La comunidad LGBTQ+ se reúne en solidaridad, oponiéndose a la prohibición de Social Studies Alive! en el Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley.
Crédito: Mallika Seshadri / EdSource
El Fiscal General de California, Rob Bonta, respalda formalmente una moción para evitar que el Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley implemente políticas que puedan censurar la instrucción sobre raza y género, así como aquellas que obliguen a los empleados a notificar a los padres si su hijo muestra signos de ser transgénero.
En agosto, Public Counsel, el bufete de abogados pro bono más grande del país, y Ballard Spahr LLP, presentaron un caso contra el Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley en nombre de sus padres, maestros, el sindicato de maestros y estudiantes. Una audiencia sobre la moción de una medida cautelar para bloquear a la junta de aplicar sus políticas mientras el caso avanza se llevará a cabo el 24 de enero.
El escrito de Bonta, en apoyo a los demandantes, marca la primera vez en la historia reciente que el estado interviene en litigios para frenar la censura ideológica en el aula, según la abogada supervisora del proyecto Oportunidad Bajo la Ley de Public Counsel, Amanda Mangaser Savage.
“El estado está reconociendo que este caso será un referente para los tribunales en todo el estado y, francamente, para los estados de todo el país en cuanto a lo que los consejos escolares pueden y no pueden hacer en las aulas”, dijo Mangaser Savage.
“Está claro bajo la ley que los consejos escolares no pueden restringir el acceso de los estudiantes a ideas sobre una base ideológica, pero eso es precisamente lo que está sucediendo”.
La demanda se produce después de que la mayoría conservadora de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley, elegida en noviembre de 2022, prohibiera la teoría crítica de la raza, retirara temporalmente el plan de estudios de estudios sociales Social Studies Alive! de los estantes debido a una mención del activista de derechos LGBTQ+ Harvey Milk en el material suplementario, despidiera a la ex superintendente Jodi McClay y aprobara una política que requeriría que los funcionarios escolares notifiquen a los padres si su hijo muestra signos de ser transgénero.
La junta escolar del Unificado de Temecula Valley ha recibido críticas de la comunidad, que presentó una campaña para destituir a sus tres miembros conservadores de la junta, y presentó suficientes firmas para avanzar en el proceso de destitución del presidente de la junta, Joseph Komrosky.
No es la primera vez que Bonta se opone a las políticas de notificación de transgénero que se están implementando en unos seis distritos de California. Anteriormente abrió una investigación de derechos civiles sobre la misma política implementada en el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley y calificó las medidas aprobadas por el Unificado de Temecula Valley como una “grave preocupación”.
“La participación del fiscal general simplemente resalta y enfatiza esa ilegalidad. Enfatiza la fuerza de las demandas legales que los estudiantes han presentado aquí”, dijo Mangaser Savage. “Por lo tanto, es muy alentador ver al fiscal general participar en esto y ciertamente se alinea con lo que entendemos que es su compromiso con escuelas seguras, inclusivas y equitativas”.
El escrito de Bonta específicamente establece que las “disposiciones de divulgación forzada” sobre estudiantes transgénero “violan el derecho constitucional estatal a la protección igualitaria y las protecciones estatutarias contra la discriminación”.
También afirma que la política de notificación de transgéneros vulnera el derecho a la privacidad de los estudiantes y discrimina a los “estudiantes transgénero y no conformes con el género por la divulgación forzada, y no a sus compañeros cisgénero”. Además, alega que la política se basa en estereotipos sociales desactualizados de que ser transgénero es una enfermedad mental.
El escrito de Bonta también alega que las políticas de la junta censuran materiales sobre raza y género y que censurar aspectos de un plan de estudios debe estar “razonablemente relacionado con preocupaciones educativas legítimas”, no basado en desacuerdos religiosos o filosóficos.
Los materiales censurados, según el escrito, podrían incluir discursos escritos por Martin Luther King Jr., importantes decisiones judiciales, discusión sobre el trato del gobierno de EE. UU. a los nativos americanos, estudio del movimiento de sufragio de las mujeres y la violencia policial contra los afroamericanos.
“Estos daños no se limitan a los estudiantes y maestros de Temecula, aunque son los más directa y significativamente afectados. Pero la amenaza aquí es para todo el sistema de educación pública en California”, dijo Mangaser Savage.
“Cuando se limita a los maestros a enseñar una historia precisa, cuando se retiran libros de las estanterías de las bibliotecas, cuando se censuran materiales que el estado ha determinado que es necesario para que sus estudiantes aprendan a ser participantes significativos en nuestra democracia… eso es profundamente problemático y representa una amenaza no solo para los estudiantes de Temecula nuevamente, sino para los estudiantes de todo el estado y para la salud de nuestra democracia en su conjunto.”