Overall, the decision to adopt the co-location policy by the LAUSD school board has sparked controversy and debate among various stakeholders. While some see it as a necessary step to protect district schools and resources, others view it as discriminatory and harmful to charter schools and the students they serve.
It remains to be seen how this policy will play out in practice and what impact it will have on the educational landscape in Los Angeles. As the debate continues, it is clear that finding a balance between the needs of all students and schools will be a challenging and ongoing process.
La expansión de una escuela charter en múltiples campus puede tener efectos negativos, según los defensores de las charter, y la encuesta de la CCSA encontró específicamente que:
“89% (8/9) reportaron un impacto negativo en el personal debido a un campus dividido.”
“77% (7/9) reportaron un impacto negativo en la cultura escolar debido a un campus dividido.”
“66% (6/9) reportaron un impacto negativo en la inscripción de estudiantes y la capacidad de las familias para mantener el acceso a la escuela debido a un campus dividido.”
“66% (6/9) reportaron un impacto negativo en las finanzas escolares debido a un campus dividido.”
“55% (5/9) reportaron un impacto negativo en los programas o ofertas académicas disponibles para los estudiantes debido a un campus dividido.”
Mientras tanto, la presidenta de la junta de LAUSD, Jackie Goldberg, quien coautorizó la resolución inicial aprobada en septiembre, rechazó las afirmaciones de los defensores de las charter, insistiendo en que no estaba “quejándose de las charter” y no tenía la intención de “deshacer nada.”
“Esta resolución simplemente dice que si podemos deshacer algunos de los problemas que hemos creado, intentemos hacerlo a medida que avanzamos”, dijo Goldberg.
Por otro lado, Scott Schmerelson, vicepresidente de la junta escolar de LAUSD, quien votó a favor de la política, dijo que aunque ve la política como un paso adelante, también reconoce que algunos sienten que no es suficiente para proteger a los estudiantes más vulnerables del distrito.
“Te escucho, quiero decir que entiendo que sientes que no hemos hecho lo suficiente”, dijo. “Pero hemos progresado. Y por ahora, estoy dispuesto a decir que sí, aprobaremos esto, pero seguiremos manteniendo la conversación.”
Una carta publicada por Latham and Watkins LLP en nombre de la Asociación de Escuelas Charter de California, afirma que la política recién adoptada es ilegal y coloca al distrito en “un riesgo sustancial de litigio.”
“Al priorizar a los estudiantes de escuelas públicas que asisten a escuelas administradas por el distrito sobre los estudiantes de escuelas públicas que asisten a escuelas charter públicas, la política viola el mandato de la Proposición 39 de que ‘las instalaciones de las escuelas públicas deben ser compartidas equitativamente entre todos los alumnos de escuelas públicas, incluidos los de las charter’”, dice la carta.
Espero que al salir de este edificio hoy”, dijo Carvalho, “reconozcamos que al final del día, lo único que importa, lo único que debería importar… es lo que hacemos por los niños, cómo lo hacemos por los niños a pesar de nuestras posiciones como adultos.”