La Universidad Johns Hopkins y el Instituto de Tecnología de California acordaron resolver una demanda federal por antimonopolio que alegaba que 17 instituciones adineradas, conocidas como el Grupo de Presidentes 568, coludieron ilegalmente en fórmulas de ayuda financiera y cobraron de más a los estudiantes durante años.
El viernes pasado, JHU llegó a un acuerdo por $18.5 millones y Caltech por $16.7 millones, según documentos judiciales. Ambas fueron adiciones más recientes al grupo, que se estableció en 1998. Johns Hopkins se unió en noviembre de 2021 y Caltech en 2019.
La demanda colectiva se presentó en enero de 2022 e inicialmente implicaba a Caltech junto con las Universidades de Brown, Columbia, Cornell, Duke, Emory, Georgetown, Northwestern, Rice, Vanderbilt y Yale; el Colegio Dartmouth; el Instituto de Tecnología de Massachusetts; y las Universidades de Chicago, Notre Dame y Pensilvania.
La Universidad Johns Hopkins fue añadida a la demanda en marzo de 2022.
Después de la presentación judicial del viernes, 12 de las 17 instituciones han llegado a un acuerdo. En total, los montos de los acuerdos suman casi $320 millones. Vanderbilt tuvo el acuerdo más grande: $55 millones.
Los cinco acusados restantes en la demanda, Cornell, Georgetown, MIT, Notre Dame y Pensilvania, han negado haber actuado mal y continúan luchando contra el caso de antimonopolio en la corte. El nombre del Grupo de Presidentes 568 hace referencia a una excepción en la ley federal que permitía a las instituciones miembro discutir fórmulas de ayuda financiera con inmunidad de las leyes federales antimonopolio debido a su estatus de admisión sin considerar la capacidad económica. El Congreso creó esa excepción después de un escándalo de fijación de precios en 1991 que involucró a todas las ocho universidades de la Ivy League y al MIT.
La excepción legislativa expiró en 2022 y el grupo se disolvió posteriormente.
Sin embargo, los demandantes han argumentado que los acusados sí consideraron las circunstancias financieras y tomaron decisiones basadas en la riqueza familiar y la historia o capacidad de donación, a menudo admitiendo a estudiantes en “listas de interés especial” con expedientes académicos inferiores en comparación con el resto de las clases aceptadas.