblemente la deportación. Cada estado debe usar un formulario de registro común que requiere a las personas confirmar que son ciudadanos de EE. UU., bajo pena de perjurio por reclamos falsos, pero no requiere prueba documental. “Ese primer paso de tener que marcar una casilla diciendo que eres ciudadano para registrarte para votar es un gran impedimento para los inmigrantes ilegales, ya que es muy arriesgado mentir”, dice Jasleen Singh, experta en votaciones en el think tank de política liberal Brennan Center for Justice. En muchos estados, los registros de votantes se cruzan con los servicios de ciudadanía e inmigración, certificados de defunción y registros postales para asegurarse de que las personas que no son ciudadanos, están muertas o viven fuera del estado no estén registradas para votar. “En las urnas, hay una lista de votantes elegibles, y si un no ciudadano se presenta, se le rechazará o se le dirá que emita un voto provisional que solo se aceptará si puede proporcionar prueba de ciudadanía”, dice el profesor Ronald Hayduk, experto en derechos de voto en la Universidad Estatal de San Francisco. Los no ciudadanos tampoco tienen permitido votar en elecciones a nivel estatal. Sin embargo, algunos municipios en California, Maryland, Vermont y Washington DC les permiten votar en ciertas elecciones locales, como para juntas escolares.
