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Thames Water está actualmente gastando £15 millones al mes en abogados y otros asesores y la factura final por una reestructuración podría superar los £200 millones, según el director financiero de la compañía, quien lo reveló en el alto tribunal de Londres.
Alastair Cochran reveló la cuantiosa factura el martes durante una crucial audiencia en el alto tribunal, en la que la mayor empresa de agua de Gran Bretaña busca la aprobación para obtener hasta £3 mil millones en préstamos de acreedores para evitar una inminente crisis de efectivo.
Cochran estimó que el monto total gastado en asesores para finalizar el préstamo planificado de los acreedores, que incluyen fondos de cobertura estadounidenses como Elliott Management, estaría en el rango de £100 a £120 millones.
Thames Water ha dicho que el préstamo de emergencia planificado de sus acreedores senior es un puente necesario hacia una reestructuración más amplia, que le dará tiempo para recaudar capital de nuevos inversores y renegociar sus deudas.
Según Thames Water, sin el préstamo, se quedará sin efectivo el 24 de marzo y corre el riesgo de caer en el régimen especial de administración del gobierno, una forma de renacionalización temporal. Este proceso permitiría que los servicios sigan funcionando mientras la deuda se congela antes de una potencial reestructuración y venta del negocio, o una nacionalización completa.
Cochran dijo que Thames Water podría gastar otros £90 millones en honorarios antes de acordar una reestructuración más completa a finales de este año, lo que llevaría la factura total a hasta £210 millones.
Informó al tribunal que estos números de honorarios también incluían “costos razonables” que Thames Water estaba cubriendo para sus acreedores, pero que “la mayor parte de esos honorarios han sido nuestros propios honorarios legales”. El Financial Times informó el año pasado que Thames Water había pronosticado que gastaría £100 millones solo en “costos de participación de asesores de acreedores” para septiembre de 2025.
El bufete de abogados de Magic Circle, Linklaters, está asesorando a Thames Water, mientras que el banco de inversión Rothschild & Co supervisa un proceso destinado a recaudar capital. Los bufetes de abogados estadounidenses Akin y Quinn Emanuel están asesorando a los grupos rivales de acreedores senior y junior respectivamente.
Los acreedores de clase B de menor rango, que incluyen la firma de inversión crediticia Polus Capital Management, buscan impugnar el préstamo propuesto de los acreedores de clase A de mayor rango, alegando que la empresa no ha considerado adecuadamente su oferta rival de un préstamo a un costo menor y con términos menos restrictivos.
Cochran también dijo al tribunal que esperaba que la factura total de intereses de la empresa ascendiera a £800 a £900 millones el próximo año, incluidos los costos del nuevo préstamo de sus prestamistas de clase A. Este préstamo propuesto lleva una alta tasa de interés anual del 9.75 por ciento, así como otros cargos a los prestamistas.
Negó que los costos adicionales del nuevo préstamo fueran sufragados por los clientes de Thames Water, diciendo que cualquier costo por encima de lo permitido por el regulador del agua, Ofwat, sería asumido por sus acreedores o nuevos inversores de capital.
El director financiero confirmó las cifras mientras era interrogado por William Day, un abogado que actúa en nombre del diputado liberal demócrata Charlie Maynard, a quien el tribunal ha permitido hablar en interés público y de los consumidores. Maynard señaló en una presentación escrita al tribunal que alrededor de un tercio de las facturas de los clientes de Thames Water ya se destinaban a pagar la deuda de la empresa.
Maynard escribió que el “curso mejor y más justo” sería que Thames Water entrara en administración especial.
Cochran dijo que Thames Water creía que era del “mejor interés” tanto de sus clientes como de sus acreedores evitar una administración especial, pero agregó que la empresa “no lo haría a cualquier costo”.
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