CIDH pide al Estado de Nicaragua garantizar la vida de las personas

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

HOY

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Estado de Nicaragua garantizar la vida de su población, en el marco de la crisis sociopolítica que sufre este país y que ha dejado al menos 351 muertos desde el pasado 18 de abril.

“@CIDH toma conocimiento de represión violenta a las poblaciones de Masaya, Niquinohomo, Catarina, Diriomo y Diria (Pacífico), con heridos y detenidos. El Estado parece ignorar el diálogo. #Nicaragua debe garantizar la vida de las personas y respetar el debido proceso legal”, indicó Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, en un mensaje a través de Twitter.

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Ese organismo informó, además, que junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) se presentaron este domingo en la cárcel El Chipote y en Tribunales del Complejo Judicial de Managua para conocer el estado de los detenidos en el marco de las protestas.

“El acceso fue restringido en ambos sitios. Pedimos al Estado y a la Justicia nicarag ense acceder a situación jurídica de los presos”, agregó esa entidad.

Graves violaciones a los derechos humanos

La CIDH y organismos humanitarios nicaragüenses han responsabilizado al Gobierno de Daniel Ortega de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis, que deja ya al menos 351 muertos, según organismos humanitarios.

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Las violaciones incluyen “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno nicaragüense.

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Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.