El Partido Liberal Nacional (LNP) – que ganó las elecciones estatales en octubre – hizo de las reglas el sello distintivo de su campaña, diciendo que ponían los “derechos de las víctimas” por delante de “los derechos de los criminales”. “Estas leyes son para todos los que alguna vez se han sentido inseguros y han sido víctimas de la delincuencia juvenil en todo nuestro estado”, dijo el primer ministro David Crisafulli después de que el parlamento aprobara el proyecto de ley el jueves. A medida que se acercaba la votación, ambos lados de la política habían afirmado que Queensland estaba en medio de una ola de delincuencia juvenil, y que era necesaria un enfoque más punitivo para combatir el problema. Pero los datos de la Oficina de Estadísticas de Australia muestran que la delincuencia juvenil se ha reducido a la mitad en Queensland en los últimos 14 años, que alcanzó su tasa más baja en la historia registrada en 2022, y se ha mantenido relativamente estable desde entonces. Las cifras del Servicio de Policía de Queensland y del Instituto Australiano de Criminología también muestran una clara tendencia a la baja. Apodadas por el gobierno como “crimen de adultos, tiempo de adultos”, las nuevas leyes enumeran 13 delitos que ahora estarán sujetos a penas de prisión más duras cuando sean cometidos por jóvenes, incluida la detención obligatoria de por vida por asesinato, con un período mínimo de 20 años sin posibilidad de libertad condicional. Anteriormente, la pena máxima para los jóvenes condenados por asesinato era de 10 años de cárcel, y la cadena perpetua solo se consideraba si el crimen era “particularmente atroz”. Las leyes también eliminan las disposiciones de “detención como último recurso” – que favorecen las órdenes no privativas de libertad, como multas o servicios comunitarios, para los niños en lugar de la encarcelación – y permitirán a los jueces considerar todo el historial criminal de un niño al dictar sentencia. El Sindicato de la Policía de Queensland ha calificado los cambios como “un gran avance en la dirección correcta”, mientras que la nueva fiscal general de Queensland, Deb Frecklington, dice que dará a los tribunales la capacidad de “abordar mejor los patrones delictivos” y “responsabilizar a las personas por sus acciones”. Pero en un resumen, Frecklington también señaló que los cambios están en conflicto directo con las normas internacionales, que los niños indígenas se verán afectados de manera desproporcionada y que es probable que más jóvenes sean retenidos en celdas policiales durante períodos prolongados porque los centros de detención están llenos. Queensland ya tiene más niños en detención que cualquier otro estado o territorio australiano. El primer ministro Crisafulli dijo el jueves que, aunque puede haber “presión a corto plazo”, su gobierno tiene un plan a largo plazo para “entregar una serie de otras instalaciones de detención y diferentes opciones”. La comisionada de niños de Australia, Anne Hollonds, describió los cambios como una “vergüenza internacional”. También acusó al gobierno de Queensland de “ignorar evidencia” que sugiere que “cuanto más joven es un niño cuando entra en contacto con el sistema de justicia, más probable es que continúe cometiendo delitos más graves”. “El hecho de que las disposiciones [del proyecto de ley] estén dirigidas a nuestros niños más vulnerables hace que esta retirada de los derechos humanos sea aún más impactante”, dijo en un comunicado el miércoles. Otros expertos legales, que declararon en una audiencia parlamentaria sobre el proyecto de ley la semana pasada, dijeron que las leyes podrían tener consecuencias no deseadas para las víctimas, ya que es menos probable que los niños se declaren culpables dadas las penas más duras, lo que resultaría en más juicios y mayores demoras en los tribunales.
