Los Estados Unidos no son miembros de la CPI y han rechazado repetidamente cualquier jurisdicción por parte del cuerpo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses. La orden dice que las recientes acciones de la CPI “establecen un peligroso precedente” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posibles arrestos”. “Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de los Estados Unidos y socava el trabajo crítico de seguridad nacional y política exterior del gobierno de los Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden. La Casa Blanca acusa a la CPI con sede en La Haya de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamas e Israel al emitir las órdenes de arresto para los líderes israelíes y un comandante de Hamas al mismo tiempo, según una hoja informativa circulada por la Casa Blanca anteriormente. La Casa Blanca cree que la CPI está poniendo restricciones al derecho de autodefensa de Israel, mientras acusa al cuerpo de ignorar a Irán y a los grupos anti-Israelíes. Trump ha criticado repetidamente a la CPI y tomó varias medidas para sancionar al cuerpo durante su primer mandato en el cargo. En ese momento, también impuso sanciones a funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán. La orden permitió a los Estados Unidos bloquear los activos de los empleados de la CPI y evitar que ingresen a los Estados Unidos. En respuesta, la CPI dijo que las sanciones eran un “intento inaceptable de interferir con el estado de derecho”. Fundada en 2002, después de la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, la CPI fue creada para investigar supuestas atrocidades. El tribunal solo puede ocuparse de delitos cometidos después de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, que formó la CPI. Más de 120 países han ratificado el estatuto, mientras que otros 34 lo han firmado y pueden ratificarlo en el futuro. Ni los Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La orden establece que “ambas naciones son democracias prósperas con militares que cumplen estrictamente con las leyes de la guerra”. La CPI es un tribunal de último recurso y está destinado a intervenir solo cuando las autoridades nacionales no puedan o no quieran procesarlos.
