Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos responden al ataque a los derechos humanos y la “explotación de migrantes” por parte del gobierno de Nicaragua. Estas medidas afectan a numerosos funcionarios y empresas nicaragüenses.
El gobierno de Estados Unidos anunció el 15 de mayo de 2024 nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, a quien acusa de reprimir a la oposición y de explotar la migración para financiarse. Estas medidas incluyen restricciones a funcionarios y empresas nicaragüenses vinculadas al régimen, así como sanciones a entidades implicadas en actividades ilegales y violaciones de derechos humanos.
Sanciones por represión y manipulación del oro
Nicaragua está bajo sanciones estadounidenses desde 2018, cuando el gobierno de Ortega respondió con violencia a las protestas en su contra. Washington ha cuestionado la legitimidad de su reelección en 2021, destacando una serie de detenciones arbitrarias de opositores, muchos de los cuales fueron encarcelados, exiliados o despojados de su nacionalidad. La nueva tanda de sanciones se centra en las actividades ilegales del gobierno nicaragüense, incluyendo la manipulación del sector del oro y el tráfico de migrantes.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (RTC), al considerarlo un “actor clave” en la represión de la sociedad civil y en la detención injusta de personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., el RTC está involucrado en la represión de disidentes y en el control autoritario del gobierno de Ortega.
Empresas y funcionarios sancionados
Además de las restricciones a figuras políticas, EE. UU. ha sancionado a Compañía Minera Internacional (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas vinculadas al régimen de Ortega que se benefician de ingresos ilícitos derivados de la minería del oro. Estas sanciones buscan interrumpir las fuentes de financiamiento del gobierno nicaragüense.
El Departamento de Estado también ha emitido más de 250 restricciones de visa a funcionarios nicaragüenses, lo que se suma a las más de 1.000 restricciones impuestas en los últimos años a individuos ligados al régimen de Ortega.
Alertas sobre el tráfico de migrantes
En paralelo, el gobierno de EE. UU. ha emitido un aviso a la industria del transporte sobre el papel de los traficantes de personas en la facilitación de la migración ilegal hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses advierten a las empresas de transporte sobre las “medidas clave” que deben tomar para evitar ser cómplices en el tráfico de migrantes.
Una funcionaria del gobierno de EE. UU. calificó de “cínico” el comportamiento del régimen nicaragüense al vender visas falsas, con plazos de salida que no permiten la legalización de los migrantes, y destacó que las sanciones no están orientadas al turismo, sino a combatir el tráfico ilícito de personas.
Tensiones diplomáticas con Nicaragua
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua ha empeorado significativamente desde las controvertidas elecciones de 2021, que fueron marcadas por la persecución de rivales políticos de Ortega, quienes fueron encarcelados o exiliados. Estas nuevas sanciones refuerzan el compromiso de Estados Unidos en defender los derechos humanos y en presionar por un cambio en el régimen de Ortega.
Con esta medida, EE. UU. intensifica su postura contra el gobierno nicaragüense, en un contexto de creciente aislamiento internacional de Nicaragua.