Inspectores generales afectados recibieron correos electrónicos del director de personal presidencial durante la noche del viernes informándoles que “debido a cambios de prioridades, su posición como inspector general… ha sido terminada, efectiva inmediatamente”, según CBS News, el socio de la BBC en Estados Unidos.
El grupo de vigilantes despedidos incluye al inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y al inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas, dijo CBS.
Según el New York Times, circulaban listas competidoras de vigilantes despedidos. Se dice que los vigilantes de los departamentos de agricultura, comercio, defensa, educación, vivienda y desarrollo urbano, interior, trabajo, transporte y asuntos de veteranos, así como la Agencia de Protección Ambiental, fueron considerados.
El Congreso creó inspectores generales después del escándalo de Watergate, como parte de una ola de reformas destinadas a frenar la corrupción, el desperdicio y el fraude. Los vigilantes independientes, que trabajan dentro de las agencias federales pero no están controlados por el jefe de esas agencias, están destinados a servir como una protección contra la mala gestión y el abuso de poder.
Aunque son nombrados por el presidente, se espera que sean no partidistas.
Los despidos pueden estar en violación de una ley que requiere que la Casa Blanca dé al Congreso un aviso de 30 días e información específica sobre el caso antes de despedir a un inspector general federal.
Hannibal Ware, el inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas y jefe de un consejo de los vigilantes en las agencias, envió una carta a Sergio Gor, jefe de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca sugiriendo que los despidos eran inválidos.
“Recomiendo que se comunique con la Casa Blanca sobre su curso de acción previsto”, escribió Ware. “En este momento, no creemos que las acciones tomadas sean legalmente suficientes para despedir a inspectores generales designados por el presidente y confirmados por el Senado”.
Los demócratas criticaron rápidamente al presidente por la decisión.
Schumer dijo que la medida era un “adelanto del enfoque ilegal” que Trump y su administración estaban tomando.
Gerry Connolly, un demócrata de Virginia y miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara, calificó los despidos como un “golpe de estado de viernes por la noche” y un “ataque a la transparencia y la rendición de cuentas”.
Algunos legisladores republicanos, incluidos el senador Chuck Grassley de Iowa y la senadora Susan Collins de Maine, también expresaron preocupación por la purga.
“No entiendo por qué uno despediría a personas cuya misión es descubrir el desperdicio, el fraude y el abuso”, dijo Collins en el Capitolio el sábado. “No lo entiendo”.