El miércoles, un bufete de abogados de interés público amenazó con demandar al gobernador Gavin Newsom y a funcionarios estatales a menos que creen un sistema más justo de subsidios para los costos de las instalaciones escolares. Ese sistema debe ser tan equitativo como la Fórmula de Financiación del Control Local, la fórmula de hace una década para financiar los presupuestos operativos de las escuelas, exigió Public Advocates en una extensa carta.
En una conferencia de prensa anunciando su demanda, Public Advocates y miembros de la junta escolar, superintendentes y padres con edificios escolares decrepitos, inadecuados y poco saludables, acusaron que el programa de instalaciones escolares del estado discrimina a los distritos con bajos valores de propiedad. Afirmaron que los distritos con altos valores de propiedad acaparan la mayoría de los subsidios estatales para modernizar escuelas, mientras que los distritos pobres en propiedad que atienden a familias de bajos ingresos no pueden pagar bonos escolares locales para calificar para los subsidios estatales para construir instalaciones comparables.
“Es nuestro claro llamado a hacer esto bien”, dijo Gary Hardie, miembro de la junta escolar en Lynwood Unified en el condado de Los Ángeles. “No hemos resuelto nuestras necesidades de instalaciones, no porque no luchemos cada día por nuestros jóvenes, sino porque nos enfrentamos a políticas que nos impiden hacer lo mejor que podemos hacer por nuestra comunidad.”
Hardie es uno de los cuatro posibles demandantes en una demanda. Los otros son Building Healthy Communities – Monterey County, Inland Congregations United for Change y True North Organizing Network, que trabaja con familias en Tierras Tribales y la región más amplia de la Costa Norte.
En 1971, la Corte Suprema de California anuló el sistema de financiamiento escolar basado en impuestos a la propiedad local al considerarlo violatorio del derecho constitucional de los estudiantes de distritos de bajos recursos a tener una educación igualitaria. En la carta a Newsom, Public Advocates argumentó que el sistema actual de financiamiento de instalaciones escolares no es mejor que el sistema basado en impuestos a la propiedad que la corte rechazó en la decisión Serrano v. Priest.
“Estudio tras estudio ha reconocido el secreto a voces aquí: algunos distritos pueden construir piscinas y centros de artes escénicas, mientras que otros sufren techos con filtraciones y moho negro”, dijo John Affeldt, abogado principal y director de equidad educativa de Public Advocates. Citando un estudio de 2022 del Instituto de Políticas Públicas de California, dijo que los distritos de bajos recursos han recibido casi un 60% menos de financiamiento estatal para modernización que los distritos de altos recursos desde 1998.
“El diseño discriminatorio del sistema estatal de financiamiento de instalaciones no es casualidad”, dijo. “Ha sido intencionalmente incorporado en el sistema, y sus resultados dispares son totalmente previsibles.”
Hardie, nativo de Lynwood, calificó a su ciudad de “culturalmente rica” pero con recursos insuficientes como resultado de las políticas federales de segregación que dividieron a las comunidades negras y latinas de Lynwood con autopistas que disminuyeron el valor de la propiedad.
El superintendente de Lynwood, Gudiel Crosthwaite, dijo que esta semana el distrito de 12,000 estudiantes “tenía alrededor de 40 aulas con filtraciones debido a las lluvias, y el año pasado fueron 60 aulas diferentes.” Mientras otros distritos están modernizando laboratorios y teatros de artes escénicas, dijo que Lynwood se vio obligado a demoler el único auditorio importante de la ciudad debido a la condición del edificio. En el distrito, el 99% de los estudiantes son negros o hispanos, y el 94% son de familias de bajos ingresos.
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Lee más sobre la cobertura de EdSource sobre financiamiento, planificación y construcción de instalaciones escolares. Los distritos escolares de California dependen de bonos estatales y locales y de tarifas de desarrolladores para financiar las instalaciones. A medida que este financiamiento ha fluctuado con el tiempo, la investigación ha encontrado disparidades significativas en su capacidad para mantener instalaciones que satisfagan adecuadamente las necesidades de los estudiantes.
La carta de demanda de Public Advocates de 21 páginas coincide con el inicio de las negociaciones entre los líderes legislativos y la administración de Newsom sobre el tamaño y los detalles de un bono de instalaciones escolares para la boleta electoral de noviembre. Dos proyectos de ley deben ser conciliados. El proyecto de ley 247 de la Asamblea, presentado por el Asambleísta Al Muratsuchi, D-Torrance, propone un bono estatal de $14 mil millones para TK-12 y colegios comunitarios. El proyecto de ley 28 del Senado, presentado por el Senador Steven Glazer, D-Orinda, propone un bono de $15 mil millones que incluye financiamiento para UC y CSU.
Ningún proyecto de ley, en este momento, proporciona un desglose de financiamiento. Sin embargo, el AB 247 incluye un posible marco de reforma, con un sistema de puntos que favorece a los distritos de bajos recursos y bajos ingresos familiares con un subsidio estatal ligeramente mayor. Affeldt, de Public Advocates, desestima esto como insuficiente por no proporcionar suficiente financiamiento para abordar las marcadas disparidades en el sistema actual.
No hay mucha discrepancia en cuanto a la necesidad de un bono escolar estatal. El dinero del último bono escolar estatal, la Proposición 51 (2016), con $7 mil millones de apoyo estatal para K-12 y $2 mil millones para colegios comunitarios, se ha asignado, y alrededor de $2 mil millones en proyectos aprobados por el estado están en espera para la próxima ronda. También existe una demanda para eliminar el plomo en el agua escolar y proteger a las escuelas de los impactos del cambio climático a través de mejores sistemas de filtración de aire, protección contra inundaciones y mitigación del calor.
Bajo el programa estatal, los distritos aprueban bonos locales a través de impuestos a la propiedad, y el estado iguala el dinero a través de una emisión de bonos financiada por el estado pagada a través de impuestos estatales. Para nuevas construcciones, el estado divide el costo. Para proyectos de modernización —renovar instalaciones con al menos 25 años de antigüedad y aulas portátiles con al menos 20 años de antigüedad— el distrito paga el 40% y el estado el 60% del costo del proyecto.
Public Advocates está pidiendo abordar solo el programa de modernización, no la nueva construcción. Affeldt dijo que la garantía del 60% para todos los distritos, independientemente de su capacidad para recaudar mucho más dinero que los distritos pobres en propiedad, proporciona substancialmente más fondos de modernización por estudiante a los distritos de altos recursos.
El programa de instalaciones actual también incluye un programa de dificultades para distritos pequeños con tan poco valor impositivo que no pueden pagar un bono escolar. Sin embargo, los criterios de calificación actuales —un máximo de $5 millones de valor impositivo— son estrictos y no tienen en cuenta los altos costos de construcción en áreas remotas. El AB 247 elevaría el límite a $15 mil millones.
Entre 1998 y 2016, el estado proporcionó $42 mil millones de los $166 mil millones que los distritos escolares recaudaron para nueva construcción y modernización, según un informe de Jeff Vincent, quien codirige el Centro para Ciudades + Escuelas en la UC Berkeley y ha realizado una amplia investigación sobre el programa de instalaciones escolares y sus disparidades.
Los portavoces de Newsom y Muratsuchi no respondieron el miércoles a una solicitud de comentarios.
Quejas de larga data
Los problemas planteados por Public Advocates no son nuevos.
En 2016, el entonces gobernador Jerry Brown pidió cambios importantes en el programa de instalaciones, y se opuso a la medida cuando los distritos escolares y los grupos de construcción no llegaron a un compromiso. Brown quería concentrar la ayuda estatal en distritos de bajos ingresos y baja riqueza de propiedad y poner fin a la asignación de ayudas estatales en función del orden de llegada, lo que dijo favorecía a distritos ricos y grandes, como el Distrito Unificado de Los Ángeles, con grandes planificadores de instalaciones que pueden aplicar rápidamente. Los votantes aprobaron de todos modos la Proposición 51 de $9 mil millones ($7 mil millones para escuelas K-12 y $2 mil millones para colegios comunitarios).
En 2018, Vincent coescribió un estudio que documentó las disparidades entre los distritos en su capacidad para recaudar dinero a través de bonos locales. Encontró que los distritos con el valor impositivo más alto recaudaron más de tres veces la cantidad de ingresos por bonos por estudiante que los distritos con el valor impositivo más bajo por estudiante.
Con llamados a la reforma en aumento, Newsom tomó la causa al negociar un bono de $15 millones para la boleta electoral de marzo de 2020. Las negociaciones de último momento llevaron a concesiones. En lugar de ser primero en llegar, primero en ser servido, el bono estableció prioridades para la financiación estatal. Comenzaron con distritos que enfrentaban problemas críticos de salud y seguridad, como moho en escuelas o peligros sísmicos, distritos pequeños con dificultades financieras, escuelas que necesitan eliminación de plomo y distritos con sobrepoblación.
El acuerdo también estableció un sistema de clasificación que tomaba en cuenta la capacidad de los distritos escolares para financiar la construcción, medida por la capacidad de endeudamiento por estudiante y el porcentaje de estudiantes que son de bajos ingresos, en hogares de acogida, sin hogar y aprendices de inglés —la misma medida para recibir dinero extra del estado bajo la Fórmula de Financiación del Control Local. Según su total de puntos, los distritos podían calificar para un bono adicional del 1% al 5% de financiación estatal por encima del 60% de coincidencia para modernización y el 50% de coincidencia para nueva construcción.
Los cambios no se implementaron después de que los votantes rechazaron el bono 47% a 53%. Fue la primera derrota de un bono escolar estatal en más de 40 años. Algunos atribuyeron la pérdida a la ansiedad por Covid, cuyas infecciones estaban en las noticias; otros la atribuyeron a su desafortunado pero coincidente título —Proposición 13— y a la confusión con la iniciativa de recorte de impuestos de 1978.
En septiembre de 2020, después de que Newsom y los distritos escolares llegaron a un acuerdo sobre lo que se convertiría en la Proposición 13, Vincent le dijo a EdSource: “Los líderes estatales dieron el tan necesario primer paso al presentar un nuevo programa y una nueva fórmula de financiamiento ajustada por riqueza. Sin embargo, proporcionar a los distritos pobres unos puntos porcentuales más de financiación puede que no remedie las desigualdades que hemos visto. Será importante vigilar de cerca las cosas en los próximos años.”
Public Advocates y los demandantes dicen que ahora es el momento para el muy necesario segundo paso.
Si las negociaciones fracasan, una demanda en otoño podría complicar las posibilidades de aprobación, si no descarrilar, una medida de bono en noviembre. Sabiendo eso, Affeldt dijo: “Espero que la seria amenaza de litigio y la publicidad negativa que vendrá con eso hagan que todos los actores se den cuenta de que necesitamos una revisión más agresiva del sistema.”