La Corte Suprema de México rechaza intento de limitar reforma judicial.

(Bloomberg) — La Corte Suprema de México rechazó una sentencia destinada a limitar el alcance de una reforma judicial aprobada por el Congreso, aliviando las preocupaciones de un enfrentamiento con la Presidenta Claudia Sheinbaum que corría el riesgo de desencadenar una crisis constitucional.

La decisión de rechazar el caso fue aprobada por unanimidad después de que la Corte Suprema no lograra obtener la mayoría necesaria para aprobar la sentencia.

La propuesta del magistrado Juan Luis González Alcántara buscaba defender la legalidad de las elecciones populares para los miembros de la Corte Suprema, uno de los objetivos clave de la reforma judicial. Pero la sentencia también buscaba declarar inconstitucional la elección rápida de los jueces federales del país, muchos de los cuales están programados para enfrentar una votación el próximo año.

Escrita en respuesta a varios desafíos a la reforma, la sentencia habría limitado el alcance de la reforma aprobada por los legisladores en septiembre. La Corte necesitaba ocho votos para aprobar la sentencia, pero solo siete de los once jueces de la Corte Suprema consideraron que los desafíos que apoyaban la propuesta de González Alcántara eran válidos.

Los jueces que votaron en contra de aprobar la propuesta argumentaron que discutir reformas o adiciones a la Constitución no está dentro del alcance de la Corte Suprema.

La jueza Yasmín Esquivel dijo que aprobar la propuesta de González Alcántara solo aumentaría el enfrentamiento entre los poderes judicial y legislativo. “Inevitablemente nos llevaría a la ruptura del equilibrio que debe existir entre la moderación judicial y el respeto a la división de poderes. La historia nos juzgará, no midamos fuerzas, seamos responsables.”

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“La propuesta de González Alcántara pretendía negociar, encontrar un punto intermedio, pero ante la negativa del gobierno, la Corte Suprema hizo un cálculo racional y prefirió tomar una decisión que cierre la posibilidad de una crisis constitucional”, dijo Juan Carlos Villarreal, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Sheinbaum ha acusado a González Alcántara y sus colegas de intentar reescribir leyes aprobadas por el Congreso, violando así la voluntad del pueblo mexicano, que le dio a su partido mayorías sólidas en ambas cámaras. También dijo que tenía un plan listo en caso de que la propuesta fuera aprobada.

“Hoy la corte se derrotó a sí misma, debido a una acción incorrecta y sesgada, y hoy el país se salva, el proceso continúa, y los jueces serán elegidos”, dijo el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña después de la decisión.

La reforma fue impulsada por el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, y aprobada durante su último mes en el cargo. Sus críticos —incluido el gobierno de EE. UU. e inversores extranjeros— argumentan que la elección de jueces pondrá en riesgo la democracia mexicana al dañar la independencia judicial y limitar los controles y equilibrios. López Obrador, y ahora Sheinbaum, han argumentado que la reforma busca frenar la corrupción en el poder judicial y garantizar el Estado de derecho.

La sentencia de González Alcántara respaldó muchos de los argumentos contra la reforma. Al fijar una primera tanda de elecciones judiciales para mediados de 2025 —antes de que finalicen los mandatos de muchos jueces actuales—, el Congreso violó la independencia del poder judicial y la separación constitucional de poderes, escribió.

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Los jueces federales, argumentó González Alcántara, deben permanecer en sus cargos durante sus mandatos completos y “solo pueden ser removidos a través de procedimientos disciplinarios o penales” claramente establecidos de antemano. El nuevo sistema para nominar candidatos judiciales no garantiza ni su independencia, ni los votos razonados y auténticos de los ciudadanos, agregó.

La decisión de la corte de no continuar con el desafío y la consolidación de las grandes mayorías del partido gobernante pueden llevar a México a un modelo centralista, en el que el poder se concentra en el presidente, dijo Villarreal.

Ese modelo representaría “un cambio de una democracia de consenso a una democracia de mayorías, en la que el conflicto aumenta inevitablemente”, dijo.

(Actualizado con comentarios de analistas en el séptimo párrafo y en el párrafo final.)

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