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Donald Trump se postuló para presidente en gran parte prometiendo que deportaría a millones de inmigrantes indocumentados, y ahora, educadores y defensores de la inmigración están preocupados de que pueda poner en riesgo a los estudiantes de escuelas públicas y sus familias de ser blanco de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Trump está considerando revocar una regla que en gran medida impide que ICE realice arrestos en lugares considerados sensibles como escuelas e iglesias, informó NBC News en diciembre. La administración de Obama creó la regla en 2011 y ha estado en vigencia desde entonces, incluso durante la primera administración de Trump. (La decisión de la Corte Suprema de 1982 en el caso Plyler v. Doe, que establece que todos los niños tienen derecho a recibir educación pública independientemente de su estatus migratorio, seguiría en pie).
Incluso si no hay un esfuerzo generalizado para permitir que ICE entre a las escuelas, los defensores siguen preocupados de que el miedo a los funcionarios de inmigración en las escuelas pueda tener un efecto perjudicial en las comunidades de inmigrantes.
Cualquier ley federal anularía las políticas que un distrito escolar o localidad tenga en vigor, y la nueva administración ya ha amenazado a los estados liderados por demócratas que han dicho que no cumplirán con las políticas federales de inmigración. Sin embargo, algunos administradores escolares están tomando medidas para anticipar cualquier cambio que la administración de Trump pueda hacer, incluyendo reafirmar sus políticas de larga data contra la entrada de ICE a sus escuelas y capacitar a los maestros sobre los derechos que tienen los estudiantes y sus familias.
En Palm Springs, California, la junta escolar aprobó en diciembre una resolución que reafirmó su compromiso de proporcionar educación a todos los estudiantes independientemente de su estatus migratorio, así como de prohibir que los agentes de inmigración entren a las escuelas sin pasar primero por los canales legales adecuados.
“Queríamos señalar a las familias que… vamos a hacer todo lo posible para mantenerlos seguros, y pueden estar seguros de venir a la escuela”, dijo Tony Signoret, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, a HuffPost.
Signoret no sabe cuánto del discurso de Trump es solo fanfarronería, pero quería tranquilizar a los padres que podrían estar temerosos o escuchar rumores sobre arrestos de ICE en las escuelas. El distrito escolar solo requiere un certificado de nacimiento para colocar al niño en el grado correcto, una verificación de dirección para asegurarse de que el estudiante esté en el distrito correcto, y vacunas requeridas por el estado.
“Si un oficial de ICE viniera con una citación para registros, se la daríamos, pero no hay información sobre la ciudadanía”, dijo Signoret. “Eso es lo que queremos que sepan los padres.”
A medida que crece la aprehensión, muchas escuelas en todo el país se comprometen a mantener seguros a sus estudiantes y comunidades emitiendo resoluciones que prohíben a las escuelas proporcionar información a ICE sin pasar por los canales adecuados, como obtener una orden firmada por un juez, lo que podría ser un proceso largo.
“Si eres un estudiante indocumentado o una familia indocumentada, nos ocuparemos de ti”, dijo el miembro de la junta escolar de las Escuelas Públicas de Denver, Scott Esserman, en una reunión poco después de las elecciones. “Esa es nuestra responsabilidad; estamos aquí para hacerlo. Creo que es importante que escuchen eso.”
En Wilkinsburg, Pennsylvania, la junta escolar aprobó una resolución en diciembre que establece que las escuelas no pueden proporcionar información a ICE sin pasar primero por la oficina del superintendente. Y la semana pasada en Portland, Oregon, la junta escolar reafirmó su compromiso de mantener a ICE fuera de las escuelas. “Seamos claros: esta resolución no se trata de política”, dijo el miembro de la junta Gary Hollands. “Se trata de hacer lo correcto.”
Sin embargo, algunos estados rojos han indicado que pueden estar más dispuestos a trabajar con la administración de Trump.
El mes pasado, Ryan Walters, superintendente de instrucción pública de Oklahoma, anunció una regla propuesta para permitir que el Departamento de Educación del estado recopile datos sobre inmigrantes indocumentados. Afirma que el estado necesita estos datos para asignar adecuadamente fondos y dice que no se utilizarían para enfocarse en los estudiantes, pero Walters ha estado acercándose a Trump desde hace años y ha culpado erróneamente a los inmigrantes de los diversos problemas que enfrentan las escuelas públicas de Oklahoma.
Los expertos en inmigración son escépticos de que Trump quiera el espectáculo mediático de que el personal de ICE opere en una escuela pública.
En 2017, los oficiales de ICE en Los Ángeles arrestaron a un hombre poco después de que se alejara de la escuela intermedia donde acababa de dejar a su hija de 12 años (quien capturó el arresto en video). El incidente causó un efecto dominó, asustando a las familias y obligando a las escuelas a realizar una asamblea informando a los estudiantes qué hacer si algún miembro de su familia fuera detenido por ICE.
“No creo que quieran esa imagen de sacar a un niño llorando o a un padre de una escuela en las noticias de las seis”, dijo Julie Sugarman, analista de educación del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista que se centra en datos y análisis, a HuffPost.
Pero el miedo a ser blanco de ataques podría causar pánico generalizado, y los defensores y educadores se preocupan de que algunas familias dejen de enviar a sus hijos a la escuela porque tienen miedo de ser arrestados.
“Están muy preocupados por el problema de que los niños no vengan a la escuela”, dijo Sugarman. “Hay una preocupación de que los niños ni siquiera estén inscritos.”
“La desestabilización parece ser parte del juego”, agregó.
Y para todos los estudiantes, indocumentados o no, el discurso político y los temores intensificados pueden hacer que la escuela sea más desafiante.
“Eso es otra cosa de la que los educadores están preocupados: la distracción en nuestras escuelas y cómo resta importancia a lo académico”, dijo Sugarman.
En 2010, Arizona aprobó una legislación que se conoció como la ley “Papeles, por favor”, porque permitía que las autoridades preguntaran sobre el estatus migratorio de una persona durante los encuentros. La ley nunca se implementó por completo y sigue en un limbo legal hasta el día de hoy, pero el miedo a las redadas migratorias hizo que los inmigrantes indocumentados y sus familias sintieran aprensión por salir en público.
Un estudio de 2011 de la Universidad de Arizona encontró que la legislación contribuyó a una disminución en la inscripción en algunas escuelas públicas, lo que a su vez llevó a recortes de empleos y menos fondos, y un aumento en problemas de salud relacionados con el estrés para los niños con familias inmigrantes.
“No creo que nuestros hijos, incluso si sus familias apoyan leyes de inmigración más estrictas, quieran ver a ICE en nuestras escuelas”, dijo Signoret.
Independientemente de lo que esté por venir, dijo que él y otros educadores están comprometidos a hacer lo que puedan para proteger a los estudiantes.
“Es una papa caliente política”, dijo, “pero tenemos que salir y decirles a nuestros estudiantes que estamos aquí para mantenerlos seguros.”
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