La Corte Suprema de Kenia ha aprobado el uso de la fuerza militar para restaurar el orden, luego de días de protestas contra impuestos que en algún momento superaron a la policía. Más de 20 personas han sido reportadas muertas en las protestas a nivel nacional, lideradas en gran parte por jóvenes opuestos a los planes del gobierno de aumentar los impuestos. Vehículos militares blindados patrullaron las calles de la capital, Nairobi, el jueves mientras la policía disparaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes habían amenazado con asaltar el palacio presidencial. Un juez dijo que el despliegue militar era crucial para proteger las instalaciones gubernamentales, pero dio a las autoridades dos días para aclarar cuánto tiempo duraría el despliegue, junto con sus reglas de compromiso. “Desplegar al ejército de manera generalizada sin definir su alcance de operación y la duración de su operación es una tendencia peligrosa que puede provocar la militarización del país”, dictaminó el juez Lawrence Mugambi. La Sociedad de Abogados de Kenia, que había presentado una petición ante el tribunal para ordenar al ejército que regresara a los cuarteles, dijo que “respeta pero no está de acuerdo” con la decisión. El presidente William Ruto cedió a la presión el miércoles y dijo que retiraría el proyecto de ley de finanzas que contiene las impopulares propuestas fiscales, un día después de que el parlamento fuera brevemente asaltado e incendiado por manifestantes enojados. Isaac Mwaura, el portavoz del gobierno, dijo al programa Newsday de la BBC que la retirada del proyecto de ley fue un “gran golpe” para el gobierno ya que dejó un “gran vacío” en el presupuesto. “Realmente es un gran revés”, dijo Mwaura, culpando a los kenianos “desinformados” por oponerse. “Hubo una campaña muy bien coreografiada, tanto a nivel local como internacional, para desinformar a la gente y crear una revuelta”, agregó. El proyecto de ley de finanzas tenía como objetivo aumentar los impuestos para ayudar a aliviar las cargas de deuda del país, según lo exigido por prestamistas como el Fondo Monetario Internacional. Muchos manifestantes dudan de si el presidente implementará las medidas de austeridad que anunció el miércoles. También se han enfurecido por informes de secuestros arbitrarios de manifestantes y la muerte de al menos 23 personas. Algunos ahora están pidiendo al presidente que dimita. Se ha acusado a agentes del Estado de secuestrar a cientos de personas vinculadas a las protestas. La Comisión Nacional de Kenia, financiada por el Estado, dijo que había ayudado a asegurar la liberación de más de 300 personas que habían sido “detenidas ilegalmente”. Pero Mwaura negó esto, diciendo que “elementos criminales que querían un golpe de Estado” habían intentado aprovecharse de las protestas pacíficas.
